Pregunta.–Después de varios días de gran actividad de la Fiscalía frente al 1-O, no se impidió el gran mitin de inicio de campaña. ¿Por qué?
Respuesta.–La Fiscalía ha adquirido en este asunto un protagonismo que aceptamos porque es nuestra obligación, pero es que muchos piensan que la Fiscalía es la gran solución, que vamos a ser como Superman y vamos a impedirlo todo. La Fiscalía tiene sus competencias, que consisten en dar instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para que utilicen todos los medios posibles para recabar los efectos de delitos cometidos e impedir que otros nuevos se lleven a cabo. Luego les corresponde a ellas en cada supuesto gestionarlo como mejor puedan o sepan. En un acto multitudinario nosotros no tenemos preparación para decidir cómo actuar. Son ellas las que tienen que decidirlo. Sus razones tendrán. En estos momentos es importante ser proporcional y no llevar a cabo actuaciones en las que sea peor el remedio que la enfermedad.
P.–Es decir, que ahora estamos en el terreno de que las Fuerzas de Seguridad asuman su cometido.
R.– La estrategia de mantenimiento del orden público corresponde a la policía gubernativa. La Fiscalía apoya, estamos obligados a reaccionar ante la comisión de delitos y hemos valorado que el acto de Tarragona puede ser un delito muy grave de malversación.
P.–Pero ese argumento, el del peligro de orden público, se va a poder aplicar a casi cualquier concentración o al propio 1-O.
R.– Es distinto. Mientras que esto son reuniones que están en el marco de un comportamiento ilegal continuado, pero que no contribuyen directamente a la organización del referéndum, el 1-O ya sería un acto ejecutivo nuclear y ahí ya se va a actuar con más energía. Llegado ese momento –que creemos que podemos evitar–, el impedimento tendrá que ser más enérgico.
P.– Los ciudadanos observan cómo dirigentes políticos que han cometido un delito se mantienen en la reiteración delictiva. ¿El Estado de Derecho no puede impedirlo?
R.– No sólo hay que decidir si se impide o no, sino cómo se impide, si se actúa con la prudencia y la proporcionalidad necesaria. Y eso no nos corresponde. Los fiscales lo que hacemos es, una vez que se produce el hecho delictivo, aplicar la ley y buscar responsables. La Fiscalía tiene que dar la voz de alerta. Estos señores buscan una reacción del Estado desproporcionada, que a ellos les vendría muy bien. Son conscientes de que esta situación que están provocando, al final de los finales, antes y después del 1 de octubre, no tiene salida, y a ellos les gustaría que el Estado tomase una reacción desproporcionada, y hay que actuar con prudencia.
P.– La malversación conlleva cárcel y, por tanto, posibles medidas cautelares de prisión.
R.– Se podría pedir, legalmente sería posible, pero primero hay que ver el resultado de las diligencias de investigación. Después veríamos si se dan los requisitos. El primero, de que el delito conlleve prisión, ya se da, pero hay otros requisitos, como impedir la reiteración delictiva. Si llegado el momento vemos que es necesario y conveniente, lo haríamos. En este momento, lo que prima es la energía y la firmeza en la defensa de la ley, pero también la prudencia. Nosotros actuaremos escalonada y gradualmente.
P.– Por ser concretos, ¿se contempla el arresto del presidente Puigdemont si persiste en la reiteración delictiva?
R.– Se podría considerar, porque el objetivo principal es impedir que se celebre el referéndum. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias cosas a considerar, pero el tema de pedir prisiones yo no lo excluyo en absoluto. Tampoco digo que se vaya a hacer antes del 1 de octubre. Podría darse la hipótesis llegado el momento. Que sea más razonable hacerlo ahora o después, dentro de una estrategia general que es impedir el referéndum, habría que verlo. A lo mejor hay algunas medidas que no son imprescindibles ahora y que son más negativas que positivas.
P.– Está introduciendo un criterio de coste de oportunidad.
R.– Una estrategia, una estrategia general que consiste en no cometer ningún error por las provocaciones que podamos sufrir y centrándonos en los objetivos principales, que son que se mantengan el orden público, la paz y la tranquilidad, y que no se celebre un acto ilegal. Si se llega a celebrar, hablaríamos de otras cosas. De entrada, de la presentación de nuevas querellas, de la posibilidad de pedir medidas cautelares y de la celebración de juicios y la imposición de condenas.
P.– ¿Es posible suspender al Govern dentro de la vía penal?
