EL PROCESO de integración judicial en territorio comunitario recibió ayer un varapalo con la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de limitar la extradición de Puigdemont por el delito de malversación, descartando así el de rebelión. Resulta inaudito y lamentable que esta Corte se permita entrar en el fondo de la acusación cuando debería limitarse a calibrar la equivalencia de los delitos argumentados por el juez Llarena. Esta resolución pervierte el funcionamiento de la euroorden, un procedimiento pensado no para enjuiciar a fugados como el ex president sino para facilitar la cooperación judicial entre Estados miembros de la UE.

El Tribunal Supremo no aceptará la entrega de Puigdemont solo por malversación. El juez Llarena baraja ahora dos opciones: retirar la euroorden o elevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE para consultar al máximo intérprete de la normativa europea si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite una actuación como la de Schleswig-Holstein. En todo caso, el veredicto hecho público ayer es firme y, por tanto, no cabe recurso. Pese a la contundente documentación remitida por Llarena, los magistrados alemanes consideran que no se produjo el grado de violencia «suficiente» durante el golpe perpetrado el pasado octubre. Por tanto, no ven equivalencia con el delito de alta traición recogido en el artículo 81 del Código Penal alemán. Esta posición es tan incomprensible como la inadmisión del delito de perturbación del orden público. Asimismo, el hecho de que los magistrados nieguen que Puigdemont ejerciera de «líder espiritual» de la asonada secesionista y consideren que éste tan solo quería «negociar» con el Gobierno no puede considerarse más que un insulto a la inteligencia. Primero, porque Puigdemont fue el principal instigador del proceso soberanista en calidad de presidente de la Generalitat. Y, segundo, porque no solo es que buscara la secesión sino que se atrevió a proclamarla de forma unilateral el 27 de octubre.

Mientras el independentismo arremete contra la Justicia española, el Gobierno acepta mansamente juzgar a Puigdemont por un delito menor. Sánchez afirmó que las sentencias no se califican sino que se respetan, lo que contradice su conducta en casos como el de La Manada, donde no ha evitado posicionarse. La realidad es que los líderes del procés encarcelados no son presos políticos, por mucho que Torra lo repita de forma machacona. Tampoco hay razón para desconfiar de las garantías procesales que ampara nuestro Estado de derecho. Por tanto, el Gobierno no puede enmudecer cuando se pone en entredicho el sistema judicial. Puigdemont no quería negociar nada. Se alzó contra el orden constitucional, lo que constituye un delito gravísimo que no puede quedar impune.