EL MUNDO – 31/05/14
· Se abordaría mediante un pacto con el PSOE cuando se haya resuelto la cuestión del liderazgo dentro del partido
· El objetivo es lograr un gran consenso para dar un nuevo impulso político y resolver el problema de Cataluña
· El presidente de la CEOE, Juan Rosell, respalda este cambio «para que no haya vencedores ni vencidos»
Pasadas las elecciones europeas, el debate catalán vuelve a florecer en los círculos del poder político y económico. El Gobierno mantiene impávido su discurso oficial de cara a la galería, pero en los despachos ministeriales ya hay quienes trabajan con la vista puesta en el 9 de noviembre y en el día después. No se descarta la vía de la reforma constitucional, previa negociación para fijar bien los contornos de la misma y, en cualquier caso, en el horizonte de final de la legislatura.
Al menos cuatro ministros le dan vueltas al problema. Dos de ellos incluso preparan informes sobre el hipotético alcance, nacional, internacional y jurídico de una reforma de la Carta Magna.
Se trata de analizar si esa vía es la más adecuada para solventar algunos de los problemas del país y ganar impulso político, «no para hacer un traje a la medida de Cataluña, aunque algunas de sus demandas, convenientemente moduladas, deberían encontrar un nuevo encaje», según explica uno de los ministros concernidos, que apunta la necesidad «evidente» de contar con el consenso del PSOE.
En la reforma debería incluirse también la sucesión de la Corona y la redefinición del Senado. La primera de estas cuestiones implica una reforma agravada que requiere la disolución de las Cámaras, algo que se haría en su caso coincidiendo lógicamente con el fin del actual mandato.
Quien así habla insiste en que tarde o temprano habrá que sentarse a dialogar con Artur Mas y, como quiera que se ha dejado pasar demasiado tiempo, lo más probable es que esa mesa de negociación no se constituya ya hasta después del 9 de noviembre, cuando la Generalitat haya constatado que no es posible sacar las urnas para hacer una consulta que el Tribunal Constitucional declarará flagrantemente ilegal.
Rajoy, en consecuencia, seguirá impasible ante las voces que piden, aquí y ahora, que cite a Artur Mas en la Moncloa y también a las que dan un paso más y apuestan por abrir ya la revisión de la Carta Magna.
La estrategia, en boca de un miembro del Gobierno, pasa por dejar pasar el tiempo sin mover un músculo –«salvo que previamente la Generalitat acceda a retirar la consulta»–y aguardar a que Mas se enfrente cara a cara con la realidad y, sobre todo, con ERC y la ANC, los dos motores más potentes del independentismo.
Entretanto, se da tiempo para que empiece a clarificarse el nuevo liderazgo en el PSOE. Este punto se ve esencial porque en el Ejecutivo están convencidos de la necesidad de trabar un consenso con el primer partido de la oposición para resolver la cuestión catalana. Si finalmente es Susana Díaz la elegida, habrá satisfacción en Moncloa porque no albergan dudas respecto a su posición respecto a este tema.En el Gobierno, además, están seguros de que CiU no activará el referéndum en contra de la ley. Cuando esto suceda, añade, habrá llegado el momento de llamar al president a La Moncloa.
Llamada
Se iniciará entonces un diálogo con él que debería girar en torno a tres ejes: «Financiación, para incluir el principio de ordinalidad; inversiones públicas y cuestiones lingüísticas». En todo caso, los tres temas serían «relativizados», explica la fuente, por el Gobierno. Es decir, se partiría de la base de que «Cataluña es la segunda comunidad en nivel de inversiones; que el principio de solidaridad y cohesión entre territorios debe quedar salvaguardado y que el castellano es lengua oficial y mayoritaria en el Estado y no puede ser relegada». Todos los miembros del Ejecutivo consultados insisten en el mensaje que reiteradamente, y con toda contundencia, trasladan el presidente y la vicepresidenta: el referéndum no se celebrará.
Ayer mismo, Sáenz de Santamaría, insistió en que «Mas sabe cuál es la opinión del Gobierno». No obstante, volvió a recordarle al president «su compromiso con la legalidad». «Cualquiera», añadió, «puede encontrar el diálogo con el Gobierno en el marco del respeto a la Constitución y a las leyes; pero fuera de ahí, nadie». Y en cuanto a la posibilidad de reformar la Constitución: «La divergencia de pareceres pone el primer obstáculo. No hay un principio de acuerdo. Lo que pido es rigor».
Y desde el Ministerio de Exteriores apostillan: «Hacer la consulta en contra de la Constitución, a la vista del resto del mundo, nos situaría en el mismo supuesto de ilegalidad que el de Crimea». En el Palacio de Santa Cruz cuentan las inumerables ocasiones en las que desde las cancillerías europeas se han emitido mensajes de preocupación en relación con el problema catalán. En las últimas semanas han sido especialmente intensos desde el Reino Unido donde se vive con preocupación creciente el margen cada vez más estrecho que ofrecen las encuestas entre los partidarios y los detractores de la independencia escocesa.
«Ellos ya no pueden dar marcha atrás», explican en medios diplomáticos, «y nos aconsejan que frenemos la deriva insistiendo en los graves problemas a los que se enfrentaría una Cataluña secesionista fuera de la UE y al margen de la ONU.
EL MUNDO – 31/05/14