Vox ha anunciado que la moción de censura que se propone presentar en el Congreso será defendida por su diputado por Barcelona, Ignacio Garriga, aunque todavía se desconoce quién será el candidato a la Presidencia del Gobierno que exponga el programa que exige el carácter ‘constructivo’ de esta iniciativa parlamentaria. En principio, esta operación puede ser vista como una pirueta excéntrica de ánimo puramente propagandístico, dado que sus posibilidades de prosperar con la actual distribución de escaños en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo son nulas. Sin embargo, la situación que atraviesa nuestro país, fuertemente castigado por una doble crisis sanitaria y económica de proporciones gigantescas y por una crisis institucional que pone en peligro su supervivencia como Nación, permite contemplar este acontecimiento político desde una perspectiva muy distinta que lo dota de sentido.

En un reciente artículo, esclarecedor como todo lo que publica, Guillermo Gortázar señala un aspecto del Reglamento del Congreso que resulta clave a la hora de analizar esta cuestión. Nos recuerda el riguroso historiador y sagaz comentarista que en nuestra Cámara Baja no está prevista la moción de reprobación al Presidente que, a diferencia de lo que sucede en otras democracias occidentales, se encuentra muy protegido frente a la crítica de la oposición. Vista la desastrosa gestión de la pandemia por parte de Pedro Sánchez, cuyas incompetencia e imprevisión han provocado miles de muertos que nos podríamos haber ahorrado y su manifiesta irresponsabilidad al apoyarse en una abigarrada mayoría de comunistas-chavistas, separatistas golpistas y filoterroristas que pugnan por liquidar la obra de la Transición, es obvio que una reprobación de su persona y de su ejecutoria a cargo del Parlamento está más que justificada. Ahora bien, como señala Gortázar, el Reglamento sólo contempla la reprobación de ministros y altos cargos, pero no de la cabeza del Ejecutivo. En este contexto, el único recurso fuerte del que dispone un Grupo de la oposición que quiera formalizar la condena y el rechazo al Presidente del Gobierno de manera rotunda, aparte de una Proposición No de Ley, inane para el propósito que nos ocupa, es, en efecto, la moción de censura.

Hay poderosos motivos para expresar en la sede de la soberanía nacional con la máxima contundencia la desaprobación de un Presidente que no vacila en hundir a la Nación en la ruina

Si la pública y solemne repulsa al indocumentado sin escrúpulos que habita en La Moncloa hace tiempo que impregna el espíritu de millones de españoles, sucesos recientes la han convertido en una necesaria demostración de dignidad nacional y de higiene política. La infamia de vetar la presencia del Rey en el acto de entrega en Barcelona de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial para complacer a los independentistas desairando a la Corona y humillando al Estado, la indisimulada intención de indultar a los sediciosos del 1 de Octubre, la vergonzosa exhibición de pesar por el suicidio de un criminal de la peor especie, la exhibición desafiante de totalitarismo de su socio negando desde la tribuna del Congreso a la oposición la opción de gobernar en el futuro, la aceptación de Bildu como interlocutor legítimo pisoteando el derecho de las víctimas a reconocimiento y reparación y la imposición a la sociedad española de una determinada interpretación maniquea de nuestra historia reciente pulverizando la libertad de opinión, son otros tantos y poderosos motivos para expresar en la sede de la soberanía nacional con la máxima contundencia la desaprobación de un Presidente que no vacila en hundir a la Nación en la ruina y el descrédito con tal de mantenerse en la poltrona.

Mera protesta verbal

En una democracia bien configurada, los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, son independientes entre sí y se controlan y vigilan mutuamente. Cuando uno de ellos pretende manejar a los otros dos, el sistema cruje y la libertad de los ciudadanos es cercenada. Nuestra Constitución, por desgracia, facilita que un Ejecutivo desaprensivo ponga sus zarpas en espacios que deberían estarle vedados. Así, los parlamentarios no son representantes del pueblo directamente vinculados a sus votantes, ante los que deben responder, sino mansos rebaños de empleados del jefe de partido. En cuanto a los jueces y magistrados, la aciaga reforma legislativa socialista de 1985 abrió el camino para el reparto nefando de la Justicia por cuotas de partido y para el etiquetaje de los togados con las siglas de sus correspondientes vasallajes, pervirtiendo su imparcialidad y su profesionalidad.

Pese a ello, cuando una institución es atacada en sus competencias o en su estatus debe defenderse, gallarda actitud que en España no sólo no abunda, sino que es la excepción. Por ejemplo, lo que debería haber hecho el presidente del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Supremo ante la tremenda ofensa infligida por el Gobierno a la Corona, en nombre de la cual se dictan las sentencias, es suspender el acto de entrega de despachos remitiéndoselos a los interesados por correo. La mera protesta verbal durante la ceremonia no es suficiente frente a la magnitud de la tropelía cometida por Pedro Sánchez. El que no se respeta a sí mismo, difícilmente se hará respetar por los demás.

Votar en contra

En este contexto, cabe interpretar la moción de censura presentada por Vox como una moción de reprobación llevada a cabo con el ropaje y la denominación que el Reglamento consiente. Así deberían explicarlo sus autores para que la gente entienda su auténtico significado y que, lejos de ser una pirotecnia inútil destinada a desvanecerse tan pronto se sustancie, constituye una llamada a sus señorías y al conjunto de la sociedad para arrojar a la cara de la mentira bípeda que preside el Gabinete más incompetente, sectario y destructivo que hemos conocido en las últimas cuatro décadas, el desagrado que merece. Enfocada desde esta óptica, se les hará muy cuesta arriba al Partido Popular y a Ciudadanos abstenerse o votar en contra porque semejante posición equivaldrá a desaprovechar la oportunidad de materializar en un gesto concreto de honda repercusión su radical desacuerdo con las fechorías perpetradas por Pedro Sánchez.

Si el sufragio fuese secreto, incluso algún miembro del Grupo Socialista podría sentir la tentación de aflorar la repugnancia que sin duda le suscitan las numerosas traiciones y bajezas de su líder. Una magnífica ocasión -que lamentablemente los complejos y las rencillas de un constitucionalismo dividido desperdiciarán- para devolver al oscuro anonimato del que nunca debió salir a un personaje cuya maldad intrínseca corre pareja con su desmedida soberbia.