Las últimas informaciones sobre el denominado ‘caso Kitchen’, al margen de las responsabilidades políticas y penales a las que pudiera dar lugar, ponen de manifiesto un problema estructural de nuestro sistema: la colonización de todas las instituciones y de los puestos directivos de la Administración del Estado por los partidos. La opinión pública ha tenido conocimiento de que presuntamente un grupo de policías llevó a cabo, por orden de sus superiores, operaciones de espionaje ilegal de Luis Bárcenas con objeto no de esclarecer sus eventuales delitos, sino de encubrir o destruir las pruebas que de los mismos pudiera conservar. Se trata de un hecho de suma gravedad: la utilización de las fuerzas de seguridad no para combatir el crimen, sino para obstaculizar la acción de la Justicia. Y la gravedad se acentúa por el hecho de que el entonces director adjunto operativo de la Policía pudo colaborar en dichas actividades ilegales. El lado positivo es que el Estado de Derecho funciona y se van a depurar las responsabilidades. Ahora bien, ¿cómo ha sido posible que esto ocurra? ¿Qué habría que hacer para evitar que se repita?

Esto ha ocurrido porque en España, a diferencia de otras democracias avanzadas (particularmente, las nórdicas), un cambio de Gobierno implica no solo la lógica sustitución de los ministros, sino también la renovación de otros muchos puestos directivos de la Administración civil y militar del Estado (desde hospitales y museos hasta la cúpula policial). Las distintas fuerzas políticas, cuando alcanzan el Gobierno, tienen la posibilidad de colocar a sus partidarios y a personas afines en multitud de cargos de libre designación, además de contratar a múltiples asesores. Esto, que resulta muy problemático en todos los campos, reviste mayor trascendencia en aquellas instituciones que para el correcto cumplimiento de su función deben observar una absoluta neutralidad política. Es el caso de las fuerzas de seguridad.

No resulta admisible que, como ocurre en España -y en otros países, puesto que es un problema bastante extendido-, cada vez que se produce un cambio de Gobierno este pueda renovar a toda la cúpula policial. El ministro del Interior puede destituir a los mandos operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por pérdida de confianza (recuérdese el reciente y controvertido cese del coronel De los Cobos por el ministro Grande-Marlaska). Esto explica, pero no justifica, que en ocasiones, y debido a este sistema de libre designación, los jefes superiores de las fuerzas de seguridad pueden tener un presentar partidista incompatible con su imprescindible neutralidad. El ‘caso Kitchen’ pone de manifiesto, además, que esa afinidad puede llegar incluso a que una mal entendida lealtad al partido prevalezca sobre la defensa de la legalidad y del interés general.

En este escenario, y para evitar que este tipo de comportamientos pudiera repetirse, resultaría imprescindible garantizar la neutralidad política de la cúpula policial. Para ello sería preciso desvincular el mandato de esta de la del Gobierno. Las jefaturas de las fuerzas de seguridad deberían cubrirse por estrictos concursos de méritos, renovarse escalonadamente y gozar de amplios mandatos (muy superiores a cuatro años) para desvincularlos de las legislaturas. Con ello, además de garantizar su neutralidad política, se reforzaría la confianza de los ciudadanos.

En Estados Unidos, por ejemplo, una ley de 1976 establece que el director del FBI sea nombrado por el presidente por un plazo de diez años (la ley se aprobó tras la muerte en 1972 de Hoover, que dirigió el FBI durante 37 años con ocho mandatarios distintos en la Casa Blanca). La neutralidad del FBI ha sido respetada por todos los presidentes, menos Trump.

La libre designación de puestos directivos y de personal de confianza convierte en cierta medida a los partidos en agencias de colocación y es incompatible con la necesaria profesionalización de la Administración. Lo estamos pagando en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Ni las comunidades autónomas ni el Estado disponen de un cuerpo técnico de élite, de profesionales de la gestión sanitaria, a los que encomendar estas tareas. Y aunque es cierto que en ocasiones se recurre a profesionales de prestigio, en otros muchos se recurre a personas sin competencia ni cualificación alguna, por razones de mera afinidad personal o partidista.

Y podríamos seguir. ¿Qué decir de las televisiones públicas? Cualquier parecido de nuestras televisiones con la BBC, paradigma de la excelencia y la neutralidad, es pura casualidad.

El reforzamiento de la profesionalización y neutralidad de todas las administraciones públicas (incluidas fuerzas de seguridad, televisiones, gestión sanitaria, etcétera) es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema político.