EL CORREO 30/11/13
· Interior afirma que la Ley de Seguridad Ciudadana garantiza «más y mejor» las libertades entre las críticas de jueces y partidos de la oposición.
Lejos de vulnerar libertades y derechos fundamentales, la futura Ley de Seguridad Ciudadana los garantizará «más y mejor». Así lo dijo ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras el Consejo de Ministros, que dio primera lectura al anteproyecto y que ahora será enviado los órganos consultivos del Estado antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Entre las nuevas faltas graves, sancionadas con entre 1.001 y 30.000 euros, figuran aquellas manifestaciones públicas que tengan como intención el incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana o ensalcen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo o la violencia contra la mujer. También se castigará como falta grave las ofensas a España y a las comunidades autónomas. Esto incluye símbolos o himnos. «Imagine una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias», ejemplificó el ministro del Interior. Eso sí, Jorge Fernández Díaz añadió que no se consideraría como falta una protesta pacífica contra alguno de estos sujetos.
Después de las fuertes críticas recibidas desde amplios ámbitos políticos y sociales tras darse a conocer la semana pasada el primer borrador del anteproyecto, Fernández Díaz llevó al Consejo de Ministros un texto considerablemente suavizado con respecto a su predecesor. A modo de ejemplo, en el anteproyecto aprobado hoy las faltas catalogadas como muy graves y sancionadas con hasta 600.000 euros se rebajan de las 21 iniciales a tan sólo seis.
El titular del Interior hizo mención expresa al derecho de manifestación, que, resaltó, no se verá de ningún modo amenazado por la nueva ley. Según dijo, seguirá regulado como hasta ahora por la ley orgánica de 1983, que obliga a que estos actos sean comunicados al Gobierno con antelación con el fin de garantizar su seguridad. La nueva norma sí establece un régimen sancionador escalonado para aquellas concentraciones que no hayan sido oficialmente anunciadas. De no cumplirse este requisito, se castigará con una multa leve de entre 100 y 1.000 euros a los promotores y asistentes de estas manifestaciones siempre y cuando no se generen disturbios. En un peldaño más arriba, se multará con entre 1.001 y 30.000 a los participantes de aquellas en las que se porten armas y, por último, la cuantía variará entre 30.001 y 600.000 en aquellas en las que se produzcan altercados.
Entre las novedades con respecto al primer borrador que se filtró también destaca la rebaja de falta grave a leve las amenazas o injurias que se lancen durante una concentración contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El mismo artículo castiga la difusión de imágenes de los agentes sin menoscabo, en todo caso, del derecho a la información. Fernández Díaz destacó que hasta ahora las Fuerzas de Seguridad no han contado con protección ante estas situaciones, por lo que incluirlas en la ley es, según afirmó, «justo, legítimo y necesario». La marcha atrás del Gobierno no ha gustado en asociaciones de policías y guardias civiles. Desde la Confederación Española de la Policía se llegó a preguntar que le parecería a Fernández Díaz que le «orinaran en los pantalones».
«Sembrar la inacción»
La presentación pública de la norma no hizo cambiar de opinión a la oposición socialista, que se mantuvo firme en su decisión de llevar la ley ante el Tribunal Constitucional si se aprueba tal y como está. En esta línea, el PSOE registró una moción en el Congreso para exigir al Gobierno la retirada del texto. Además, su secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hernando anunció la creación de un Consejo Federal de Derechos y Libertades, que consistirá en una plataforma integrada por miembros del PSOE y representantes de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las organizaciones de derechos humanos y de la universidad. Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, consideró la norma de «presión pura y dura». Lara auguró aún así que el PP no tendrá éxito en su intento de acallar a la sociedad porque «no se le pueden poner puertas al hambre».
La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria denunció a su vez el «uso ideológico y político» del Gobierno en la Ley de Seguridad Ciudadana, que «criminaliza administrativamente» la libertad de expresión y reunión de los ciudadanos. «Las sanciones son innecesarias y desproporcionadas», incidieron desde la agrupación. En esta línea, el Foro Judicial Independiente la mentó que el Ejecutivo de Rajoy «esté legislando en caliente» motivado por las manifestaciones de colectivos sociales.
EL CORREO 30/11/13