ROGELIO ALONSO, EL CORREO 14/02/13
· El relato promovido desde las mismas instituciones refuerza el blanqueo de quienes justifican el terrorismo.
Honestidad para valorar lo que Jonan Fernández ha hecho desde que dejó HB». Esta era la petición del lehendakari tras criticar importantes colectivos de víctimas del terrorismo, PP y UPyD el nombramiento del nuevo responsable de Paz y Convivencia. La honestidad obliga a recordar que Fernández mantiene una interpretación de la realidad vasca que distorsiona las causas y las consecuencias del terrorismo, como evidencia su negativa a considerar a ETA como lo que evidentemente es y ha sido: un grupo terrorista. Parafraseando a Hannah Arendt, «describir los campos de concentración sin ira no es ser objetivo, sino indultarlos». Fernández complementa esa negación de los hechos objetivos con una supuesta equidistancia ante la violencia que realmente no es tal, pues bajo su pretensión de neutralidad subyace un posicionamiento injusto y perjudicial para las víctimas del terrorismo. Como indica Michael Ignatieff, «los pacificadores son imparciales por definición y no les compete establecer distinciones morales entre el agresor y la víctima, pero su sola presencia en la línea de demarcación ratifica de hecho las conquistas de los agresores e impide que las víctimas recuperen el terreno perdido».
El libro publicado por Fernández en 2006, ‘Ser humano en los conflictos’, reproduce esquemas similares, maquillando a ETA como un ‘bando’ con su ‘extremo’ opuesto: el Estado español. Su obra confunde el daño infligido a las víctimas del terrorismo con otros sufrimientos. Difumina las responsabilidades entre ‘unos’ y ‘otros’ transfiriendo la culpa por la continuidad del «conflicto» a actores democráticos amenazados por ETA que han rechazado diálogo y concesiones con los violentos que lógicamente legitimarían a estos. Se difuminaba así el fanatismo con el que ETA ha intentado imponer su ideario nacionalista. En su libro, como en otros pronunciamientos, abundan los eufemismos que borran y olvidan. Escribía Fernández: «Desde mediados de 1985 hasta la primavera de 1992, fui uno de los responsables de la Coordinadora Lurraldea, una organización social de ecologistas y afectados por el trazado de una autovía entre Navarra y Guipúzcoa que iba a atravesar zonas de alto valor ecológico y paisajístico. Lurraldea se oponía al trazado oficial de esta vía y proponía otras alternativas para la mejora de las comunicaciones viarias entre los dos territorios. Este conflicto derivó en una grave crisis política que terminó militarizándose. ETA intervino violentamente contra el proyecto y las obras fueron blindadas con personal de seguridad». Así desaparece la complicidad con ETA de Fernández, concejal de Herri Batasuna por Tolosa entre 1987 y 1991, periodo en el que ETA asesinó a más de un centenar de seres humanos, tres de ellos como consecuencia de la «intervención violenta» de la banda terrorista en el episodio de la autovía. Esa ‘revisión crítica’ de su pasado a la que aluden los defensores de Fernández es reveladora por su carácter selectivo y limitado.
La trayectoria de Fernández es consistente y sugiere que su nombramiento persigue imponer una narrativa nacionalista que afiance un relato sesgado de lo que el terrorismo ha supuesto. El relato veraz por el que los demócratas dicen abogar resulta incompatible con ese modelo en el que con tesón se trabaja desde ámbitos políticos y sociales. El escaso énfasis en aplicar coherentes contra-narrativas que contrarresten la estrategia desarrollada durante años por colectivos como los dirigidos por Fernández revela la ineficacia de quienes insisten en que ETA ha sido derrotada, pues la realidad muestra en el terreno ideológico significativos éxitos para la banda. La narrativa de la ‘reconciliación’ también propugnada por Fernández se va afianzando como una historia sencilla y con final feliz a través de eventos como el organizado por el Ayuntamiento de Rentería. Ese, como muchos otros, no deja de ser un acto de comunicación política con un propósito y unos actores. Partidos democráticos víctimas del terrorismo, convocados por quienes justifican su victimización, avalaron con su presencia la reproducción de ese relato que tanto dista del que dicen defender en público. Esa narrativa legitima a las ‘víctimas de los dos lados’, ‘las violencias de uno y otro signo’, la coacción que sostiene que la ‘paz’ y la ‘reconciliación’ exigen «respetar los derechos humanos» que las víctimas no respetan al ser «reticentes a solucionar cuestiones pendientes como la de los presos». De ese modo se prostituye la construcción de un relato justo, pues, como escribe Enrique Echeburúa, la exigencia de reconciliación supone la existencia del mal en dos partes enfrentadas, pero, ¿a quién ha ofendido la víctima para tener que reconciliarse?
Esa narrativa promovida desde las propias instituciones refuerza el blanqueo legal, político y social de quienes justifican el terrorismo, aportándole una peligrosa legitimación simbólica. Insuficiente resulta oponer una frágil contra-narrativa reducida a repetir el mantra de la derrota de ETA mientras se evidencian triunfos para el proyecto ideológico de quienes apoyan la violación sistemática de los derechos humanos y su impunidad política e histórica. Mientras unos comprenden perfectamente la importancia que la batalla de las ideas posee para legitimar el terrorismo y los esfuerzos que precisa, otros parecen haber renunciado a reconstruir un tejido social decisivo para abordar con determinación una labor de auténtica deslegitimación de ETA y de su proyecto político. Colectivos como la Fundación para la Libertad que podrían contribuir a articular una contra-narrativa que el Gobierno español dice desear, agonizan. A otros como Covite se les intenta neutralizar por denunciar la incoherencia entre promesas y hechos. Como escribió Milan Kundera, «el hombre queda separado del pasado (incluso del pasado de hace unos segundos) por dos fuerzas que se ponen inmediatamente en funcionamiento y cooperación: la fuerza del olvido (que borra) y la fuerza de la memoria (que transforma)».
ROGELIO ALONSO, EL CORREO 14/02/13