Naturaleza muerta

El proyecto de ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi que se ve estos días en el Parlamento pretende fijar el recuerdo de la «historia del pueblo vasco por sus derechos y libertades» en el periodo que va de la Guerra Civil hasta el final del franquismo. Ochenta y cinco años después de aquel golpe militar de 1936 y cuarenta y tres después de la Constitución que puso fin a la dictadura será difícil lograr la unanimidad de todos los grupos políticos. ¿Por qué? Porque el proyecto obvia el detalle de que, en el País Vasco, como en España, aquel movimiento faccioso y el régimen que instituyó tuvieron muchos seguidores, al punto de que todavía, después de tantos años, una cultura política -la derecha españolista- no se ha desasido de esa referencia, no la ha asignado a unos antecedentes de los que ya no se reclama, no la ha convertido en historia, irrelevante a los efectos de la competición política de hoy. A esa derecha le faltará la mención a los muertos que produjo el otro bando o pretextará lo inoportuno de este empeño recordatorio.

El recuerdo del terrorismo vasco y de sus víctimas, después de diez años del final de ETA, tampoco concitará la unanimidad en esta edición, y el Día de la Memoria volverá a reflejar la división política. ¿Por qué? Porque, aunque se reitere esa especie, el conjunto de la sociedad vasca no estuvo contra el terrorismo. Hay una cultura política -la izquierda abertzale- que no ha asumido que esos años de violencia fueron iniciativa y responsabilidad suya, que no ha afirmado con rotundidad que no se ve reflejada hoy en esa trayectoria, que, aun siendo de los suyos, los ve ya como fantasmas de una historia que nunca debió haber pasado y que hoy no merece el más mínimo reconocimiento. Si el Día de la Memoria es un poco exigente por ahí, este sector no estará presente; si no lo es, el ausente será el que cree representar a sus víctimas.

No hay «una historia del pueblo vasco por sus derechos y libertades» porque solo dos de sus cuatro culturas políticas se reconocen al completo en ese tracto histórico; las otras dos, una a cada lado, siguen viéndose ante un pasado aún vivo, todavía susceptible de ser reprochado al contrario e incapaz de someterlo a la historicidad, a no significar nada útil para el presente, a ser naturaleza muerta.

¿Cómo alcanzar la unanimidad? Tratando los dos casos por igual. El proyecto de ley citado afirma que su objeto «parte, retrospectivamente, de la Memoria Histórica, pero su mirada -y objetivo primordial- es, prospectivamente, la Democracia». ¿Y si dijera eso también cualquier normativa referida al pasado terrorista? ¿Que el objeto no es reconciliar a la sociedad, sino sanar el daño que aquel le hizo a la democracia (con minúsculas, mejor)? ¿Y si fueran capaces los dos textos de reconocer que hubo muchos tipos de víctimas, pero que solo las de los golpistas y las de los terroristas se provocaron para imponer sus proyectos políticos a la voluntad ciudadana?

Salirse de acertijos de ese tono no es sencillo: te delatas y te obligas. La otra posibilidad para la unanimidad conmemorativa es deslavazar hasta el extremo el significado y sentido del recuerdo, hacerlo inane, inservible. Entonces, si ya no le importa a nadie, irán todos, pero el gesto institucional no nos servirá a ninguno.