Las declaraciones de Pedro Sánchez ante las solicitudes de indultos a los condenados por el ‘procés’, previas a la publicación del informe de la Sala de lo Penal del Supremo, abocan al Gobierno a concederlos. El ejercicio de una política pretendidamente «valiente», en palabras de su jefe de gabinete Iván Redondo ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso, no permite marchas atrás. El presidente Sánchez quiso contraprogramar al Supremo, para disponer a la opinión pública y especialmente a las bases socialistas a aceptar una decisión controvertida.
Lo significativo es que se apele a la «concordia» en términos de estrategia política, y en ningún caso a la situación personal que atraviesan -individualmente- los condenados presos. De modo que las posibilidades de indulto quedan deshumanizadas, porque prima la discusión sobre si servirían para desinflamar el ‘conflicto con Cataluña’ o acabarían envalentonando al secesionismo.
El independentismo catalán está cautivo de sí mismo. No a pesar de sus desavenencias internas, sino precisamente porque prevalece el marcaje mutuo entre sus partidos y grupos de presión. Un mecanismo que realza su carácter exclusivista y excluyente, y que siempre concede ventaja a la posición más extrema. Por eso, ni los condenados han solicitado el indulto, ni quienes presentaron las solicitudes pudieron hacerlo en su nombre.
Por eso Pere Aragonés y ERC no están en condiciones de dar un parecer claramente favorable a los indultos, comprometiendo a cambio efectos positivos en las relaciones entre las instituciones de la Generalitat y las restantes del Estado constitucional. Basta con que ayer el preso Jordi Cuixart declarase que él «volvería a hacerlo», o que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, considerara arriesgado para el independentismo aceptar de buen grado los indultos, para que el conjunto de los secesionistas respondan a la «concordia» propuesta por Sánchez devaluando su jugada. Nadie se atreve a declarar que no incurrirá en lo mismo.
Las dificultades a las que se enfrenta la «valentía» de La Moncloa se incrementarán porque, a pesar de que la Fiscalía y el Tribunal Supremo hayan tendido a desechar los indultos a bulto, el Gobierno deberá decretar medidas de gracia parciales para doce condenados que no se arrepienten de sus actos, pero que muestran un cuadro diferenciado en su disposición a atenerse a la legalidad en la defensa de sus ideas y aspiraciones. Lo que ahondará sus diferencias.
Estos días se está equiparado la «valentía» de Pedro Sánchez a la audacia con la que José Luis Rodríguez Zapatero habría emprendido la negociación con ETA. Dando por supuesto que la banda armada dejó de existir gracias al riesgo asumido por el expresidente, en un reduccionismo interesado de lo acontecido aquellos días. También la pandemia cesará, y es muy probable que cese el rupturismo independentista. Pero ni lo uno ni lo otro podrán atribuirse a la acción de gobierno de Sánchez, sin más, aunque él se los atribuya por adelantado.