Pruebe usted a entrar en una agencia de viajes y pedir que le cobre siempre lo mismo aunque suba el precio del billete, que le haga descuentos, que trabaje con el margen bien apretadito y que, ya que estamos, le mejore gratis el seguro. Luego me cuenta por dónde le han dicho que salga.

Si quiere aumentar sus posibilidades de éxito, no diga que es usted. Diga que viene de parte del Estado. Porque resulta que el Ministerio de Hacienda ha sacado a concurso el servicio de agencia de viajes para ministerios y organismos públicos. Valor estimado: 604,8 millones de euros durante 18 meses. No significa que el Gobierno vaya a fundirse mañana 605 millones cogiendo aviones, cosa que agradezco, porque bastante susto da ya la cifra sin necesidad de adornarla. Significa que ese es el valor estimado del contrato que debe gestionar todos los viajes de la Administración.

La licitación, sin embargo, ha terminado temporalmente en tierra. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la ha suspendido cautelarmente después de los recursos presentados por empresas y asociaciones del sector.

Las agencias dicen que los pliegos contienen unas condiciones económicas difíciles de explicar si uno conserva algún conocimiento rudimentario sobre cómo funciona una empresa. Denuncian precios y estructuras que pueden obligarlas a trabajar sin margen o por debajo de coste, descuentos obligatorios en determinadas tarifas aéreas y mejoras en seguros sin coste adicional. También cuestionan exigencias técnicas que consideran imposibles de cumplir y varias cláusulas por posibles conflictos con otras normas.

También quiere comprar barato

Todo esto tendrá que resolverlo el tribunal. No sabemos todavía quién tiene razón jurídicamente. Económicamente, sin embargo, el asunto tiene su gracia. Porque llevamos años escuchando que las empresas tienen que pagar mejor, cuidar al trabajador, invertir, modernizarse, digitalizarse, conciliar, ser sostenibles, responsables, inclusivas, competitivas y, a ser posible, felices. Todo maravilloso. Luego llega el Estado a comprar y parece el señor que entra cinco minutos antes del cierre preguntando cuánto le rebajas si se lleva tres.

El propio concurso valora los cargos de gestión, los descuentos en servicios aéreos y las mejoras de cobertura de los seguros. Y lo entiendo: el Estado también quiere comprar barato. Normal. A mí me parece estupendo que cuide nuestro dinero. Es más, ojalá mostrara semejante espíritu ahorrador con todo.

Lo fascinante es que la Administración parece descubrir las virtudes del mercado cuando paga y olvidarlas cuando cobra. A usted le explican que los costes suben. La electricidad sube, el combustible sube, los salarios suben, las cotizaciones suben, los impuestos suben y cualquier empresario que proteste debe comprender que mantener un país cuesta dinero. Luego el Estado contrata y quiere precios competitivos, descuentos, servicios añadidos y, según denuncian las agencias, condiciones que pueden comerse el margen empresarial. Pues hombre, alguna contradicción hay.

Un ataque de pereza

Me interesa especialmente esa parte porque el empresario en España vive en una especie de experimento sociológico. Cuando gana dinero, parece que lo ha encontrado debajo de una baldosa. Cuando pierde, es su problema. Cuando sube precios porque suben sus costes, es un especulador. Cuando no puede asumir las condiciones de un contrato público, siempre queda la incómoda sospecha de que quizá quería ganar dinero trabajando. Qué vicio tan feo.

El año pasado hubo ya problemas con otro proceso similar y aquel concurso terminó desierto porque no se presentaron ofertas. Este año hemos decidido probar otra vez y ahora tenemos varios recursos y una suspensión cautelar. Igual existe una remota posibilidad de que el problema no sea que todas las agencias de viajes españolas hayan sufrido simultáneamente un ataque de pereza. Tal vez sería conveniente sentarse algún día con la gente que tiene que prestar el servicio y averiguar cuánto cuesta realmente prestarlo. Sí, lo sé. Es una idea revolucionaria.

El Estado tiene una ventaja maravillosa cuando compra: el dinero no es suyo. Si consigue ahorrar, estupendo. Si diseña mal un concurso, se recurre, se suspende, se prorrogan contratos anteriores, se redactan otros pliegos y aquí paz y después gloria. El funcionario cobra, el organismo continúa funcionando y dentro de unos meses lo intentamos otra vez. Pero una empresa no dispone de esa comodidad. Si calcula mal durante suficiente tiempo, no presenta un nuevo pliego. Cierra.

Por eso me hace cierta gracia esta Administración que considera perfectamente asumibles todos los costes que impone a las empresas cuando toca cobrar y tan prescindible el margen empresarial cuando toca contratar y pagar. Quizá las agencias estén equivocadas y el tribunal concluya que los pliegos son impecables. Perfecto. Para eso está el recurso. Pero si al final resulta que contratar con el Estado exige trabajar por debajo de coste, hacer descuentos y regalar prestaciones, propongo extender el sistema:

Yo también quiero participar. En mi próxima declaración de la renta pondré que este año el precio de mis impuestos permanece fijo, aplicaré un descuento lineal del 20% y añadiré como mejora, sin coste adicional, mis mejores deseos para Hacienda. A ver qué les parece.