José Vargas, LA RAZÓN, 14/2/12
En este contexto de gran presión mediática, le pediría al Constitucional que, a la hora de interpretar el texto de la Constitución y la voluntad de todos los demócratas que la ratificamos, tuviera en cuenta que la sociedad española comparte la finalidad de reinserción de los delincuentes, pero se estremece si detecta que un terrorista o un violador de niños aprovechan el marco legal que nos hemos dado para burlarse de nuestro Estado de Derecho. No es aceptable que el despreciable preso Zubieta, el que dijo aquello de que la Guardia Civil utiliza a sus hijos como «escudos humanos», pretenda ahora que una torpe interpretación de la Carta Magna implique penas irrisorias por cada uno de sus asesinatos. Si se llega a aplicar este criterio punitivo, a lo mejor se apunta más de uno, por lo que nos aguardará un futuro lleno de sangre.
Las víctimas del terrorismo en general hemos ejercido una función fundamental en la contención del odio y la venganza. Para ello, hemos utilizado como argumento la consolidación del sistema democrático, el Estado de Derecho y la Justicia. Es más, son testimoniales las actuaciones revanchistas protagonizadas por víctimas del terrorismo contra quienes les han roto las vidas o contra su entorno.
Los familiares de los asesinados –por respeto a los mismos– tienen el deber de intentar que los asesinos estén en las condiciones más duras dentro de lo legalmente posible. Por ello, no es legítimo que, cuando estamos celebrando la situación de asfixia total en la que actualmente se encuentra ETA gracias a la eficacia policial y judicial, se quiera tener una especial sensibilidad con quienes nos han matado a la familia, y mucho menos que se nos pida a nosotros que «bajo determinadas condiciones lo aceptemos».
Podemos exigir al Gobierno que detenga y encierre a los terroristas, que es lo que hemos hecho siempre y seguiremos haciendo, y a la Justicia y al Tribunal Constitucional, rigor sin contemplaciones.
José Vargas, LA RAZÓN, 14/2/12