EN LO QUE respecta al desafío separatista, el Gobierno de Pedro Sánchez se parece cada vez menos a la oposición de Pedro Sánchez. No hace tanto que el hoy presidente se retrataba con Rajoy, ofreciendo la foto de la responsabilidad de Estado frente al plan segregador. Aquel Sánchez incluso reclamaba una actualización del delito de rebelión que reconociera que hoy es posible dar un golpe –y tipificarlo como tal– sin recurrir a la violencia de añejos espadones. Aquel Sánchez llamaba racista y supremacista al mismo Torra al que se dispone a recibir en Moncloa, y le comparaba con Le Pen con una precisión fundada en los propios escritos de Torra.

Pero este Pedro Sánchez aupado al poder con los votos –entre otros– de los separatistas es ya otro Pedro Sánchez. Importa poco que su mutación la haya producido la liquidez ideológica, la insinceridad de su compromiso con el 155 o el puro instinto de supervivencia que le obliga a depender, para agotar la legislatura –contra lo que prometió durante la moción–, del voto de quienes le hicieron presidente. Esa misma suma ayer permitió al Grupo Parlamentario Socialista renovar a su gusto el Consejo de RTVE, después de coprotagonizar con Podemos varias jornadas de bochornoso enjuague para hacerse con su control. Los socios de censura del presidente ejercen a diario sobre él un chantaje indisimulado. Claro que un chantaje solo es eficaz si el chantajeado es lo suficientemente débil como para tener que aceptarlo o bien convocar elecciones. Pero cuando está en juego la integridad de la Nación y la supervivencia del orden constitucional, toda cesión traiciona la historia del PSOE, la postura previa de Sánchez y a los ciudadanos.

Los españoles no entienden que en el mismo día el ministro de Exteriores, Josep Borrell, explique que no solo no hay hipoteca alguna que pagar a los separatistas sino que ha propuesto la réplica de Pedro Morenés a las injurias de Torra como modelo para el resto de diplomáticos; y que luego la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, declare que Torra tiene derecho a hablar «de todo» con el presidente del Gobierno –incluyendo la autodeterminación– y que Cataluña «exige una respuesta específica», ajena a las normas que rigen para cualquier otra autonomía. Semejantes palabras en boca de una ministra de España conceden una victoria política a los independentistas: legitima su marco discursivo quien más celo debería poner en combatirlo. Torra avisa de que viene exclusivamente a pactar el referéndum de autodeterminación y a exigir el archivo de la causa por rebelión. Los políticos presos han sido acercados a un mismo módulo penitenciario en Cataluña, donde quedarán al cuidado de un conseller independentista. La distensión siempre llega del mismo lado, mientras el secesionismo, envalentonado, cruza líneas rojas y consolida posiciones aprovechando el terreno cedido por este Gobierno.