La sentencia no niega la posibilidad de que el Estado transfiera una competencia que ya desempeñan el País Vasco o Cataluña; lo que rechaza contundentemente es que se pueda llevar a cabo mediante un simple real decreto. El Supremo advierte de que solo existen dos fórmulas constitucionalmente legítimas para la cesión de esa atribución. La primera es reformar la Lorafna (o Estatuto de Autonomía de Navarra) para incluir entre las competencias exclusivas el tráfico. La segunda, aprobar una ley orgánica de transferencia (previstas en el artículo 150. 2 de la Constitución) de la competencia a Navarra.

Desde la óptica de una comunidad autónoma, la primera es siempre preferible a la segunda. Reformar un Estatuto requiere un procedimiento más complicado que sacar adelante una ley orgánica de transferencia. En el primer caso interviene necesariamente la comunidad autónoma, en el segundo no. La competencia que a una autonomía se le da por el 150.2 se le puede quitar de la misma forma. La asumida en su Estatuto queda mejor protegida. Ello explica que el Gobierno de Pamplona haya anunciado, como reacción a la sentencia del Supremo, que va a iniciar un procedimiento de reforma de su Estatuto para asumir la competencia con carácter «exclusivo».

Ahora bien, todo lo anterior es un enfoque jurídico formal que obvia las cuestiones materiales y sustantivas que subyacen en el fondo de la cuestión y que son las que habría que considerar en un debate sereno y racional. Lamentablemente en nuestro país el debate sobre las competencias nunca se ha planteado desde un punto de vista técnico y racional, sino en clave sumamente ideologizada y emocional. Lo ocurrido en Navarra es extrapolable a otras comunidades.

¿A qué preguntas inexcusablemente hay que dar respuesta para poder justificar el traspaso de una competencia? Son tres: ¿es necesaria?, ¿supondrá un ahorro en términos económicos?, ¿mejorará la calidad del servicio prestado al ciudadano? En el caso que nos ocupa, la respuesta a las tres preguntas es claramente negativa.

Por lo que se refiere a la primera, ninguno de los defensores del traspaso ha demostrado que plantee problemas el marco normativo actual, en el que Guardia Civil y Policía Foral velan conjuntamente por la seguridad vial en Navarra. Nadie ha acreditado la necesidad o conveniencia del traspaso para mejorar la situación actual. Y por decirlo con toda claridad: donde no hay un problema, el legislador no debe intervenir. En segundo lugar, dado que los recursos públicos son limitados y escasos, hay que demostrar que la competencia puede ser ejercida a un menor coste por la comunidad que por el Estado. En el tema que nos ocupa, el coste es menor si la competencia la ejerce el Estado. Baste señalar los costes de formación, equipos o instalaciones, que son notablemente inferiores por economía de escala en un cuerpo con decenas de miles de efectivos que en otro de reducido tamaño. La tercera cuestión tampoco tiene respuesta positiva. La atención prestada, la garantía de la seguridad vial y el servicio a los ciudadanos no experimentará un aumento de su ‘calidad’ por el hecho de que los efectivos de la Guardia Civil sean reemplazados por agentes autonómicos. El resultado será indiferente.

La atribución a Navarra de la competencia de tráfico con carácter «exclusivo» no es necesaria, no implica ninguna reducción de costes (al contrario, supondrá un aumento) y tampoco mejorará la atención prestada al ciudadano. La transferencia no se apoya por tanto en razones, sino en emociones. Emociones muy discutibles. Por un lado, un sentimiento identitario que potencia siempre lo que divide respecto a lo que une a los españoles. Por otro, una animadversión a las realidades e instituciones que contribuyen a la integración de España. La Guardia Civil es una de esas instituciones. Resulta comprensible que determinadas fuerzas políticas que defienden la desintegración del país apoyen la transferencia. Más difícil de entender es que lo hagan los partidarios de la vertebración, cohesión y unidad del Estado.