La Generalitat tendrá «muy difícil» cumplir la promesa de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña porque, a diferencia de lo que sucedió el 9-N, su mera organización es ahora ilegal. Con toda la atención puesta en cómo impedirá el Gobierno una nueva convocatoria, desde Moncloa se aprestan a situar el foco no en su celebración, sino en la mera preparación.
A diferencia de lo que sucedió con el intento de consulta de Artur Mas, suspendido cautelarmente por el TC y declarado posteriormente inconstitucional, y con el «proceso de participación ciudadana», planteado como consulta alternativa, que se celebró el 9 de noviembre de 2014 y que también se consideró ilegal, ahora la jurisprudencia impide a la Generalitat dar pasos para preparar el referéndum. Según el TC, todas las actuaciones en torno a su organización son «inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la comunidad autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional». De esta resolución se han derivado toda una serie de actuaciones judiciales ante cualquier acto que suponga avanzar hacia una consulta sobre la independencia.
Fuentes del Gobierno ponían ayer el acento en el auto del TC contra una resolución del Parlamento catalán sobre el futuro político de Cataluña, el referéndum y su amparo legal en el que se advierte a la presidenta, los miembros de la Mesa, el president de la Generalitat y consellers, que cualquier actuación que ignore o eluda lo que el Tribunal ha declarado ilegal puede incurrir en responsabilidad penal. Y recordaban que la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia Nacional, tiene abierta una investigación sobre las empresas que puedan estar ayudando a la Generalitat a crear estructuras de Estado mientras que la Fiscalía ya ha anunciado que actuará contra la licitación del contrato para adquirir urnas.
La malla judicial en este asunto es tan espesa que, según las mismas fuentes, no es factible otro 9-N.
Ésta es la lectura que se hace en Moncloa que, tras meses de operación diálogo, constata un gran hartazgo social contra el procés. Por eso el Gobierno se encuentra muy satisfecho con el hecho de que el Círculo de Economía haya pedido a Carles Puigdemont que acuda al Congreso a plantear su propuesta.
El Ejecutivo, y así lo dijo públicamente la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría el lunes, considera que el referéndum es la excusa para convocar unas nuevas elecciones. Ayer fuentes de Moncloa apuntaban a que los movimientos de Puigdemont persiguen «movilizar» a su electorado frente a Esquerra que «está en lo más alto».