Más desmovilizados y más divididos. Así transcurrió la jornada de la conmemoración del 11 de septiembre en Cataluña que dejó en evidencia a un independentismo que no atraviesa sus mejores años pero que sigue suponiendo un foco de desestabilización. La Diada lleva ya tiempo fagocitada por el independentismo. Desde que sus promotores sustituyeron la ‘senyera’ por la ‘estelada’, expulsando de la escena a las fuerzas constitucionalistas. Pero no consiguen provocar el vuelco que pretenden. La fractura interna del secesionismo catalán va recorriendo una senda sin rumbo.

Sometido a la presión de Junts (desde dentro), la CUP (desde fuera) y ANC y Òmnium (desde las calles), el presidente de la Generalitat no vivió su mejor Diada. El ex preso Junqueras fue abucheado, de vísperas, y una imagen de Aragonès junto a Sánchez corrió la misma suerte que las fotos del Rey porque acabó entre llamas. A pesar de su división, la inflamación secesionista sigue con el suficiente peso como para diagnosticar que el problema con quienes quieren desconectarse del Estado sigue latente. A pesar del cansancio que ya provocan, como demuestran la pérdida de capacidad de convocatoria y de votantes. El bloque independentista es menor del que cuenta la propaganda. En las últimas elecciones, un 27% sobre el censo (es decir, sobre el conjunto del electorado y no solo sobre los que fueron a votar). Pero con la mayoría parlamentaria de la que disfrutan se permiten tener al gobierno de turno sometido a permanente chantaje. Han conseguido ya algunos trofeos de la mano de Sánchez pero no se fían ni entre ellos ni del presidente del Gobierno.

Con este ambiente de dobles recelos se celebrará esta semana la mesa de diálogo entre La Moncloa y la Generalitat. Pere Aragonès se la juega. Necesita arrancar cesiones a Sánchez para justificar su apoyo en el Congreso. Y necesita también que vaya el presidente del Gobierno para dar a ese foro la enjundia que contraste con el desprecio que le dedica Junts per Catalunya. El acuerdo fallido sobre la ampliación del aeropuerto le echaba por tierra el discurso del maltrato de España a Cataluña. Por eso se ha dejado arrastrar por la presión de los radicales que solo entienden como victoria el progresivo desmantelamiento del Estado en Cataluña. Pero tendrá que hablar de la amnistía y el referéndum, y ahí pinchará en hueso.

Sánchez también necesita a Aragonès. Por los votos de ERC en el Congreso. Pero precisa tomarse un respiro y distancia después de la concesión de los indultos. Su golpe de habilidad frenando la inversión de los 1.700 millones para ampliar el aeropuerto de Barcelona ha sido un mensaje. A ver si las encuestas dejan de castigarle. Sostiene que Cataluña está mejor desde que él gobierna.

A todo esto: la resolución de Estrasburgo sobre la actuación de la Policía el 1 de octubre de 2017, al archivar dos demandas contra España, les ha sacado los colores a un buen puñado de políticos.

A los nacionalistas que denunciaron los hechos hablando de represión como si vivieran en Venezuela. A Casado por dejarse llevar por la corriente en plena campaña electoral catalana. Y al presidente del Gobierno por no defender la necesidad de que la Policía actúe con proporcionalidad. No hubo vulneración de derechos y libertades en las cargas policiales. Las quejas son infundadas, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero qué poco se ha hablado de esta sentencia, ¿no?