Kepa Aulestia-El Correo
Es inadmisible que la ‘autoridad única’ se vuelva contradictoria cada día
El Congreso de los Diputados prorrogó ayer el estado de alarma, después de que el presidente Sánchez anunciase que a su conclusión se verá obligado a añadir otras dos semanas de autoridad suprema. El desarrollo del pleno parlamentario mostró una de las causas de la gobernación imperante por el coronavirus: las carencias que presenta el Gobierno se quedan en nada ante las dobleces de la oposición. Muchos ciudadanos se alegran de que sea Pedro Sánchez quien está al timón ante la pandemia, y no cualquiera de sus contrincantes. La otra causa de la gobernación imperante está en el propio confinamiento, que acalla quejas y restringe las protestas al ámbito del hogar.
La pretensión de diferir las críticas socava las bases de una sociedad abierta. Encarándose con Pablo Casado y Santiago Abascal, Pedro Sánchez se hizo valer ayer. Pero ni la cantinela de una epidemia imprevisible blinda al Gobierno ante los reproches que merece. El más grave es el recuento a la baja de los fallecimientos; de las muertes de mayores en las residencias. El Ejecutivo Sánchez se escuda tras la escrupulosidad de los óbitos testados, tras el pudoroso sistema del Registro Civil, y tras el hecho de que las competencias al respecto son autonómicas. Pero el estado de alarma confiere al Gobierno central atribuciones que debía haber empleado ya hace cuatro semanas en la previsión y seguimiento de la letalidad en las residencias de mayores.
Pedro Sánchez tiene que ofrecer una suma verosímil de las personas fallecidas por el Covid-19, sin guarecerse en una limitación de test que obedece a carencias y a decisiones de la Administración. El Gobierno dice hacerse eco de los criterios de la ciencia y de los expertos para argumentar sus decisiones, mientras que científicos y especialistas en nómina del Estado alegan que las resoluciones últimas no son suyas. Ayer el presidente Sánchez se refirió incluso a las divergencias entre los científicos para explicar las dificultades de su desempeño. Como si el escepticismo propio de la ciencia se convirtiera en recurso de autoridad gubernamental.
A estas alturas resulta obligado que toda referencia política a la existencia de una recomendación experta lleve anexo un informe rubricado por esos especialistas que hasta ahora parecen anónimos, cuando no inexistentes. Es comprensible que el Gobierno albergue dudas a la hora de «desescalar» el confinamiento. Pero es inadmisible que sus integrantes añadan confusión a una sociedad ya desconcertada. Sobre el alcance de los test serológicos, sobre el uso de mascarillas, o sobre las etapas del ‘desconfinamiento’. Es paradójico que la ‘autoridad única’ emanada del estado de alarma se vuelva diversa y contradictoria cada día.