«Ñataluca»

Si alguien no podía ceder en modo alguno a la tiranía del pensamiento único nacionalista, ese alguien era el fiscal jefe

La interpretación sesgada e interesada que hace el nacionalismo catalán del término «democracia» es tan retorcida como el orden de las sílabas que dan título a esta columna. Están todas las que componen el nombre de Cataluña, pero colocadas de tal modo que resulta irreconocible. Lo mismo que hacen Junqueras, Mas, Navarro o el fiscal Martín Rodríguez Sol al pervertir los conceptos que dan sentido y contenido al modelo político que rige nuestra convivencia.

Se llenan la boca hablando de «derecho a decidir» y repiten machaconamente que el más ejemplar ejercicio democrático posible es consultar a la ciudadanía a fin de conocer su voluntad. Olvidan deliberadamente incluir en la ecuación una de sus variables sustanciales: el ámbito de decisión, que la Constitución, libremente refrendada por la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los catalanes, sitúa de forma inequívoca en el conjunto del pueblo español, titular de la soberanía nacional; es decir, de la propiedad del territorio español, indivisible e inalienable. Ésa es la primera y más grave perversión del término y su significado. La base sobre la que asientan el grueso de sus lamentos, proclamándose víctimas de un Estado despótico que les amordaza, cuando en realidad nunca en toda la Historia han sido otra cosa que parte constituyente de ese Estado o de uno de los reinos (el de Aragón) que se fusionaron para constituirlo hace ya más de cinco siglos.

Omiten de la ecuación el ámbito de decisión, lo que desvirtúa automáticamente uno de los pilares que sustentan el edificio democrático: La prevalencia de las decisiones mayoritarias sobre los deseos de las minorías, merecedoras de respeto y consideración, pero no de prevalencia. Algo que a ciertas minorías con tendencia a considerarse mejores que el conjunto les cuesta mucho aceptar.

Omiten de la ecuación el ámbito de decisión, desprecian la voluntad de la mayoría y suprimen la regla sagrada por la que se rige el sistema: La Ley, fuera de la cual no hay democracia posible, sino caos. Lo cual redobla la gravedad de la actuación protagonizada por Rodríguez Sol, cuya dimisión debería verse acompañada de alguna sanción suplementaria, habida cuenta de la gravedad de su conducta. ¿Quién es él para erigirse en consejero legal del secesionismo y asesorar a los separatistas sobre el modo de encajar a empujones un referéndum de autodeterminación en una legislación que excluye expresamente esa posibilidad? ¿Acaso no representa el Ministerio Público, es decir, los intereses generales de España?

Si alguien no podía ceder en modo alguno a la tiranía del pensamiento único nacionalista ese alguien era el fiscal jefe, porque su misión consiste precisamente en velar porque la Ley impere por encima de los intereses partidistas y las escaramuzas políticas. El hecho de que un jurista, miembro veterano de la Carrera, haya sucumbido al clima asfixiante creado por los autoproclamados «guardianes de las esencias patrias» demuestra el nivel de opresión intelectual que ha llegado a imponer el «régimen» vigente en esa comunidad autónoma desde los albores de la Transición. Y resulta tremendamente elocuente. Pero por más que insistan en sus verdades a medias, repitan sus tergiversaciones, perviertan los conceptos y retuerzan el lenguaje, la democracia es y seguirá siendo el gobierno que nace de la voluntad de la mayoría, libremente expresada en el marco de la legalidad. Como «Ñataluca» es y seguirá siendo Cataluña.