Así como los fuegos forestales «se apagan en invierno» con limpieza del monte y demás labores preventivas sobre el terreno, la sequía hay que combatirla cuando llueve, es decir, cuando los pantanos están llenos y hay tiempo para acometer obras, modernizar los riegos, construir conducciones, cerrar fugas y mejorar las redes de abastecimiento. Todo eso que el Gobierno no ha hecho en cinco años, los mismos en que tampoco ha levantado una sola de las viviendas que ahora promete como reclamo para incautos. Más bien se ha dedicado a lo contrario, a derribar represas, cancelar o aplazar trasvases ya aprobados, autorizar desembalses y, en algunos casos, aumentar por su cuenta el caudal ecológico de ríos como el Tajo. Sánchez puede añadir la sequía y el cambio climático a las calamidades externas sobrevenidas durante su mandato. Sin embargo, la política fundamentalista del ministerio de Teresa Ribera ha agravado la emergencia con sus prejuicios contra la actividad agraria y sus tabúes sobre la ingeniería hidráulica. Mucha ideología barata pero ni agua ni casas. Y ahora, en su perpetua búsqueda de coartadas para alimentar la maquinaria de propaganda, el sanchismo parece haber descubierto que todos los problemas medioambientales de España se deben al plan de reclasificación de regadíos en los alrededores de Doñana.

Ese proyecto puede ser, es de hecho, un error de Juanma Moreno, quizás en la dudosa elección de los tiempos y desde luego en el desdén al consejo de los expertos. Pero sólo eso. El propio presidente de la Junta ya ha mostrado su disposición a «darle una vuelta» a la idea tras comprobar las cerradas reticencias de Bruselas. La mantendrá durante el período electoral para granjearse la simpatía de los agricultores, en Huelva y en Andalucía entera, y luego ya veremos en qué queda. Lo que los socialistas tienen difícil de explicar son los años de permisividad con los pinchazos de acuíferos durante la etapa del ‘susanismo’ y la responsabilidad del actual Ejecutivo en la tardanza del trasvase de la cuenca del Tinto. De cualquier manera, la agitación de ese conflicto no va a tapar –o no debería– la gravedad de una situación que en otoño puede poner al país al borde del colapso crítico, con el campo baldío y la población urbana amenazada de cortes de suministro. Luego llegarán los lamentos por las subidas de precios derivadas de la situación agónica de ciertos cultivos especialmente afectados por el estrés hídrico. Y la trompetería oficialista encontrará excusas para el estado de alarma que late en los sectores de la economía primaria. Ninguna será la de una legislatura y media sin hacer nada, o peor, desarrollando una gestión (?) del agua inspirada en iluminaciones dogmáticas y en la esperanza providencialista de que ya lloverá mañana.