ABC, 07/11/12
La Generalitat «condena» a Ahmed, con trabajo, casado y a punto de ser padre, a la ilegalidad.
El celo de la Generalitat por exigir el catalán en cualquier ámbito tiene también entre sus víctimas a los inmigrantes. Como Ahmed —que no da su nombre por miedo—, un joven marroquí de 30 años que vive en una ciudad de la provincia de Gerona. Lleva siete años en España, cinco de ellos en Cataluña; trabaja de vigilante para una administración desde hace tres años; está casado con una joven magrebí con la que esperan un hijo y, a día de hoy, podría perderlo todo por no poder regularizar su residencia en Cataluña.
Ahmed lo intentó por la vía de pedir el arraigo social, pero la Generalitat, que tiene las competencias para tramitar este tipo de informes —aunque no son vinculantes y el Gobierno tiene la última palabra—, se la ha denegado. El motivo, según consta en su expediente: «Por no haber quedado acreditada suficientemente su integración social en tanto que no dispone de conocimientos lingüísticos mínimos suficientes en lengua catalana». Entiende y lee el catalán, pero no lo habla ni escribe.
En junio de 2011, la Generalitat asumió nuevas competencias en Extranjería. Entre ellas, la elaboración —que se delega en los ayuntamientos— de los informes para acreditar el grado de integración y acceder al arraigo social o a la renovación de la residencia temporal. Y entre los requisitos para validar dichos informes que la Generalitat acordó con los municipios el pasado marzo, está el conocimiento del catalán (y del castellano).
Centrifugar inmigrantes
«Yo creo que intentan desviar a algunos inmigrantes al resto de España con el pretexto del catalán», denuncia el abogado de Ahmed. Su cliente, un «sin papeles», se arriesga ahora a perder su trabajo, ya que su empresa ya ha sido multada tras una inspección por emplear a un «ilegal».
Ahmed está empadronado en España desde 2005 y tenía regularizada su situación hasta 2011, cuando no le renovaron la residencia tras ser condenado a una multa que se conmutó en trabajos para la comunidad por una denuncia. Su abogada de entonces no recurrió la decisión y, el de ahora, le sugirió que para volver a regularizar su situación optara por la vía del arraigo social. «¿Cómo iban a desarraigar a alguien que ya estaba arraigado?». Pero la Generalitat, de momento, se lo impidió con el informe desfavorable, que data del 3 de agosto.
Con la prudencia debida por no conocer en detalle el caso, fuentes de la Delegación del Gobierno recalcaron a ABC que ellos tiene la última palabra a la hora de otorgar los permisos de residencia. Es más: aseguran que desde marzo les han llegado «algunos casos» de informes desfavorables por lo del catalán y no se han tenido en cuenta. Porque, según recoge la Ley de Extranjería, se valora el «el esfuerzo de integración en su conjunto».
«Lo que pasa es que si pides cita a la Subdelegación de Gerona y dices que el informe de la Generalitat es desfavorable, no te la dan», denuncia el abogado de Ahmed. «Podemos protestar, pero si tardan mucho en darnos la razón, será demasiado tarde…».
ABC, 07/11/12