EL MUNDO 15/11/14
· Torres-Dulce asegura que «no es necesario» que el Ministerio Fiscal lleve el 9-N a los tribunales porque «ya está judicializado»
Los tiempos de la Justicia no son los de la política y eso, a veces, suscita tensión. Es lo que sucede con el desafío consumado el 9-N. El Gobierno aprecia una evidente desobediencia por parte de Artur Mas a la decisión del Constitucional de suspender su simulacro de consulta. También lo cree así la Fiscalía General del Estado, pero este convencimiento ha topado con los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dudan de la viabilidad de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat.
El desconcierto en el Ejecutivo, en el PP y en la ciudadanía va en aumento. Ayer, la vicepresidenta tuvo que recordar, con la vista puesta en la Fiscalía catalana, que el Ministerio Público se rige por el principio de unidad de actuación bajo dependencia jerárquica del Fiscal General. Torres-Dulce, por su parte, intentó restar trascendencia a la discrepancia de sus subordinados señalando que, en cualquier caso, el 9-N «ya está judicializado».
Dicho en otras palabras, la número dos del Ejecutivo lo que vino a apuntar es que finalmente el criterio que deberá primar será el que maneje el fiscal general Eduardo Torres-Dulce, quien no dudó el pasado sábado, horas antes de que se abriesen las urnas de cartón en Cataluña, en dar orden de iniciar diligencias de investigación sobre un procedimiento en el que apreciaba indicios racionales de delito.
Más aún, el propio fiscal general aseguró ayer que el Tribunal Superior de Cataluña tendrá que ocuparse de la consulta del 9-N, independientemente de que actúe o no la Fiscalía catalana, puesto que el llamado «proceso participativo» ha sido «llevado a los tribunales por los ciudadanos».
No obstante, la demora y las discrepancias que están dejando traslucir los fiscales en este asunto incomodan sobremanera al Gobierno y, aunque las formalidades de la separación de poderes obliga a mantener la apariencia, la inquietud por la sensación de vacío legal que se traslada, mientras la Generalitat rentabiliza las imágenes de la consulta, preocupan seriamente en La Moncloa.
Sáenz de Santamaría insistió ayer en que la Fiscalía «actúa de manera autónoma respecto al Gobierno» y a éste no le corresponde sino respetar «sus procedimientos, sus mecanismos» y sus decisiones. La vicepresidenta deseó que este mismo respeto se observe por parte de «otros poderes públicos», en clara alusión a la Generalitat.
Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de subrayar, además de la dependencia jerárquica a la que están sometidos los integrantes del Ministerio Público, el hecho de que es a ellos a quien corresponde «ejercer la representación del Estado en defensa de la legalidad». Y, además, apostilló, no debe en ningún caso confundirse Estado con Gobierno porque, a éste último, quien lo defiende es la Abogacía General.
La vicepresidenta quiso recalcar que por parte del Ejecutivo no ha habido dejación de funciones ni pasividad y recordó todos los pasos que ha ido dando en relación con el proceso catalán.
Así apuntó cómo se recurrió la Declaración Soberanista del Parlamento de Cataluña y se obtuvo una sentencia favorable del TC reconociendo que en España los referendos de autodeterminación son inconstitucionales; a continuación en las Cortes hubo un debate en el que intervino Rajoy y en el que la mayoría del Parlamento se pronunció en contra de trasladar a la Generalitat la competencia para celebrar una consulta.
Más recientemente, Artur Mas convocó el referéndum de autodeterminación y el Gobierno central volvió a actuar planteando un recurso de inconstitucionalidad que dio lugar a la suspensión de esa convocatoria. Después, la Generalitat inició una «vía de hecho» frente a la cual fue necesario «acumular argumentos» porque se trataba de una situación para la que «no había precedentes». También esto fue recurrido y suspendido por el TC.
A partir de ahí, Santamaría se adentró en la «vía del delito» en la que a quien corresponde el protagonismo, recordó, es a la Fiscalía «defendiendo la legalidad sin otro tipo de criterios», que es, dicho con otras palabras, «la voluntad de todos los españoles». «En España la defensa del Estado en la legalidad en el ámbito penal la lleva a cabo la Fiscalía y a ellos les corresponde determinar si se ha producido una actuación contraria a la ley y constitutiva de delito», recalcó.
La vicepresidenta también se refirió a las actuaciones de tipo político que ha llevado a cabo el Gobierno en relación con Cataluña a lo largo de la legislatura. En este punto aseguró que el Ejecutivo no sólo «ha asumido como propios los problemas, no de Cataluña, sino incluso los de la Generalitat». Y citó la imposibilidad que tenía el Gobierno catalán de financiarse y de tener cobertura económica suficiente para sufragar los servicios públicos.
Por último hizo mención al último paso dado por Mas que ha reclamado por escrito a Rajoy la celebración de un referéndum pactado. Ahí, reiteró la filosofía conocida: «Tras proclamarse independentista y hacerlo saber con su voto pide que se convoque un referéndum para la autodeterminación, y eso un Gobierno no lo puede hacer ni jurídicamente ni políticamente. Desde luego nosotros», zanjó, «esa posibilidad no la vamos a avalar».
Por lo que se refiere a los términos políticos del debate en Cataluña, Santamaría cedió la palabra al presidente de la Generalitat: «Es él quien los debe explicar».
«Me duele que hayan dividido a la sociedad catalana, pero es que además han provocado la fractura entre los partidos políticos», afirmó refiriéndose a la división que existe, cuatro días después de la consulta, entre las fuerzas catalanas respecto a la hoja de ruta que pretenden seguir a partir de ahora.