SANTIAGO GONZÁLEZ – EL MUNDO
· Es difícil no mostrarse de acuerdo con las palabras del presidente del Gobierno en su comparecencia de ayer sin preguntas. Todas sus afirmaciones sobre el imperio de ley, su afirmación axiomática de que lo que no es legal no es democrático, la obligación de los gobernantes de cumplir y hacer cumplir la ley y defender las instituciones democráticas. Cada vez que uno ha tenido que pronunciarse sobre estas cuestiones lo ha hecho en el mismo sentido que ayer lo hizo Rajoy. Algo tarde, pero más vale eso que nunca.
Sin embargo, y a pesar de que su comparecencia fue larga, se echaba algo en falta. Algo que puso la Fiscalía: el anuncio de una querella criminal o varias para defender la legalidad y el Estado de Derecho. Contra los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la autodenominada Ley del Referéndum y la que interpondrá contra Puigdemont y sus consejeros sincopados por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum.
Lo que uno encuentra más positivo en el anuncio del fiscal general, de acuerdo con el fiscal superior de Cataluña y los de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, van a pedir a la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos) que investiguen todas las actuaciones de esa tropa y de los delitos que pudieran haber perpetrado: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. A ver si esta vez se logra.
Recuerden el proceso en el que se condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación por haber organizado la mascarada del 9-N de 2014. Fue absuelto de prevaricación y ni siquiera se le acusó del tercer delito que forzosamente debió cometerse durante aquella performance: la malversación de dinero público que habría comportado una condena de cárcel para el ex presidente de la Generalidad.
Da la impresión de que a José Manuel Maza lo han puesto ahí para que ponga orden en este disparate y su primera actuación abona la confianza en el Estado. Veremos si la integración de los Mossos d’Esquadra con la Guardia Civil y la Policía Nacional en calidad de policía judicial se produce con normalidad y sin resistencias.
Y otro tanto con los alcaldes: la batería de recursos e impugnaciones anunciadas y la notificación de las mismas al presidente de la Generalidad, a sus consejeros y a los 947 alcaldes de Cataluña tienen contrapunto. El honorable Puigdemont, ¡impresionante oxímoron!, ha enviado a esos mismos alcaldes una carta en la que les comunica que para el 1-O va a contar con los mismos colegios electorales que en las elecciones de 2015 y les apremia para que en el plazo de 48 horas le comuniquen la disponibilidad de los locales (o su rebeldía).
¿Hay razones para pensar que los 947 alcaldes catalanes van a guardar la ley y hacerla guardar, o más bien que van a constituirse en cómplices de la secesión? Pues depende de a quién tengan más miedo: si al Estado o a la cuadrilla de frikis que impulsa el esperpento de la secesión, no es más que eso. Quedan ya lejos los tiempos, siete años, en que el entonces vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba sentenció a los controladores aéreos con una frase: «El que echa un pulso al Estado, pierde».
Luego está lo de los nuestros, su incapacidad para una foto conjunta de los tres dirigentes constitucionalistas. El secretario general del PSOE explicaba ayer que lo vivido la víspera era «el coste del no diálogo». Mientras, Inés Arrimadas, que había hecho un buen discurso el miércoles en el parlamento autonómico, deslizó la ocurrencia de plantear una moción de censura contra el presidente, iniciativa forzosamente melancólica y condenada a perder frente a Junts pel Sí y la CUP. ¿O cree que los antisistema romperían su acuerdo con los nacionalistas para votarla a ella? En fin, hay algo que no acaba de inspirar confianza.
SANTIAGO GONZÁLEZ – EL MUNDO