EL MUNDO – 07/05/17
· El ministro advierte contra el mercado de millones a cambio de votos y afirma que los Presupuestos «no dan para más»Transmite su preocupación por el mensaje de Moncloa que alienta a Cataluña y Canarias a seguir los pasos del PNV.
Mariano Rajoy no tiene aún garantizados los votos suficientes para sacar adelante el proyecto de Presupuestos para 2017. Falta uno, el 176, y los ojos se vuelven hacia el diputado de Nueva Canarias (NC), asociado con el PSOE, Pedro Quevedo, mientras se hacen cálculos sobre el precio que se puede asumir para alcanzar ese apoyo.
Hasta 500 millones reclama la formación del archipiélago, una factura que podría llegar a rebajarse hasta poco más de 300, pero ante la que Hacienda tuerce el gesto.
Las cuentas «no dan para más», advierte Cristóbal Montoro, alarmado ante la deriva del mensaje que se ha lanzado desde Moncloa, principalmente a las fuerzas nacionalistas –NC y PDeCAT–, poniendo como ejemplo la exitosa negociación llevada a cabo por el PNV y alentándolas a seguir un camino similar.
Montoro es un convencido de la política de control estricto del gasto. El ministro mantiene que no hay nada como el déficit y la deuda para taponar cualquier posibilidad de creación de empleo y se empeña en trasladar este mensaje dentro y fuera del Parlamento, chocando de frente con partidos y territorios en los que inevitablemente buena parte de las demandas económicas tienen como última finalidad alimentar las aspiraciones electorales.
«Una decena de Presupuestos defendidos dan para calibrar bien y saber separar la paja del trigo», afirman en el grupo parlamentario del PP, en el que ya se disponen a cumplir con las órdenes de Rajoy de abrir conversaciones con todos los grupos parlamentarios en un intento de atraer votos que aseguren las cuentas del Estado, pero sin perder de vista el aviso de Montoro de que los números no se pueden estirar.
Fue el propio Rajoy quien hubo de intervenir para ordenar que se diera satisfacción a las últimas peticiones del PNV. Lo hizo después de que Hacienda llevara más de dos meses en conversaciones con los vascos sobre las nuevas normas a aplicar al Cupo, la verdadera clave de bóveda del acuerdo.
La entrada del presidente redondeó la negociación e hizo posible que los nacionalistas exhibieran un éxito rotundo. Ahora, desde Hacienda, ante el temor de que en Cataluña y Canarias piensen que, a base de presión y tensar la cuerda puede lograrse una lluvia de millones, intentan matizar el pacto y situarlo, dicen, «en sus justos términos».
Así, recalcan que la parte más sustancial de lo obtenido por el PNV –la devolución de 1.400 millones en concepto de liquidaciones atrasadas– «no es una dádiva, sino un derecho». Se trata de una cifra que se corresponde con la regularización pendiente de sus cuentas en el periodo 2007-2016, una cantidad que viene a resolver las discrepancias que el Gobierno vasco ha mantenido con los sucesivos ejecutivos centrales sobre la cuantía de lo que debía pagar anualmente al Estado por las competencias no transferidas.
Finalmente, se llegó al acuerdo intermedio de cifrar las devoluciones en 140 millones por año. La factura completa, además, no se devolverá en un solo plazo, como pretendió inicialmente Euskadi, sino en cinco anualidades. Y la razón es sencilla: si la recibieran de golpe no podrían emplearla porque la regla de gasto se lo impediría. De esta forma, el impacto del cheque vasco sobre las cuentas de 2017 se diluye un tanto.
Por lo que se refiere al nuevo cálculo del Cupo futuro –que debe ser todavía precisado en el marco de una comisión bilateral integrada por seis miembros y traducido a una ley quinquenal aprobada en el Congreso–, Hacienda asegura que para 2017, el año que servirá de base, se están publicitando comparaciones «falsas».
Argumentan que no es posible contraponer cifras presupuestadas de un año con cifras ejecutadas de otro. En definitiva, según Hacienda no puede calcularse la diferencia entre los 1.550 millones presupuestados en 2016 con los 950 previstos para ser ejecutados en 2017. La cifra resultante sería enorme –600 millones de euros– cuando en realidad, recalcan en el Ministerio, se situará en términos netos en unos 70. Esta cantidad es la diferencia entre los 914 millones de ejecución prevista en 2017 (descontada la factura correspondiente a la Y vasca) y los 981 millones realmente ejecutados en 2016. En estos cálculos Hacienda ha tenido en cuenta ya el impacto de los 140 millones anuales de regularización por las liquidaciones pasadas.
Por lo que se refiere a Nueva Canarias, Hacienda se muestra dispuesta a escuchar sus peticiones desde mañana mismo. Demandas que no serán sólo económicas y que, en este sentido, darán entrada en las negociaciones al grupo parlamentario y a Moncloa. Mariano Rajoy ha asegurado en Las Palmas su disposición a «hablar con todos», al mismo tiempo que ha pedido «finura política» para alcanzar acuerdos que beneficien al país. El presidente es consciente de que en el ánimo del partido canario además de argumentos económicos hay planteamientos políticos.
EL MUNDO – 07/05/17