ISABEL SAN SEBASTIÁN – ABC – 27/07/15
· La alcaldesa de la segunda ciudad española se fuma un puro con la Ley de leyes y aquí no pasa nada. Le sale gratis total.
EL busto de Don Juan Carlos retirado del Ayuntamiento de Barcelona era mucho más que una estatua de bronce. Mucho más que la efigie del Rey cuyo inmenso legado democrático, tan innegable como extraordinario en la historia de España, empequeñece cualquier sombra. Mucho más que un recordatorio de la Constitución bajo cuyo andamiaje legal hemos transitado en paz y libertad todos los españoles, empezando por los catalanes, desde 1978.
Más incluso que un objeto representativo de la Corona, símbolo de la inquebrantable unidad de esta Nación cuya propiedad indivisible reside en el pueblo soberano, donde debe permanecer para las generaciones venideras. La defenestración alegórica del Rey Don Juan Carlos en la Ciudad Condal es toda una declaración de intenciones cuya lectura rápida se resume en el siguiente mensaje: «Vuestro ordenamiento jurídico nos importa tanto como ese Estado de Derecho que no os cansáis de invocar en vano: una higa. Aquí se hace lo que a nosotros nos peta, que para eso hemos ganado las elecciones».
La amenaza se ha cumplido. Ada Colau aplica a su nueva faceta de alcaldesa la misma lógica seguida en su etapa de «okupa» y acata únicamente aquellas las normas coincidentes con su peculiar sentido de la «justicia», tal como advirtió que haría. La que le obliga a colocar el retrato del jefe del Estado en un lugar prominente del salón de plenos de su corporación, avalada por varias sentencias del TC, no entra dentro de esa categoría, por lo que sencillamente la ignora. La apoyan en ese desacato otras fuerzas empeñadas en dinamitar el sistema de garantías que nos cobija: Podemos, crecido a los pechos del populismo chavista, Ezquerra Republicana, flamante compañera de viaje de CDC en su deriva hacia ninguna parte, y algún grupúsculo satélite de estos hijos de la ira, padres de la demagogia. Partidos coincidentes en su interpretación perversa del concepto «democracia», vaciado de contenido hasta quedar reducido a una papeleta y una urna.
Como si el imperio de una ley igual para todos, especialmente vinculante en el caso de los gobernantes, resultase ser irrelevante frente a la voluntad variable de un determinado censo en un momento concreto. Como si tantos siglos de progreso en el empeño de establecer cauces legales para resolver conflictos de manera civilizada y cambiar las reglas de juego con arreglo a pautas conocidas, reguladas y asumidas por la mayoría de los ciudadanos, pudiesen ser borrados de un plumazo por el capricho de unos pocos individuos víctimas de un adanismo rampante. En coherencia con esa consigna marxista atroz, exhibida por Pablo Iglesias, según la cual «el cielo se toma por asalto»; es decir, por la razón de la fuerza, opuesta a la fuerza de la razón.
El movimiento antidesahucio que gobierna Barcelona se declara republicano y lo demuestra, respaldado por cuantos comparten esa militancia, rehusando otorgar al Rey el lugar y el papel que le atribuyen la Constitución Española. Este caso no va de bustos ni de retratos, sino de un desafío abierto al marco jurídico vigente. El mismo que impone el pago de impuestos y tasas, el cumplimiento de las normas de tráfico o el respeto por la propiedad privada. Si un ciudadano cualquiera deja de pagar a Hacienda, excede los límites de velocidad o roba una cartera, se enfrenta a las sanciones previstas en el código correspondiente. Si la alcaldesa de la segunda ciudad de España se fuma un puro con la Ley de leyes, incumple su juramento e incurre en la más descarnada arbitrariedad, aquí no pasa nada de nada. Le sale gratis total. Lo que significa que tenemos un problema, y de los graves.
ISABEL SAN SEBASTIÁN – ABC – 27/07/15