MIENTRAS NOS TOMAN EL PELO…

MIENTRAS el presidente en funciones rebusca en el diccionario eufemismos que insultan nuestra inteligencia a fin de brindar a Pablo Iglesias una coartada con la que tapar su rendición incondicional en la investidura, el Supremo aborda una sentencia determinante para la nación española. La llamada a calificar los gravísimos hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017 en Cataluña y dictar las correspondientes penas, a ser posible disuasorias de futuras intentonas. Porque, fuera lo que fuese en terminología legal esa patada a la convivencia propinada por las máximas autoridades locales, sigue su curso, tranquilamente, con el beneplácito del poder Ejecutivo y la indiferencia del Legislativo, que han dejado solo al Judicial en el combate contra lo que la Fiscalía ha definido con acierto como un golpe de Estado. El Gobierno autonómico presidido por Joaquín Torra persiste en el desafío a la Ley, agrava de día en día el foso abierto en la sociedad catalana, que enfrenta a una mitad con la otra, y jalea sin pudor a los reos pendientes de condena, quienes, lejos de mostrar arrepentimiento, han pedido a través de sus abogados que se «devuelva la pelota» al campo de la política, obviando que se les juzga por la (presunta) comisión de varios delitos y no por nada relacionado con la difusión de ideas. Ellos siguen a lo suyo, burlándose de nosotros. Ahí está esa portavoz del Ejecutivo autonómico, Meritxell Budó, negándose a responder a preguntas formuladas por un periodista en la lengua común a todos los españoles, con total impunidad. Ahí está la chulería de Rufián, amenazando con responder en la calle la decisión de los jueces. Ahí está la Abogacía del Estado (más bien del Gobierno de Pedro Sánchez), apoyando que el acusado Junqueras tome posesión de su acta de eurodiputado, aunque con ello se paralice durante meses o años la conclusión de este juicio. ¿Hasta cuándo abusarán de nuestra infinita paciencia?

Mientras los distintos partidos juegan al postureo, amagando rupturas o reconciliaciones con el único propósito de beneficiar a sus respectivas siglas a costa del interés general, el sistema de pensiones está al borde de la quiebra. Agotada la célebre «hucha», hay que tirar de crédito para abonar la extra de verano e incrementar con ello una deuda que alcanza ya los 43.000 millones de euros. Lo cual significa que usted, querido lector, y yo, y sobre todo nuestros hijos, estamos pagando a costa de un ingente esfuerzo una nómina política que crece sin cesar en las distintas administraciones y que, lejos de resolver nuestros problemas reales, genera otros nuevos que pronto nos estallarán en las manos. Problemas tan acuciantes como la imposibilidad de cobrar, cuando llegue la jubilación, aquello por lo que hemos cotizado durante toda una vida laboral. Una patata caliente que se pasan unos a otros hasta sin atreverse a hincarle el diente.