Hoy hace 40 años, Julio había ido al colegio a por sus dos hijos mayores, de 8 y 6 años. Bajaban dicharacheros por la avenida de San Adrián. Estaban a punto de entrar al portal cuando un joven etarra se acerca y dispara a la cabeza de Julio Sánchez, que cae desplomado sobre la acera. Su hijo mayor se tira al suelo y abraza a su padre gritando: «¡Mi aita, mi aita!». El etarra se fuga en un coche robado horas antes, donde hay dos miembros más del talde. Del bar colindante sale José, el dueño, con varios parroquianos y, abrazando a los chiquillos, se los llevan al interior del bar a consolarlos. Los conocen, son cuatro hermanos del barrio.

Leonor, la mujer de Julio, ha oído el disparo y asomada a la ventana grita: «¡Mi marido, noooo!». Baja atropelladamente hecha un bosque de nervios y abraza a su Julio recién abatido y con pulso todavía. Una mujer que pasaba por allí le hace ejercicios de reanimación y, unos minutos más tarde, la ambulancia se lo lleva a Basurto. Falleció nada más llegar.

Julio trabajaba en la oficina de Indautxu de la Policía Nacional. No solía llevar uniforme, pero había sido visto alguna vez en San Mamés con su indumentaria profesional. El chivateo, una vez más, se puso en marcha y esos tentáculos conectaron con la cúpula del comando Bizkaia, que fue el que asesinó a Julio. En 2002, Julián Achurra Egurola, alias ‘Pototo’, fue juzgado y condenado tras ser temporalmente extraditado de Francia. Pero no fue quien disparó. Hubo dos demandas de extradición para los otros dos sospechosos pero se denegaron por defectos de forma.

También la justicia española cometía graves errores: esos sumarios cerrados cuando apenas estaba la fase de instrucción echando a andar, esa desgana forense de no recoger pruebas biológicas… la desidia, en fin, que dio lugar a que muchas víctimas de muchos crímenes desconfiaran de las investigaciones judiciales y de que se hiciera justicia por sus familiares asesinados.

Hace dos semanas Sara Buesa, en la Cátedra de Derechos Humanos, nos hablaba de la necesidad de lo reparable, que es bien poco, porque romper una vida no tiene arreglo, pero que el derecho a saber qué sucedió, quién, por qué… es al menos una buena señal y añadía que «(…) quizás, allá donde la justicia no pueda alcanzar, la verdad podría aportar cierta reparación. La responsabilidad penal puede prescribir, pero el derecho a la verdad no prescribe nunca».

Leonor tenía 29 años y toda la vida para disfrutarla junto a Julio, pero el fascismo vasco le cortó de raíz su proyecto. De hecho, aun siendo bilbaína de toda la vida, recogió la casa, a sus cuatro joyas y se marchó a Salamanca, de donde era Julio. ¿Dónde estuvimos todos nosotros y nuestras instituciones, que les dimos la espalda y solo sintieron el frío gélido de un exilio obligado, como si el crimen lo hubieran cometido ellos? Vuelvo con las palabras de Sara Buesa: «De los años tan terribles que vivimos, de lo que nos pasó, yo destacaría la profunda deshumanización y la falta de empatía extrema. Ahora, la esperanza para el futuro de nuestra sociedad está en recorrer el camino inverso, el camino de la rehumanización. Y estoy convencida de que la brújula para guiarnos en ese camino es la compasión».

Añadía que esa compasión significa sostener una mirada crítica a lo que suced e alrededor, una sensibilidad elevada y abrirnos para poder conectar con el sufrimiento, así como comprometernos y actuar frente a lo injusto e intentar aliviar el dolor de quienes más sufren. Lo suscribo todo.

Un par de ideas más: toda esta historia ha sido verdad, ha sucedido. Los asesinos de cientos de ciudadanos están en carteles de fiestas y murales esparcidos por Euskadi. Pero sus víctimas no están. Nuestra chavalería debe conocer todo esto, porque conocerlo no impedirá su repetición, pero desconocerlo la facilitará.