Mucho menos inteligible, en cambio, resulta la obstinación del Gobierno español para que las transferencias o los préstamos tengan un carácter incondicional: es decir, para que nos echen una mano a cambio de nada. Desde luego, si las condiciones que está planteando imponer Europa fueran dañinas para España y simétricamente provechosas para el bloque de los frugales, cabría seguir entendiendo que el Ejecutivo español se resistiera a aceptar alguna de tales exigencias y que, a su vez, los frugales nos las quisieran imponer: de nuevo, cada parte podría entender los intereses racionales de la otra y probablemente terminaría alcanzándose algún tipo de punto intermedio.

Pero las condiciones que, en última instancia, está promoviendo Europa son de dos tipos: por un lado, una agenda de reformas estructurales que eleve el crecimiento potencial de España; por otro, un plan creíble de ajuste presupuestario a largo plazo para estabilizar nuestro endeudamiento público en unas magnitudes que no hagan peligrar nuestra solvencia. Dos objetivos, por consiguiente, que deberían ser compartidos por cualquier Ejecutivo español no deliberadamente suicida (¿tiene sentido que un gobierno desee que su economía no crezca o que su sector público termine quebrándome?) y que tan solo benefician a los frugales de manera muy indirecta (cuanto más crezca España, tanto más podrán crecer ellos; cuanto más solvente sea España, menor dependencia exhibirá en el futuro de sus transferencias). No es que ellos se quieran aprovechar de nosotros: es que ellos nos exigen que hagamos aquello que resulta de nuestro interés.

De ahí que este punto de las negociaciones que resulte tan difícilmente comprensible y digerible para el bloque de los frugales. ¿A qué viene que España se rebele de un modo tan radical contra cualquier condición que le encomiende reformar su estructura productiva y ajustar a medio plazo su desequilibrio presupuestario? Como digo, incluso en ausencia de tales exigencias, debería ser el conjunto de nuestra clase política la que apostara decididamente por esas dos líneas de actuación. ¿Acaso nos negamos a obrar rectamente tan solo porque nos lo piden desde fuera?

No, si el Gobierno español se obstina en su oposición a las reformas estructurales y al equilibrio presupuestario no es por el interés del país, sino por puro interés partidista: la actual coalición adeuda muchos de sus apoyos a la demagogia anti-rescate que emplearon a partir de 2012 tanto PSOE como, sobre todo, Podemos. Tras años de ataques electoralistas a la austeridad o a reformas estructurales como la laboral, resultaría inasumible para parte de su electorado engañado el que ahora compraran la mercancía frugal que repudiaron entonces.

Por eso buscan evitar el memorándum de entendimiento: no porque Europa desee machacarnos y destrozarnos con un programa económico que carece de sentido para España, sino porque la coalición de Gobierno descansa sobre ciertos mitos fundacionales que ninguno de ambos partido se atreve a enterrar (en especial tras el batacazo de Podemos en Galicia y el País Vasco, con la consecuente necesidad de radicalizar de nuevo su mensaje para intentar engañar de nuevo a los votantes desafectos).

Si el Gobierno español se obstina en su oposición a las reformas estructurales y al equilibrio presupuestario, es por puro interés partidista

Pero siendo esa la razón profunda que impulsa la estrategia de Sánchez frente a Europa, resultará complicado lograr un entendimiento con el bloque de los frugales. Si, en definitiva, la oposición gubernamental a la condicionalidad de las ayudas se debe a los estrechos intereses electorales de PSOE y Unidas Podemos, lo que no debería hacer el gobierno holandés es destinar el dinero de sus contribuyentes a costear la campaña de demagogia anti-austeridad y anti-reformas de ambos partidos nacionales. Ni les conviene a ellos ni nos conviene a nosotros. Por paradójico que pueda sonar, Rutte está defendiendo en mucha mayor medida los intereses de los españoles de lo que lo está haciendo Sánchez: la batalla de este último es una batalla personalista por tratar de permanecer en el poder aun a costa de hiperendeudar a una economía esclerotizada.