Ignacio Camacho-ABC
- Hay indicios de una mirada política selectiva en la investigación de la Fiscalía sobre las comisiones de las mascarillas
El símbolo del fracaso del Gobierno en la pandemia son las mascarillas. Primero las desaconsejó porque no las conseguía, luego arrastró los pies para bajarles el IVA y por último se ha dedicado a jugar con su obligatoriedad, ahora sí, ahora no, como única decisión que no ha endosado a las autonomías. Finalmente ha decidido suprimirlas del todo, al menos por ahora, para compensar su impotencia ante la inflación con alguna medida populista, aunque buena parte de la población -la de más edad- no parece según las encuestas decidida a prescindir de ella todavía. Y mientras, la Fiscalía se ha puesto a investigar las comisiones de los contratos de la primera ola con mirada selectiva: aire y propaganda para el desparrame madrileño de Luis Medina y silencio o tardanza ante las denuncias que afectan a administraciones socialistas. De las víctimas que pudieron provocar las iniciales consignas engañosas de Simón no hay noticia porque las causas del contagio quedan fuera de las estadísticas.
Sobre la conveniencia de seguir o no cubriéndose la cara a estas alturas falta consenso. Dado que su uso va a ser voluntario y que los epidemiólogos y las administraciones sanitarias no se ponen de acuerdo, lo más sensato es que cada cual se fíe de su criterio y administre como pueda o quiera su confianza o su miedo. Los resultados habrá que empezar a evaluarlos hacia final de mayo sin descartar otro pendulazo si la infección vuelve a subir antes o durante el verano. Lo que sí parece claro es que el sanchismo ha decidido convertir en arma política las compras irregulares de hace dos años, pero separando el grano de la paja con mucho cuidado para que las sospechas recaigan todas en el mismo bando. Que parezca casualidad y se encargue del caso alguien de confianza como Dolores Delgado.
Corretajes abusivos hubo a mansalva favorecidos por la dificultad objetiva de acceso a un mercado en pleno colapso. El material defectuoso y los sobrecostes cobrados por intermediarios salpicaron a varios ministerios, entre ellos los de Illa y Ábalos. Empresas sin dirección conocida o de actividad nula, algunas creadas ‘ad hoc’, recibieron pedidos masivos a precios desmesurados. La adjudicación directa era habitual porque el estado de alarma y la razón de urgencia le daban amparo. En aquel caos cualquier buscavidas con suficiente desparpajo y una buena agenda de contactos podía hacerse millonario. Sin embargo las pesquisas sobre gestiones de altos cargos gubernamentales marchan despacio y sólo los `pelotazos´ de Madrid son piedra de escándalo (justificado) porque están por medio un hermano de Ayuso o un niñato de apellido aristocrático.
Por fortuna las mascarillas tapan nariz y boca pero no oídos ni ojos. Y lo que sucedió con ellas está a la vista de todos por mucho que el poder trate de distorsionarlo poniéndole a la justicia un embozo de prejuicios ideológicos.