Entrevista a MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO, ABC 10/11/13
· Cincuenta años dedicado al ejercicio del Derecho, avalan el análisis de un jurista que aboga por aplicar la sentencia de Estrasburgo con calma.
· Consulta soberanista:«Será legal si se respeta la Constitución; si no será otra cosa, no un referéndum. El TC tiene la última palabra»
· Sentimiento nacionalista «El Gobierno está muy condicionado por una presión popular que no siempre ha entendido a Cataluña»
· Recursos de etarras:«Las prisas pueden hacer que se junten churras con merinas, convertir casos distintos en iguales»
· Sentencia de Inés del Río «Nos duele, nos disgusta, pero no puede decirse que vaya contra el espíritu de nuestra Constitución»
Catedrático de Derecho Laboral, expresidente del Tribunal Constitucional y hoy miembro del Consejo de Estado, Miguel Rodríguez-Piñero acaba de recibir el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. El maestro de toda una generación de profesionales del Derecho reivindica un papel más activo del jurista «en estos tiempos difíciles».
—¿Es constitucional una consulta soberanista en Cataluña?
Si se respeta la Constitución sí. Si no será otra cosa, no un referéndum. La soberanía reside en el pueblo, y el Gobierno de la Nación y las Cortes son las que administran esa soberanía, las que tienen la última palabra al respecto junto con los tribunales, en concreto el Tribunal Constitucional.
—¿De qué armas dispone el Estado para evitar esa consulta si finalmente Artur Mas la lleva a cabo?
La Constitución tiene ahí muchas armas. No estoy proponiendo ninguna, pero está hasta la suspensión del propio estatuto. Este es un tema que hoy no se puede resolver con armas, sino con la persuasión, el diálogo y la negociación. Hay que hacer un esfuerzo, que se está empezando a hacer, aunque débilmente, para convencernos unos a otros de una convivencia pacífica en un mismo Estado de comunidades muy heterogéneas y con aspiraciones distintas. Tenemos que esforzarnos por permanecer unidos y no pensar que esto es una consecuencia de decisiones impuestas. Yo creo que hay espacios de entendimiento.
—¿Entonces no cree que sea el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución?
Todavía no, aunque es un artículo que está ahí, y si se dieran las circunstancias para su aplicación, la Constitución lo permite. Es un poco prematuro empezar por el final. Hay que conseguir no llegar a ese punto. Hay que entender lo que ellos quieren, cuáles son las razones de sus quejas. Pero también entender qué es lo que dice la Constitución cuando habla de nacionalidad y regiones.
—Considera entonces que el Gobierno no está siendo comprensivo con Cataluña…
El Gobierno está muy condicionado por una presión popular que no siempre ha entendido el tema de Cataluña. El Estado de las Autonomías que diseñó la Constitución permite distintas modulaciones de las autonomías, que no tienen por qué ser todas iguales. Hemos creído que se ha utilizado el idioma (catalán) contra el castellano, y los defensores del catalán en muchos casos no han comprendido la riqueza del castellano, que es el idioma de los españoles según la Constitución. A ello se suma que lo de Cataluña es un sentimiento, emocional y no cuenta con elementos de racionalidad.
—¿Qué ha cambiado en Estrasburgo o en España para que el tribunal europeo nos haya dado recientemente dos varapalos amparando primero a Otegi y ahora a Inés del Río?
Nuestras relaciones con Estrasburgo han sido diplomáticas, pero no cordiales. Lo que nos ha perjudicado es el halo de sospecha que siempre hay en ese tribunal en relación con el tratamiento a los terroristas en ciertos países. A mí lo que me pareció injusto en la sentencia de la Gran Sala fue eso de «que salga inmediatamente en libertad», que es algo excepcional. Lo normal es condenar al Estado y luego éste ejecuta el fallo. Esa ejecución impuesta solo se ha hecho en países de la antigua Unión Soviética, en Turquía, donde ha habido dudas de que los procesos se hagan con juego limpio. Yo creo que en España en materia de lucha antiterrorista los tribunales han sido muy respetuosos con los derechos de estas personas. El error español fue mantener un sistema creado en el franquismo, que es el sistema de redención de penas por el trabajo y no reformarlo hasta 1995. Por tanto, en la época dura del terrorismo, durante los años 80 y principios de los 90, esos delitos estaban sometidos a una legislación penal en la que salía bastante barato el segundo y tercer delito: la diferencia del tiempo de cárcel entre el que mataba a uno o a diez era muy pequeña. Es un defecto del sistema penal, no de los jueces, imputable directamente al legislador. Había pocos juristas expertos en el tema que apostaban por que el Tribunal de Estrasburgo confirmara esta doctrina. Era muy difícil. Tenemos que reconocer que nos duele, nos disgusta, pero no puede decirse que la sentencia esté contra el espíritu de nuestra Constitución.
—Sin embargo, la doctrina Parot fue avalada por el TC…
El Tribunal Constitucional tuvo la misma buena intención que el Tribunal Supremo al establecerla, siendo sensibles a la injusticia que se derivaba de la aplicación que hasta ahora se estaba haciendo desde el Derecho. Yo estoy de acuerdo con la doctrina Parot: se puede hacer, lo que es dudoso es que pueda aplicarse a los casos anteriores. La sentencia no anula la doctrina Parot, sino que dice que Inés del Río no pudo prever, cuando mataba gente, que iba a estar en la cárcel más tiempo que el que ella calculaba. Es repugnante, pero es un argumento jurídico: las penas tienen que ser previsibles y tener una base legal. Repito, nos repugna el tema pero el principio es jurídicamente aceptable.
—¿España podía haber esperado a aplicar esta sentencia?
Creo que se deberían haber hecho las cosas con menos prisa. No es bueno, aunque sea una práctica frecuente, que una sala se reúna para adoptar criterios comunes en torno a un asunto; haciendo esto los tribunales están desempeñando más funciones paralegislativas que judiciales. Los jueces tienen que pronunciarse sobre casos concretos. Y la sentencia ha resuelto un caso concreto con unas circunstancias concretas. ¿Todos estos casos son iguales? Yo creo que los casos no son idénticos y hay que examinarlos uno a uno con intervenciones de parte y llevando a cabo una revisión de órganos judiciales anteriores. Las prisas pueden hacer que se junten churras con merinas, convertir casos distintos en iguales. A lo mejor se ha querido con ello dar ejemplo o ser más papistas que el Papa.
—¿Qué le parece que un sucesor suyo en la presidencia del TC haya estado afiliado a un partido político?
En este tema ha habido un gran rasgo de hipocresía. El actual presidente ha sido un militante de base en el PP que ha pagado la cuota mínima del partido. Que omitiera en su momento u olvidara darse de baja formal no le descalifica para ser presidente. Ha habido maniobras porque a muchas personas dentro del propio tribunal les ha parecido un presidente demasiado moderado. Él nunca ha sido un activista político, es un hombre más dado a la literatura, a la cultura… Sus hobbies han sido mucho más de otro tipo que políticos. Es un jurista aséptico. Una campaña tan global, exagerada y prologada en el tiempo me hace sospechar que viene de varios frentes.
Entrevista a MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO, ABC 10/11/13