La concienzuda investigación ha terminado con la conclusión de que ETA y el MLNV movieron como mínimo 440 millones de euros entre los años 1967 y 2010, periodo que abarca el trabajo. Sus fuentes de financiación más importantes fueron, por este orden, secuestros, extorsiones, atracos y subvenciones a partidos políticos y entidades culturales. El entramado dio de comer durante estos años a los militantes de ETA, unos 8.000, según Buesa.

El catedrático explica que los alrededor de cuarenta secuestros que realizó ETA en estos años supusieron más de la mitad de su financiación: «Decayeron en los años 90 por la presión popular. La campaña del lazo azul desencadenada tras la captura de Julio Iglesias Zamora fue clave, aunque los secuestros no desaparecieron hasta el que acabó con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Este último no fue un secuestro económico, sino político».

Las cantidades que se pagaron por los secuestros han estado ampliamente documentadas por los periódicos. Como ejemplo se puede poner que por Javier Ybarra, expresidente de El Correo y el Diario Vasco, y exalcalde de Bilbao, se pidieron 1.000 millones de pesetas en el año 1977. «La familia no pudo reunir el dinero y fue asesinado», recuerda Buesa.

El catedrático explica que ETA intensificó su campaña de extorsiones cuando se derrumbaron las subvenciones. Diferencia entre quienes fueron secuestrados y estuvieron en peligro inminente de muerte y los que fueron extorsionados y no lo estaban. Aclara que el 88 % de los extorsionados nunca pagó: «Asumieron el riesgo. Hubo algún asesinato. Otros iban al sur de Francia a negociar rebajas o pagos a plazos», explica.

Los atracos fueron la tercera fuente de financiación, importante en la década de los 70: robaban explosivos y armas para atentados.

Otra parte de la financiación provino de las subvenciones a partidos políticos y a entidades culturales que promocionaban el euskera (prensa, libros…). Buesa aclara que las subvenciones no son ilegales, pero se dan mirando para otro lado. Las considera un «pseudopatrocinio». Lamenta que todas las Administraciones Públicas hayan financiado el terrorismo, con un protagonismo destacado del Gobierno Vasco, que afirma que lo ha hecho en un 60 % de los casos. Sobre las subvenciones electorales a Batasuna, señala que «Felipe González se las negó, al igual que Aznar y Zapatero. Al final el Gobierno las pagó al Tribunal Supremo cuando liquidó Batasuna».

Buesa también habla del negocio de las alrededor de cien herriko tabernas que estima vinculadas con ETA. Calcula que recaudaron unos 60 millones de euros en el periodo estudiado y que lo emplearon en financiar el terrorismo. La Fiscalía no pudo actuar contra sus propietarias, que eran asociaciones culturales diferentes, y liquidarlas.

Buesa no ha podido estudiar si se ha trasladado dinero a Bildu. Sabe que entre 2000 y 2010 ETA recaudó 33 millones, y que sus gastos no fueron más de 15-16 millones. «¿Dónde han quedado los 17-18 millones que faltan? Alguien debería investigarlo», sostiene.

Los gastos iban menguando, entre otros motivos, porque los militantes cada vez estaban menos tiempo en ETA. Al principio aguantaban tres años, y en la década de los 2000 ya no llegaban al año. Buesa explica además que mantener una organización terrorista no cuesta mucho dinero: «Es una forma de guerra barata. No requiere de una gran cantidad de dinero, sino de voluntad de matar. Solo hay una organización terrorista con un presupuesto elevado: Hezbolá».

La huella de ETA en Bildu no queda demostrada más allá de la noticia de la presencia de exetarras en las listas electorales, el nombramiento de dos alcaldes condenados por colaboración con la banda y de concejales que también estuvieron relacionados con ellos. En el libro, Buesa busca mostrar la verdad económica del terrorismo, y parte de esa realidad es el impacto dañino que tuvo sobre la economía vasca. Aunque el consejero de Economía del Gobierno Vasco, Pedro María Azpiazu, dijo hace poco que el terrorismo fue doloroso para el País Vasco pero no influyó en su economía, Mikel Buesa demuestra que «es falso. La economía vasca pasó de crecer un 7,5 % respecto al PIB español en el año 1975 a hacerlo un 5,3 % cuando acabó ETA. Ese 5,3 % era el mismo crecimiento que tenía la región en el año 1955».

El País Vasco dejó de recibir población en esos años, y Buesa estima que se fueron de allí entre 100.000 y 125.000 empresarios en esos años. Afortunadamente aquello se acabó, y lo ideal sería poner los medios para que no vuelva a repetirse.