ABC 15/02/14
· Santamaría, convencida de que el Tribunal Constitucional cumplirá con su deber.
Hace casi un año, el 2 de marzo de 2013, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba un recuso de impugnación ante el Tribunal Constitucional contra la declaración soberanista que había aprobado el Parlamento catalán unas semanas antes. La decisión del Ejecutivo estaba respaldada por sendos informes del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado, que coincidían en que la declaración tenía efectos jurídicos, ya que establecía derechos al reconocer la existencia del «pueblo catalán», algo que va directamente contra el artículo 1 de la Constitución. Ahora, las primeras deliberaciones en el Tribunal Constitucional, que apuntan a una división clara, no parecen inquietar en absoluto en Moncloa. El Gobierno sigue convencido de que la Declaración «debe ser anulada» y el Constitucional «cumplirá su deber».
El Ejecutivo no tienen ninguna duda sobre la solidez de sus argumentos, que le llevaron a impugnar el texto aprobado en el Parlamento autonómico. Santamaría, abogado del Estado que conoce al dedillo los mecanismos de la Constitución, mantiene una seguridad firme, sin titubeos, sobre el destino que le espera a la Declaración, y en general a todo el proceso independentista que ha iniciado Artur Mas. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que el texto soberanista comporta «efectos clarísimos» en relación con los titulares de la soberanía, que «corresponde al conjunto del pueblo español», como reconoce la Constitución.
«Entendemos que esa declaración debe ser anulada. Hay un procedimiento en el Tribunal Constitucional, y yo no voy a entrar a valorar los debates internos, pero sí a recordar cuál ha sido la posición del Gobierno formulada a través de la Abogacía del Estado», advirtió. Santamaría se refería así a la ponencia que la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, del sector progresista, ha redactado y que niega valor jurídico a la declaración, en contra de la Adela Asúa, vicepresidenta del TC, quiere atribuir un valor político a la declaración soberanista tesis del Gobierno. El sector conservador frenará, previsiblemente, la ponencia. La «número dos» del Ejecutivo de Rajoy está segura de que el TC cumplirá con «su deber», que es resolver con arreglo a los que la Carta Magna establece que es constitucional o no.
Cumplir la ley
A la vista de la división inicial en el tribunal, se preguntó a Santamaría si no hubiera sido mejor que el Consejo de Ministros no presentara el recurso. La vicepresidenta fue tajante: «El Gobierno no coloca en ninguna disyuntiva a nadie. El Gobierno cumple con la Constitución y las leyes». De hecho, explicó que el presidente del Ejecutivo tiene el mandato constitucional de impugnar ante este Tribunal aquellas normas o actuaciones que considere que no cumplen lo que establece la Carta Magna. Por eso, cuando el Parlamento autonómico catalán aprobó la Declaración el 23 de enero de 2013, se pidió un informe a los servicios jurídicos del Estado, que sostuvieron que «era susceptible» de ser impugnada.
Santamaría se refirió también al informe elaborado por el Gobierno autonómico de Mas para defender su desafío independentista, con los argumentos propios del nacionalismo. «Debería informar más que desinformar, los ciudadanos tienen que saber la verdad», comentó.
ABC 15/02/14