En su último libro antes de fallecer, Tony Judt venía a recordar cómo el gauchismo libertario del Mayo francés con una mano pintarrajeaba aquello de «Prohibido prohibir» y con la otra esgrimía el ‘Libro Rojo’ de Mao como ritual de su fascinación fanática por quien había provocado un genocidio en China y en aquellos momentos estaba desencadenando una terrorífica persecución bajo la artera invocación a la ‘revolución cultural’.

Es lamentable que una parte demasiado grande de la izquierda parezca incapaz de librarse de ese estrabismo moral que le lleva a sentir admiración por regímenes, líderes y sistemas que encuentra aceptables, e incluso deseables para otros, pero que no toleraría ni un minuto si fueran ellos los que los sufrieran. Latinoamérica y el socialismo del siglo XXI, además de la Cuba castrista, claro está, han sido el banco de pruebas preferido para esa izquierda siempre benévola con el autoritarismo en todos sus grados con tal de que que pudiera motejarlo de progresista, a ser posible sacando a pasear al malvado neoliberalismo. En el inigualable retrato de Carlos Rangel, para esa izquierda no ha habido solución de continuidad entre el buen salvaje y el buen revolucionario. Pero la autocomplacencia, el sentirse siempre en el lado bueno de la historia, tienen estas cosas.

Hoy en día, en la medida en que Maduro no cotiza y Cuba no despierta las emociones que levantaba Fidel, esa descompensación se despliega en terrenos más domésticos. Por ejemplo, es curioso que mientras en Estados Unidos tenía lugar la audiencia de la candidata a magistrada del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett, nominada para el puesto por Donald Trump, en España el Gobierno -porque es el Gobierno y no el dúo Lastra-Echenique- registraba una iniciativa para la elección a la medida de su mayoría de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Trump se había atenido escrupulosamente a sus prerrogativas constitucionales al proponer a Amy Barrett ya que en Estados Unidos no existe ese concepto de interinidad «en funciones» que nos resulta tan familiar, y ni siquiera ha habido elecciones aún. Los presidentes hasta que no abandonan la Casa Blanca lo son en plenitud de sus potestades, lo que, pongamos por caso, les permite mantener la costumbre de despedirse con generosos indultos de los que también se suelen beneficiar amigos y próximos que a lo largo de los años de presidencia han tenido algún resbalón con la Justicia. Aquí, lejos de atenerse a las potestades establecidas en la Constitución y el bloque de constitucionalidad, el Gobierno se dispone a cambiarlas a su pura conveniencia.

En Estados Unidos se discute la oportunidad de que Trump cubra ahora esta plaza en el Supremo, pero aquí lo que se pone en cuestión -una cuestión bastante clara- es la constitucionalidad de la proposición de ley. Una constitucionalidad que tiende a cero. Trump suscita dudas sobre su adhesión a las reglas del juego democrático, pero no se la ha oído dirigirse al Partido Demócrata en forma de maldición con aquello de «ustedes no volverán a gobernar» que tanto gusta a Pablo Iglesias espetar al PP. La candidata Amy Barrett ha sido sometida al interrogatorio de senadores demócratas y republicanos durante horas, se ha traído a colación hasta una declaración sobre el aborto que firmó en una ocasión a la salida de misa. Se le ha preguntado por sus opiniones personales, sus creencias religiosas -ella es católica practicante-, sus trabajos académicos, su relación con Trump, su opinión sobre los principales contenciosos sobre los que habrá de pronunciarse el Supremo… Aquí el único argumento de defensa de una maniobra antidemocrática e inconstitucional -perdón por la redundancia- es una cínica apelación al castigo que merece al PP por no pactar hasta ahora los nuevos nombramientos del Consejo.

Incluso si fuera cierto, sería una estúpida patada al PP en el trasero de la democracia, y digo bien trasero porque un Estado de Derecho se asienta precisamente sobre una Justicia independiente. Pero si la apología del Gobierno quiere ir por esa vía, entonces habrá que recordar que fue Sánchez, antes incluso de que Pablo Casado llegara a la presidencia del PP, quien se comprometió -hágase un esfuerzo para no reír al ver unidas «Sánchez» y «promesa»- a despolitizar la elección del Consejo y que fueran los jueces quienes eligieran a los jueces.

Todo autoproclamado progresista lleva en sí un implacable fiscal de las deficiencias ajenas. Esta vez la doble vara de medir es demasiado evidente y bien contentos que están los polacos del PiS de que la torpeza de unos y la pulsión autoritaria de otros sean tan visibles. Uno entiende bien que Unidas Podemos haga cosas como esta y más que hará si puede. Lo que no se entiende tanto es que el Partido Socialista -¿hay alguien ahí?- no se dé cuenta o tal vez no le importen los precedentes que está sentando y las responsabilidades que está contrayendo.