El centenario semanario británico ‘The Economist’, publicación de referencia del mundo político democrático, elabora un ranking que mide el nivel de democracia en los distintos estados. El rigor de los criterios empleados y la objetividad del análisis lo convierten en una referencia obligada para valorar la calidad de la democracia en un país determinado. En 2019, España estaba en el puesto 16 y era una de las 21 democracias consideradas plenas. Tres años después, estamos en el puesto 24 y hemos salido del primer nivel para pasar al segundo, el de las democracias defectuosas. El principal motivo de ese peligroso descenso ha sido el relativo a la erosión de la independencia judicial por la existencia de divisiones políticas profundas a la hora de elegir a los más altos cargos judiciales.

En ese contexto, nada de extraño tiene que en el tercer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España, hecho público a mediados de julio, se formulen también advertencias a nuestro país en relación con diversas cuestiones: el intolerable bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el inaceptable sistema de designación del mismo y la estrecha relación del Gobierno con el Ministerio Fiscal, que suscita interrogantes serios sobre la verdadera autonomía de esta última institución.

Llueve sobre mojado y no parece que el Gobierno tenga la menor intención de asumir las directrices europeas, sino más bien de hacer lo contrario de lo que con buen criterio nos sugiere. Tres hechos recientes confirman la escasa voluntad gubernamental de corregir los problemas de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía del Ministerio Fiscal.

En primer lugar, el Gobierno se niega a modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ para adaptarlo a las directrices europeas. Según ellas, al menos la mitad de los vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial deben ser elegidos por los propios jueces. Se trata de evitar la politización partidista de este órgano. Es cierto que el informe advierte que el CGPJ debe ser renovado de inmediato, pero también que a continuación se debe modificar el sistema. Realmente, para evitar las nefastas consecuencias del sistema actual lo ideal sería reformar el sistema antes de proceder a su renovación, pero la Comisión no ha querido presionar más a España y ha formulado esa propuesta de compromiso.

En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado una reforma legal que podría incurrir en arbitrariedad al obligar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar antes del 13 de septiembre dos magistrados del Tribunal Constitucional con la única finalidad de que así el Ejecutivo pueda nombrar también a los otros dos que le corresponden a él. No lo hace con la intención de evitar la parálisis jurisdiccional porque, incomprensiblemente, y por ello arbitrariamente, sigue prohibiendo al CGPJ efectuar cualquier otro tipo de nombramientos. Esto último provoca retrasos y daños notables al funcionamiento de la Justicia: el Tribunal Supremo ha dejado de resolver mil asuntos al año (el 25%) porque, de sus 81 plazas, 14 están vacantes y no pueden ser cubiertas por la prohibición legal adoptada.

En tercer lugar, la dimisión de la muy controvertida fiscal general del Estado, diputada del PSOE y ministra de Justicia antes de acceder al cargo, no ha servido para situar al frente de la institución a un fiscal de acreditado prestigio, situado en los primeros puestos en el escalafón y de acreditada independencia política. Al contrario, el sucesor de Dolores Delgado es su ‘mano derecha’ y un hombre de la absoluta confianza del Gobierno. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el diseño normativo de la institución. El nombramiento del fiscal general por el Gobierno viene exigido por la Constitución y solo en raras ocasiones los distintos ejecutivos han nombrado a juristas independientes. Así ocurrió, por ejemplo, con Carlos Granados, elegido por un Gobierno socialista, o con Eduardo Torres Dulce, designado por uno del Partido Popular. En la mayoría de las ocasiones, los gobiernos han optado por personas con un perfil político definido y ello es lo que nos reprocha el informe de la Comisión Europea.

En este escenario, España no es una democracia plena porque los partidos políticos influyen de una u otra suerte en el sistema de promoción y en los ascensos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. El ascenso a la máxima categoría profesional -sea como magistrado del Supremo o como fiscal de Sala de ese mismo Tribunal Supremo- no depende de los méritos personales, del buen ejercicio de la profesión, de las publicaciones realizadas, etc., sino del hecho de contar con el respaldo de los vocales necesarios en el CGPJ o simplemente del apoyo y de la confianza del fiscal general. Los mejores son, en muchos casos, preteridos por razones exclusivamente políticas. Y esto es lo que explica nuestro descenso en el ranking de las democracias.