Miserabilismo

EN la España mediocre del igualitarismo está mal visto ganar dinero. El que lo hace es sospechoso de delito o, como mínimo, de envilecimiento moral. Sin embargo el Estado, con su enorme estructura asistencial, necesita gastar la sustanciosa parte que se lleva del dinero que ganan los ciudadanos, por lo que en buena lógica la izquierda debería ser la más interesada en que existiesen muchas rentas altas. No es así; el beneficio empresarial y el salario cuantioso han sido socialmente criminalizados con un estigma mezquino. Entre la envidia y el pragmatismo vence nuestro gran pecado capital colectivo.

El que haya filtrado la declaración fiscal de Esperanza Aguirre ha cometido un delito de revelación de datos confidenciales privados, pero sobre todo ha retratado su propia mentalidad miserable. Porque dado que dicha declaración es regular y legal, su torticera publicación sólo puede deberse a que el filtrador considera que su pingüe sueldo constituye por sí mismo un motivo de escándalo. Para el miserabilismo español, el éxito profesional y el bienestar económico son una especie de pecado social, una injusticia estructural, un vicio nefando cuya naturaleza pecaminosa no se corrige siquiera a través de los impuestos, sino que requiere la expiación del escarnio. El sórdido pensamiento igualitario, vinculado de forma simbiótica a un concepto parásito del derroche público, no concibe la mera posibilidad de que una empresa remunere servicios de manera proporcional al prestigio de quien los presta. El mercado del talento y la reputación, la misma idea de la productividad, representan para el demagógico izquierdismo de luces cortas excrecencias perversas del capitalismo malvado.

De los 369.000 euros ingresados por Aguirre en el último ejercicio, el Fisco se queda aproximadamente con la mitad. Con 185.000 euros se pueden pagar las nóminas de media docena de profesores o de médicos, incluso las de unos cuantos enchufados. El Estado redistribuidor requiere para garantizar el progreso y el equilibrio social muchos contribuyentes de esta escala, por desgracia escasos. Aunque sea para subirles la carga tributaria, como pretenden ciertos confiscatorios programas electorales. Penalizarlos o desincentivarlos por mero resentimiento es, pues, una falta de inteligencia práctica, un mal cálculo.

Pero también constituye un error político. Porque la clientela natural de Aguirre es liberal y no suele escandalizarse de la prosperidad ajena; se trata de gente que cree en el mérito y la excelencia, en la acumulación de riqueza mediante el esfuerzo personal y el trabajo. Y lo que ve detrás de la denuncia –¿denuncia de qué?– no son los ingresos más o menos merecidos de la candidata, sino la amenaza latente a un sistema de trabajo. El que permite a los profesionales progresar no según el dicterio de gobernantes sectarios, sino según su propio valor en el mercado.