CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO – EL MUNDO – 18/03/16
· Hoy se reúnen a las cinco de la tarde el ministro Cristóbal Montoro y el consejero de Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras.
El objetivo del vicepresidente del ejecutivo catalán es que el Gobierno central le adelante una parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pendiente de liquidación y, además, que el Estado avale una parte de la deuda con los bancos a corto para ampliar su plazo y que, de ese modo, la agencia Standard & Poor’s no deje fuera de los mercados a la Generalitat.
La reunión es continuación de la que mantuvieron en la sala de autoridades del aeropuerto del Prat la semana pasada el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el propio Junqueras.
Aquella cita, que pretendía ser discreta, que no secreta, acabó generando un pequeño revuelo político. La de hoy no sólo se diferencia de aquella por el interlocutor, sino por el formato y la publicidad: Montoro quiere evitar que se le acuse de «caer en la trampa» (palabras de García Albiol) del líder de ERC .
El enfado del jefe de filas del PP en Cataluña no fue más que la manifestación del enfado en ciertos círculos del Ejecutivo por una iniciativa que muy pocos conocían, pero que, previamente, había sido consultada con el presidente del Gobierno por parte del titular de Economía. Soraya Sáenz de Santamaría no quiere que nada se mueva sin su visto bueno.
Pero el problema al que tiene que hacer frente el Gobierno en relación a la Generalitat trasciende las pequeñas rencillas palaciegas. La cuestión es simple: ¿Cuál es el margen de maniobra de Montoro para darle a Cataluña lo que demanda?
El miércoles de la semana pasada la Comisión Europea (CE) emitió una «recomendación» a España para «garantizar una puntual corrección del déficit excesivo». Bruselas cree que España no está cumpliendo sus compromisos. El déficit de las administraciones públicas en 2015 puede rondar el 4,8% del PIB y las principales responsables de ese descontrol (al margen de la seguridad social) son las comunidades autónomas: el déficit de las autonomías se situará en 2016, según las últimas estimaciones, en el 1,5% del PIB, un punto más de lo inicialmente previsto.
Explícitamente la «recomendación» de la CE menciona las desviaciones que se están produciendo en las cuentas «de los gobierno regionales».
España tiene que entregar a Bruselas un plan detallado sobre las medidas que ha puesto en marcha para corregir esa enorme desviación antes de finales de abril, justo unos días antes de que se disuelvan las cortes si no hay gobierno constituido para entonces.
Si España no cumple esas «recomendaciones», o bien las medidas que presenta no satisfacen a Bruselas, la CE podría tomar drásticas medidas, como imponer una multa a España equivalente al 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros), o incluso suspender los pagos de los Fondos Estructurales y de los compromisos de inversión europeos. ¿Se imaginan que repercusión tendría para el Gobierno la imposición de sanciones de esa dimensión en pleno período preelectoral?
Por tanto, el margen que tiene Montoro para satisfacer las necesidades de Junqueras es más bien escaso, por no decir nulo. El Gobierno puede echar una mano avalando la deuda o adelantando una parte del FLA, pero, al mismo tiempo, le tiene que pedir a la Generalitat un plan urgente de reducción de su déficit y de su deuda, que supera ya los 72.000 millones de euros.
La Comisión Europea, en el documento citado, es muy explícita al exigir a España que aplique la ley de Estabilidad Presupuestaria y obligue a las comunidades autónomas a apretarse el cinturón si quieren auxilio financiero.
Montoro tendrá que optar entre enfrentarse con la Generalitat o desairar a la CE, asumiendo el riesgo de afrontar las sanciones de las que ha sido apercibida.
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO – EL MUNDO – 18/03/16