La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, declaró hace un mes que «no actualizar el Estatuto y no culminar las transferencias pendientes podría suponer que el Estado ocupara nuestro espacio competencial». En tan solo dos líneas identificó los tres problemas jurídico-políticos que afectan al autogobierno, y que señalan responsabilidades muy diversas. Pero abordar el asunto únicamente desde esos tres ángulos, aun siendo imprescindible, reduce la realidad y el significado del autogobierno a una visión cuantitativa sobre el poder territorial. Es lo que objetan quienes subrayan la necesidad de un cambio cualitativo en clave más marcadamente soberanista o independentista.

Pero también cabe formular la crítica subrayando que el autogobierno realmente existente es mucho más que las transferencias asumidas, mucho más relevante que el déficit de las aún pendientes, y lo que fija los verdaderos límites a los intentos expresos o implícitos de recentralización. Si la foralidad contaba con fundamentos «intangibles» antes de 1979, resulta extraño que se soslayen los valores intangibles que ha ido acumulando la existencia misma de la comunidad política llamada Euskadi en más de cuarenta años de autogobierno estatutario.

El nacionalismo gobernante ha evitado apreciar el autogobierno realmente existente, en lo tangible y en lo intangible. En parte porque el mantenimiento de la utopía mientras administraba la cotidianeidad le aportaba réditos infinitos en cuanto a amplitud de onda. En parte por temor a anclarse tanto políticamente que acabara siendo un partido como cualquier otro en vez de un movimiento. En parte porque culturalmente le resultaba difícil laicizar la identidad admitiendo que la participación en los beneficios de la autonomía pudiera cobrar más sentido que la pertenencia a un pueblo diferenciado en permanente éxodo.

Euskadi no acaba de actualizar el Estatuto de hace más de cuarenta años porque sobre los más identitarios pesa el dictamen de que la fase autonómica está ya superada. Lo que provoca el paradójico efecto de su congelación. No culmina la asunción de las transferencias pendientes porque han sido cosificadas como objeto de una transacción imposible de zanjar satisfactoriamente. Y el Estado -incluido el Estado cuyo Gobierno central cuenta con PNV y EH Bildu para mantenerse- ocupa «nuestro espacio competencial» cada día de manera más intangible que tangible; porque el problema no está únicamente en la reversibilidad jurídica de la autonomía. Solo que ante la vertiente intangible de esa ocupación no hay recurso ni singularidad que valga.