R.– No podemos. Lo hemos estudiado, pero el criterio de la Secretaría Técnica es que no cabe en nuestro ordenamiento pedir la suspensión de un cargo público.
P.– ¿El Estado de Derecho, por restricciones como ésta o como alguna otra, como la pena que existe para el delito de desobediencia, ofrece armas suficientes para enfrentarse a una insurrección?
R.– Efectivamente, el Derecho Penal tiene armas. El asunto es cómo gestionar esas soluciones desde el punto de visto preventivo. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo. A los ciudadanos les transmitiría que estén tranquilos, que esperen y que se va a impedir el referéndum. Y todos los actos de preparativos recibirán su respuesta en los tribunales. El 1 de octubre es en lo que tenemos que estar, en que ese referéndum no se celebre. Hay que ponderar si otras decisiones benefician ese objetivo o si distraen e introducen alteraciones que lo hacen peor.
P.– ¿Tienen previsto que se tome declaración al Govern en los próximos días? ¿Van a instar un plazo?
R.– Tenemos que estar a lo que establezca el juez de instrucción. No nos hemos planteado dirigir un escrito pidiendo prisa, no nos debemos obsesionar con actuar con rapidez, sí con energía y con firmeza. En el caso de los alcaldes, sí son diligencias de la Fiscalía. Como han realizado un acto que es ilegal ya, al haber firmado un decreto poniendo a disposición locales para el referéndum, los llamamos rápidamente a declarar también para impedir que consumen ese propósito.
P.– Hay más de 700 alcaldes investigados. ¿Han valorado el coste social de su eventual inhabilitación?
R.– No podemos hacer esas valoraciones sociales. Yo me encuentro con un posible delito, al firmar ese decreto, y veo que no lo ha hecho uno, sino 700. No podemos hacer excepciones, podemos establecer criterios en cuanto a la celeridad, procurar empezar con los de mayor población, que son actuaciones más graves, pero más allá de ahí yo no puedo hacer distingos porque rompería el principio de igualdad. Si afecta a muchas personas, pues yo lo siento. Se dice que son alcaldes elegidos por el pueblo. Por favor, nadie tiene privilegios de esa clase. Me veo obligado por la ley.
P.– Usted en su primera comparecencia pública sobre el 1-O habló de desobediencia, prevaricación y malversación, y dijo «al menos». ¿Qué otros delitos tenía en mente?
R.– Hay delitos más graves si se da el salto ya a la violencia. Podría estarse hablando de delitos de sedición. Eso está en boca de todos y es un tipo penal que hasta ahora es discutible, pero por desgracia está en el posible horizonte si, como dice el Código Penal, se produce violencia o una actuación tumultuaria. Si vemos en un momento determinado que se está cometiendo, no tendremos duda ninguna. En ese caso, creemos que el tribunal competente sería la Audiencia Nacional.
P.– La alcaldesa de Barcelona dijo que va a permitir que se vote. Usted cursó una instrucción a la Guardia Urbana para impedir el 1-O. Si no la cumple por orden de la alcaldesa, ¿estaríamos ante un posible delito?
R.– Sí, estaríamos ante un posible delito, sin lugar a dudas. Pero una cosa es que ella diga que lo va a permitir. Habrá que ver si lo permite o si los actos que realiza son nucleares o esenciales. Hay distintos grados de participación en el delito, están los autores, los cooperadores necesarios, los cómplices y luego están los que sólo aplauden. No sabemos aún qué va a hacer esa señora. Puede decir que sí que lo va a permitir y luego al final no hacer nada.
P.– ¿Tienen la confirmación de que la procedencia del dinero para el referéndum es pública o de alguna entidad privada?
R.– Imaginamos que es dinero público, bien porque sea dinero de titularidad de la administración o porque sea dinero de alguna organización, fundación o asociación que recibe subvenciones, en cuyo caso eso se considera a efectos penales también dinero público. Si luego se demuestra que han sido unas personas privadas de su propio peculio, tendrán responsabilidad por supuesto pero no sería malversación, sino una cooperación necesaria en una desobediencia.
P.– Los independentistas alegan que el derecho internacional permite el referéndum.
R.– Hay muchas personas en Cataluña que para mí están engañadas. Es rotundamente falso. El otro día alguno de los responsables catalanes comparaban su caso con el de Lituania en entreguerras. Yo sinceramente tengo que decir que es inmoral comparar esos sufrimientos por represión y de torturas con la situación de Cataluña. Decir que es lo mismo y que tiene la misma justificación para pedir su independencia me parece una flagrante mentira.