El agente de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional número Q145XXXX, acaba de solicitar al Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP), dependiente del Consejo General del Notariado, información sobre los movimientos societarios y patrimoniales de un ciudadano de nacionalidad venezolana residente en España (el ejemplo es real). La UCO sospecha que este individuo, a través de una mercantil, está blanqueando considerables cantidades de efectivo. En menos de un minuto el OCP le remite un fichero con todas las operaciones realizadas por tal sujeto en nuestro país.

Entre 2006 y 2025 el OCP ha contestado a más de 415.000 requerimientos de información de esta naturaleza. Mejorando cada año en calidad y agilidad. Ahora, hay quienes creen que esta mecánica está en riesgo. ¿La causa? El Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que plantea un cambio normativo de fondo: sustituir la escritura pública que hasta ahora se exige para la transmisión de participaciones sociales de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), por un documento privado  electrónico cuya inscripción ya no la harían los titulares ante notario, sino a distancia, mediante firma electrónica cualificada, y en una nueva sección “especial” en el Registro Mercantil.

El proyecto ha sido informado por cuatro órganos consultivos: la Comisión General de Codificación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Todos ellos han manifestado dudas y aconsejado cambios en el proyecto. La Comisión General de Codificación, en el informe que aprobó el pasado 10 de marzo, consideraba que este era “plenamente ineficaz para resolver el problema que parece motivarla”, esto es, la utilización delictiva de la opacidad societaria, y advertía del riesgo derivado de la supresión del control notarial de la legalidad.

Riesgo evidente

Por su parte, el CGPJ y el Consejo Fiscal coinciden en la alerta: el riesgo de eliminar la exigencia de escritura pública para transmitir participaciones sociales es evidente. En concreto, los fiscales señalan: “Un documento privado únicamente reflejará lo que las partes quieran que refleje, pero no quién ostenta en realidad la condición de socio y la titularidad real de la participación”. Y el Consejo de Estado no entiende que la reforma se limite a las SL y deje fuera a las demás sociedades, en contra de lo recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo dependiente de la OCDE que supervisa las iniciativas de los países miembros contra el blanqueo y el terrorismo.

Que sepamos, el Gobierno, a fecha de hoy, ha hecho caso omiso de las reclamaciones y sugerencias de estas cuatro instituciones. Y los registradores, inicialmente convidados de piedra en este nuevo choque de trenes institucional, defienden no solo su profesionalidad, como es lógico, sino también la eficacia contrastada de los instrumentos con los que cuentan, empezando por el Registro de Titularidades Reales (RETIR), al que las autoridades pueden acceder electrónicamente 24 horas al día 7 días a la semana.

“Disponemos de la infraestructura jurídica que permite reconstruir y contrastar cómo se llega hasta el propietario o controlador único”, afirman los registradores sin matices a quien quiera preguntar, además de reivindicar la eficacia del Centro Registral Antiblanqueo y remarcar que con la nueva ley el coste de formalizar este tipo de operaciones será mucho más barato.

Sospechas de parcialidad

Yo no pongo en duda lo que dicen ni los unos ni los otros. Doctores tiene la Iglesia. Con la somera descripción de este nuevo conflicto, de gran complejidad técnica, lo que pretendo es contextualizar un nuevo caso, y no menor, del desprecio de los contrapesos, y de la confrontación entre instituciones, ya sean públicas o privadas, que el Gobierno utiliza como método de gestión del poder. No sé si, como algunos se temen, este proyecto puede dificultar las investigaciones contra la corrupción de la UCO, la UDEF y la Fiscalía. O, por el contrario, según otros, la modificación que se propone “va a mejorar sustancialmente” la información disponible. Me limitaré a decir lo que sí sé.

Sé que es una irresponsabilidad, y un injustificable derroche de recursos y de energía, enfrentar en lugar de promover la colaboración entre las dos mayores redes de información patrimonial y societaria que, junto a la de la Hacienda Pública, existen en los países civilizados: notarios y registradores. Sé que es insostenible una utilización del poder que por sistema desoye en los asuntos políticamente delicados a los órganos consultivos. Y sé que, al igual que lo ocurrido con la llamada ley de nietos, parece más bien chulería y provocación que este cambio sustantivo de la norma lo haya propuesto alguien con un perfil que despierta lógicas sospechas de parcialidad.

Descripción de hechos: el 21 de noviembre de 2023 Óscar Puente toma posesión como ministro de Transportes. Tres semanas después, 6 de diciembre, el Consejo de Ministros nombra a otra vallisoletana, en su día fiscal jefe de esa provincia, y de nombre María Esther Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la antigua Dirección General de los Registros y el Notariado. Sustituye en el cargo a Sofía Puente, también fiscal de carrera y hermana del ministro.

Un gobierno con el crédito a cero

Con aquel relevo lo que se perseguía era sacar del foco mediático a la Puente fiscal. Tras inflar el censo, esta otra alteración legal a cargo de las mismas manos habría sonado a chulería irritante. En parte el objetivo se consigue. Pero solo en parte, porque la realidad es que todo queda en familia. Como Puente, Esther Pérez Jerez ha pasado por las fiscalías de Palencia y Valladolid. En términos profesionales, Esther, con cinco años más de antigüedad en la Fiscalía, es como su hermana mayor. Sintonía profesional, pero también personal y política. Pérez Jerez llega para terminar el trabajo de Puente. Y en eso está.

Una de sus primeras decisiones es acelerar lo que ya se estaba cocinando: el citado anteproyecto de ley –ya proyecto- de Integridad Pública. Nos han contado que de lo que se trata es de perfeccionar los instrumentos jurídicos contra el blanqueo en particular y la corrupción en general. Entonces, ¿por qué tanta alarma?; ¿a qué viene tanta preocupación de fiscales, jueces, fuerzas de seguridad, abogados y notarios?

Preguntas obligadas tras años de continuos estragos a la separación de poderes provocados por un gobierno que en el terreno de la lucha contra la corrupción hace tiempo que se quedó sin crédito.