Pandemia mediante, todo el escenario de enero ha cambiado por completo en junio. Y la mesa de diálogo intergubernamental entre Moncloa y el Palau Sant Jaume ya no es la clave de bóveda de la sostenibilidad gubernamental. Lo es el Presupuesto de 2021, al que los republicanos de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián llegan en unas condiciones políticas muy poco favorables, reñidos con Sánchez y rebotados por la alteración del espectro de fuerzas progubernamentales en el Congreso y en puertas de unas elecciones autonómicas.

La pandemia ha sido muy dura en Cataluña —casi como en Madrid—, el desencuentro entre los partidos independentistas es completo y no parece reversible en el corto plazo, Joaquim Torra será seguramente inhabilitado por la Sala Segunda del Supremo tras la vista oral de su recurso de casación el próximo 17 de septiembre, las elecciones catalanas son mucho más que probables en otoño y este sábado se presenta una nueva fuerza política con posibilidades de entrar en el Parlamento de la Ciutadela (Partido Nacionalista de Catalunya).

La mesa de diálogo —difusa, ambigua, abierta a cualquier interpretación sobre sus contenidos y objetivos— es una necesidad perentoria para ERC, pero no ya para el PSOE. Los republicanos tratan de demostrar que sientan al Gobierno de España, de igual a igual, con la Generalitat, y tal logro tiene vocación de activo electoral. Para el Gobierno, la convocatoria de la mesa con Joaquim Torra no es una prioridad, porque los votos de ERC en el Congreso los ha sustituido por los 10 de Ciudadanos y la cauta abstención de EH Bildu, contando siempre con la colaboración permanente del PNV. Acaso, también, con una no descartable abstención del PP a las cuentas públicas.

Por otra parte, Joaquim Torra y Carles Puigdemont solo desean la convocatoria de la mesa de diálogo para plantear crudamente y sin anestesia la autodeterminación de Cataluña y la amnistía para los dirigentes del proceso soberanista condenados por el Supremo el pasado 14 de octubre. Y añaden una condición adicional que ya fue destructiva e inaceptable para los socialistas: un relator, a poder ser internacional, para vigilar el desarrollo de los debates y los eventuales acuerdos de la mesa.

Joaquim Torra, que intenta por todos los medios hacer notar la autoridad de la que le dota la presidencia de la Generalitat, ha convocado unilateralmente a los partidos independentistas para concretar una estrategia de diálogo con el Gobierno para el caso de que el encuentro se celebre en el mes de julio, siempre después de las elecciones de Galicia y País Vasco. El dirigente catalán quiere un cierre de filas secesionista que, sin embargo, no es posible. Ya se vio que no lo era en una cuestión sensible: la votación del suplicatorio de Laura Borràs, portavoz de JxCAT en el Congreso y política muy próxima al presidente de la Generalitat y al hombre de Waterloo. Los diputados de ERC y los de EH Bildu no participaron en la votación.

Puede que haya mesa, incluso es probable que la haya. Pero será una mesa para practicar la autopsia al proceso soberanista y constatar que el Gobierno no puede —y se supone que tampoco quiere— plantear un proceso constituyente que comportaría un referéndum de autodeterminación y la amnistía a los presos catalanes. Si la delegación secesionista pretende un orden del día de ese calibre, y añade la incorporación de un relator, el Gobierno no lo aceptaría, entre otras cosas, porque si lo hiciera la interlocución saltaría por los aires.

La Moncloa aseguró que en la mesa de diálogo con la Generalitat no se abordarían ni la negociación de los Presupuestos ni medidas que libren del cumplimiento de las penas a los dirigentes sediciosos del otoño catalán de 2017, sea mediante una reforma del actual Código Penal con efectos retroactivos favorables a los reos, sea mediante una amnistía que se considera inconstitucional, sea con indultos que deben ser solicitados expresamente, informados por el tribunal sentenciador, acordados por el Consejo de Ministros —normalmente parciales— y formalizados por real decreto que tendría que firmar el Rey.

En las actuales condiciones económicas, políticas y sociales, de España en su conjunto y de Cataluña en particular, la convocatoria de la mesa Gobierno-Generalitat, si se produce, será una teatralización política de escaso recorrido y muy de tono menor. Y si no se convoca —como también es posible—, implicará una ruptura mayor de la que ya existe entre el PSOE y ERC. Cabe una tercera alternativa: reunión de trámite, sin Sánchez y sin Torra, para dar una patada a seguir. Pero la cuestión seguirá siendo la misma: esa mesa está llamada a examinar las vísceras de un proceso soberanista periclitado, la reformulación de sus objetivos en el marco jurídico constitucional con reformas al alcance de la mayoría gubernamental y acreditar que los planteamientos independentistas unilaterales son inviables. El ‘procés’ —se mire desde la perspectiva que se mire, incluso desde la observación de sus propios protagonistas— ha fenecido y la mesa será para su autopsia, no para su resucitación.