Muchas vanidades, poca grandeza

Parece un momento propicio para hacer un ejercicio de reflexión serena sobre lo ocurrido, alejada de la nebulosa de lo puramente emocional que suele rodear las valoraciones en las jornadas posteriores a la cita electoral. Lo primero que llama la atención son las pocas autocríticas –por no decir ninguna– que han salido de la boca de los diferentes líderes políticos tras las elecciones, algo de singular notoriedad en un contexto, el previo a la cita electoral, en el que el resultado de las urnas se presentaba incierto y, no una, sino varias formaciones tenían posibilidades de ganar, según las encuestas más autorizadas.

El frenesí que siempre caracteriza las semanas previas a las elecciones –más, si cabe, en este caso, con una campaña caracterizada por el road show televisivo al que se han prestado los diferentes partidos– se ha tornado en la vida a cámara lenta con la que éstos digieren los resultados, en la que el tacticismo y el posicionamiento de los líderes dentro de sus propias estructuras cobran una especial relevancia, sobre todo ante un panorama de insegura estabilidad gubernamental.

Son momentos en los que todo ciudadano querría ver en la conducta de nuestros representantes, no una manifestación de vanidades y ambiciones personales, sino altura de miras, grandeza y atención preferente a los intereses generales del país. Sin embargo, las noticias que cada día inundan los medios sobre cuestionamiento de liderazgos y reparto de cargos no favorecen para nada la percepción que nos gustaría tener el día después.

Que las luchas en el seno de las formaciones políticas suelen ser intestinas no es, lamentablemente, una novedad. Cada día es más real la visión que Adenauer ofreció de los «compañeros de partido». Incluso con el poder en las manos, la consigna es no dar nunca la espalda a lo que acontece puertas adentro.

Permítaseme una anécdota. En julio de 1993, John Major –entonces primer ministro británico– concedió una entrevista al director de la sección política de la ITN, Michael Brunson. Estaban ambos esperando en el estudio a que se sacaran unos cortes y nadie era consciente de que los micrófonos estaban aún abiertos. Major hablaba abiertamente sobre las dificultades a las que se enfrentaba a raíz de la integración de Gran Bretaña en Europa. Trataba de conseguir una ratificación del Tratado de Maastricht, pero se enfrentaba a la decidida oposición de tres euroescépticos de su propio gabinete.

«¿Por qué no les despide sencillamente –preguntaba Brunson– y los reemplaza por otros tres colaboradores nuevos?». «Podría introducir a otra gente», contestó Major. «Pero, ¿de dónde piensa que viene la mayoría de este veneno? De los desposeídos y de los que jamás han tenido posesión alguna. Usted puede pensar en ex ministros que anden por ahí causando todo tipo de problemas. No queremos tres bastardos sueltos más». En este punto de la conversación, alguien se dio cuenta y desconectó el micrófono, pero la poca halagüeña descripción de algunos colegas de gabinete quedó hecha. El Observer, en su edición de 25 de julio de 1993, se hizo amplio eco de los comentarios del premier.

En la España actual, el juego político se ha convertido en monopolio exclusivo de los partidos, estructuras que, en no pocas ocasiones, imponen una férrea disciplina entre sus militantes y, sobre todo, entre sus cuadros dirigentes, que, justo es reconocerlo, se concilia mal con los principios básicos de la democracia y de la libertad de expresión. La famosa sentencia «quien se mueva, no sale en la foto» sigue hoy disfrutando, la mayor de las veces, de plena vigencia. Lo anterior, unido al arraigo, desde hace lustros, de una clase política profesionalizada, que ha hecho de la concatenación de cargos públicos su medio de vida y que ya no distingue entre «ser político» y «estar en política», hace que el ciudadano de a pie contemple con enormes cautelas la posibilidad de que, tras una decisión de alcance, prime el interés general de España por encima de intereses partidistas o electorales.

La situación que las pasadas generales han deparado resulta inquietante. Y no tanto por el resultado en sí. Tampoco por la incertidumbre desatada en torno a las opciones de gobierno. No. Lo que resulta decepcionante es que el debate abierto a propósito de futuros pactos se centre en la idea que las distintas formaciones albergan sobre la unidad de España. O, dicho de otro modo, algo que debería estar asumido por todos, algo que debería ser ajeno a cualquier cuestionamiento, se erige, sin embargo, en el punto de encuentro –o de desencuentro– entre partidos.

Que, con este panorama, surja la altura de miras entre nuestros líderes, la grandeza del político, en suma, la POLÍTICA –así, con mayúsculas–, sólo el tiempo lo dirá. En todo caso, la historia más reciente habla bien a las claras de la incapacidad de la clase dirigente para cerrar acuerdos de Estado sobre las materias de mayor calado. Salvo en la esfera de la lucha antiterrorista, aspectos como la educación, la unidad del Estado o la independencia del Poder Judicial –que deberían quedar al margen de la crudeza de las refriegas entre partidos– siguen a la espera de un gran pacto nacional que, si de algo serviría, sería como pegamento vertebrador de la nación y de la cohesión territorial.

Es cierto que la terrible crisis económica que ha asolado nuestro país convirtió a España en un buque atracado en puerto, con numerosas e ingentes vías de agua. Era importante taponarlas para poder volver a navegar. Ahora bien, tan relevante era la labor de reparación y puesta a punto del casco, como la determinación del rumbo que el buque habría de tomar, así como sus sucesivas escalas.

Que a estas alturas estemos de nuevo liados con la unidad de España no hace sino evidenciar los muchos años que han sido tirados por la borda sin entusiasmar a los españoles con un proyecto en común, destacando lo que nos une, enseñando adecuada y correctamente nuestra historia en el último rincón del país, en definitiva, generando el pegamento necesario para el fortalecimiento de los pilares como nación. En lugar de ello, muchos ciudadanos asisten atónitos a debates sobre la existencia de supuestas razones identitarias en algunos territorios de nuestra geografía. He aquí la asignatura pendiente de los líderes. Seguimos sin encontrar la fórmula de ese pegamento que cohesione e ilusione al país en su conjunto, que nos anime a permanecer unidos y que garantice la invariabilidad de lo esencial, gobierne quien gobierne.

Es legítimo que la esencia de un programa político se centre en echar a unos para ponerme yo, en acabar de una vez por todas con la corrupción en la gestión de la cosa pública o en primar las excelencias de la gestión económica. Pero no es suficiente. Siguen siendo medios, sin que sepamos el fin último al que atienden. No conocemos en detalle el proyecto de sociedad que se persigue, ni el modelo de España, ni la historia que se pretende escribir.

Quizá a ese pegamento del que antes hablábamos se le pueda llamar regeneración. Ahora bien, mientras no se hable seriamente de la financiación de los partidos, mientras no se renuncie por éstos a cualquier forma de intervención en el Poder Judicial –en particular, al nombramiento de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial–, mientras se siga permitiendo que un alcalde, con un rotulador rojo, pueda variar el valor de un suelo, mientras, en suma, no se actúe con grandeza y no se devuelva a la política la dignidad que jamás debió perder, es de prever que tardemos muchos años en volver a encontrarnos a nosotros mismos.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.