En un sistema parlamentario como el que tenemos, tanto a nivel autonómico como estatal, las elecciones se convocan cuando se ha agotado la legislatura o no hay posibilidad de gobernar porque se carece de los apoyos parlamentarios necesarios. Ninguna de estas circunstancias se daban en el caso que nos ocupa, en el que la legislatura no había llegado ni siquiera a la mitad del periodo para el que fue elegida (en mayo de 2019) y donde su Ejecutivo contaba con un respaldo en la Asamblea de Madrid que no le impedía seguir gobernando como lo ha venido haciendo desde que se formó el Gabinete de coalición entre PP y Ciudadanos, con el consentimiento de Vox.

No tiene mucha lógica que las elecciones a la Asamblea de Madrid se convoquen, además de en un momento en el que ‘no toca’, como consecuencia del anuncio de una moción de censura en Murcia, que por otra parte se vio desactivada inmediatamente después debido al cambio de posición de algunos de los firmantes. Más bien todo parece indicar que se ha aprovechado una coyuntura propicia, con la ayuda de la torpeza de quienes plantearon la moción en Murcia, para llevar a cabo una operación que sitúa a la presidenta madrileña en una posición de fuerza en la comunidad y en su propio partido, al tiempo que le permite desembarazarse de su socio en el Ejecutivo para ocuparlo en solitario, sin compañías no deseadas.

Pero más allá del hecho de la convocatoria de estas elecciones autonómicas, no cabe desconocer que, dada la centralidad madrileña, no solo geográfica sino sobre todo política, sus efectos se proyectan inevitablemente en el sistema político español en su conjunto. En este sentido, hay que constatar que independientemente del resultado que arrojen las urnas el 4 de mayo, ya se han producido (y van a seguir produciéndose) cambios que afectan de forma determinante a las relaciones entre las formaciones políticas así como a los principales centros de decisión política a escala estatal; empezando por el propio Gobierno de coalición, cuyos equilibrios internos, siempre difíciles de mantener, se han visto afectados.

Las turbulencias preelectorales madrileñas empalman con las no menos turbulentas incidencias poselectorales catalanas, cuyos efectos también trascienden sus propios límites territoriales para proyectarse de lleno sobre la política española. Además de ser, junto con la madrileña, las dos comunidades con mayor peso económico, son también las que tienen mayor incidencia en el curso del proceso político a escala estatal; lo que hace que, junto a la incertidumbre madrileña, haya que tener muy en cuenta cómo se desarrolla el cierre del recorrido poselectoral del 14-F, que todo indica va a seguir la misma orientación que ha venido marcando la deriva del procès en estos últimos años.

Hasta hace pocos días nadie pensaba que el tablero político iba a experimentar sobresaltos, por la ausencia de confrontaciones electorales en los dos próximos años. Ahora se ha visto alterado y dada la estructura multipartita del mapa político, aun no cerrado definitivamente, y, en consecuencia, la necesidad de articular acuerdos diversos entre formaciones distintas para poder gobernar, el tipo de coaliciones a formar (y los cambios que previsiblemente van a producirse en las ya existentes) va a marcar el incierto periodo que se abre.

Pero además de las coaliciones, de las elecciones y de las mociones, conviene no olvidar que hay situaciones, como la que vivimos desde hace un año -acaba de cumplirse el primer aniversario del decreto del primer estado de alarma-, que requieren atención prioritaria; muy especialmente por lo que se refiere a los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia,que distan mucho de estar bajo control. Sin pretender que estos problemas tengan una salida rápida con fórmulas milagrosas, que no existen, sí sería de esperar que las mociones, las elecciones y las coaliciones no contribuyan a dificultar más su solución. Lo que, a la vista de muchos de los comportamientos que se están dando, es algo que no está nada claro.