El Consejo General del Poder Judicial tiene su mandato de cinco años caducado desde el 3 de diciembre de 2018. Con objeto de «presionar» al PP para que pacte su renovación -hace falta mayoría de tres quintos-, la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno aprobó una ley que impide al CGPJ efectuar nombramientos de altos cargos judiciales una vez expirado su mandato. Esto ha provocado una situación muy grave, puesto que numerosas plazas vacantes del Supremo están sin cubrir, lo que causa un indeseable retraso en la resolución de los asuntos. Entre los nombramientos que se impide efectuar están los de dos magistrados del Constitucional que debieron realizarse el 12 de junio. En definitiva, la falta de acuerdo para la renovación de los vocales del CGPJ ha bloqueado a su vez la del Constitucional y ha determinado que no se cubran las vacantes del Supremo.

En este contexto de grave deterioro institucional, la presión sobre el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es máxima para que pacte con el Gobierno la nueva composición del Consejo y de esa forma puedan llevarse a cabo los muchos e importantes nombramientos pendientes de jueces del Supremo y el Constitucional. Ahora bien, conviene advertir del riesgo de incurrir en una renovación a cualquier precio. Es cierto que la no renovación del Consejo desde 2018 supone un incumplimiento grave de la Constitución, pero no mayor que el obsceno reparto de vocales que se produjo en 2013 (diez para el PP, siete para el PSOE y los tres restantes para CiU, PNV e IU).

Aquel reparto benefició al PP, fuerza mayoritaria en aquella legislatura. La mayoría parlamentaria actual aspira a una renovación que refleje la nueva correlación de fuerzas. Se busca un nuevo reparto tan inconstitucional como el anterior por contradecir expresamente la doctrina del Constitucional que prohíbe que el CGPJ se vea afectado por la lógica partidista.

Si mañana se renovase el CGPJ siguiendo esos usos perversos de politización partidista, nada habríamos ganado. El nuevo líder del PP debe ser consciente de que lo que está en juego es la dignidad de la institución -que debe ser liberada del yugo de los partidos que la han colonizado- y la imagen de independencia del Poder Judicial. Las instituciones europeas han reiterado que la independencia del órgano que nombra a los jueces -nuestro CGPJ- afecta a la imagen de independencia de estos y que por ello es preciso que la mayoría de los miembros de esos órganos sean elegidos por los propios jueces.

El pacto verdaderamente necesario consistiría en modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ -una reforma de la ley orgánica que se puede aprobar en dos semanas- y proceder a renovarlo después con arreglo al nuevo sistema. En definitiva, lo urgente no es renovar a cualquier precio, sino liberar el CGPJ de la lógica partidista.

A lo anterior se añade el embrollo de la renovación del Constitucional. La Careta Magna establece que se hará «por terceras partes» cada tres años. Los doce magistrados se dividen en tres bloques: los cuatro designados por el Senado, los cuatro nombrados por el Congreso y un último bloque integrado por los dos nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. La renovación parcial «por terceras partes» (artículo 159 CE) exige que entren los cuatro nuevos magistrados a la vez.

El ministro de la Presidencia lanzó el globo sonda de que el Gobierno nombraría a los dos que le corresponden, aunque el CGPJ no pueda hacerlo debido a la ley comentada (que debería ser anulada por el propio Constitucional). Sería otro atentado flagrante contra la Constitución: no cabe una renovación de solo dos magistrados.

En todo caso, tarde o temprano se producirá esta renovación de nuestro supremo defensor jurídico de la Constitución y es preciso advertir de que provocará un cambio relevante en la relación de fuerzas. Lamentablemente el Constitucional ha sido otra víctima de la voracidad partidista. La última renovación en la que el PP y el PSOE se repartieron sin ningún pudor los cuatro puestos nombrando a personas de indiscutible afinidad partidista supuso un durísimo golpe al prestigio del TC. En lugar de estar integrado por doce magistrados de absoluta independencia, los partidos han preferido optar por candidatos afines y no de consenso. La actual mayoría de siete frente a cinco que beneficia a las fuerzas conservadoras se invertirá.

A todo lo anterior se podría objetar que es normal que así sea. Si cuando la derecha tenía mayoría en las Cortes logró proyectarla sobre el CGPJ y sobre el TC, ahora sería el turno de la izquierda. Sin embargo, esta ‘normalidad’ es incompatible con la necesaria independencia de unas instituciones imprescindibles para garantizar la libertad.