CUALQUIER VISITANTE desinformado que estos días siga atento nuestros informativos podría llevarse la injusta impresión de que la corrupción forma parte del Spanish way of life. No es lo que creemos en Ciudadanos, en absoluto, de ahí que nos duela especialmente esa foto trimestral del CIS identificando a la corrupción como la segunda preocupación de los españoles, sólo superada por el desempleo. Por eso mañana llevaremos al Congreso de los Diputados una Ley Integral de Lucha Contra la Corrupción, una ley que trata de dar respuesta a esa preocupación ciudadana y hacer real y tangible el título de este artículo.
La corrupción es una enfermedad cronificada, un lastre moral que ha contribuido, escándalo a escándalo, titular a titular, a minar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus políticos. Es, en buena medida, la responsable de una desafección que tiene mucho que ver con el descrédito de nuestra democracia representativa y el crecimiento del populismo. Pero es también un lastre económico que afecta a nuestra productividad por la vía de la mala gestión y asignación de recursos o la falta de eficiencia de nuestras instituciones. Un reciente estudio del Banco de España concluyó que sin corrupción nuestro PIB, hoy, sería un 20% mayor.
Razones más que suficientes para abordar la corrupción de forma urgente, integral y eficaz. Algo que debiera ser un objetivo compartido por todos, un verdadero reto de país. Habrá quien piense que se trata de una misión imposible, pero el primer paso para atajar la corrupción es desmitificarla. La corrupción no es una hidra invencible y tampoco es una maldición eterna que los españoles debamos, orteguianamente, «conllevar». Contra lo que algunos piensan, el espíritu de Rinconete y Cortadillo no forma parte de nuestro ADN. Por otra parte, la experiencia de otros estados nos demuestra que es posible acabar con las malas prácticas en la Administración pública y lavar por completo la cara de un país. Para ello se precisa, eso sí, de una voluntad política indesmayable a prueba de sectarismos. Mañana será una oportunidad magnífica para comprobar si nuestro plural Congreso tiene a mano esa herramienta.
Así pues, la tarea que se nos presenta es ardua pero posible e involucra acciones amplias que han de ir más allá de la pura judicialización de la vida pública. Un poder judicial independiente, dotado de los medios materiales y humanos necesarios, y las estructuras organizativas de las que todavía hoy no dispone resulta imprescindible. Pero una democracia fuerte y sana no puede vivir parapetada tras juzgados y tribunales, los políticos no podemos subcontratar con la Justicia la tarea de limpiar nuestra vida pública. Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha, dispuestos a asumir sus responsabilidades políticas sin dilación. Y no, no es suficiente con la aplicación del Código Penal, debemos subir el listón de la exigencia moral. El servicio público no es una actividad cualquiera y debe llevar aparejada una ejemplaridad, integridad y proceder ético singulares.
Es por ello que la propuesta de Ciudadanos se basa en tres principios para un círculo virtuoso: más transparencia, para que la corrupción encuentre menos resquicios y mayores riesgos; más responsabilidad, para favorecer la rendición de cuentas; y mejores controles, para acotar la discrecionalidad política.
La proposición de ley de Ciudadanos se traduce en un decálogo de medidas y reformas concretas cuya eficacia ha sido demostrada en otros países. Hace especial hincapié en la protección de los denunciantes cívicos. Con frecuencia, los funcionarios y trabajadores del sector público temen denunciar las malas prácticas por las posibles represalias laborales o personales. Ciudadanos quiere que los funcionarios sean los guardianes que velen por la integridad en la Administración pública y, por ello, quiere proteger a los denunciantes de la corrupción a través de mecanismos eficaces que generen confianza, garantizando su confidencialidad y procurándoles seguridad laboral.
La proposición también plantea la inelegibilidad y el cese de cargos públicos y cargos electos encausados por corrupción, una regla no escrita básica en cualquier democracia. Desgraciadamente, en España tendrá que ser positivizada para acabar con el reguero de excusas, excepciones y casuísticas que han convertido a la responsabilidad política en pura quimera. Además, introduce medidas de transparencia y regula, por fin, el sector del lobby, estableciendo un registro único y obligatorio para los grupos de interés, con una regulación que normaliza y saca de las sombras a un sector absolutamente normal y legítimo en todos los países de nuestro entorno. También tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, hasta ahora inexistente en nuestro ordenamiento, para quienes experimenten un crecimiento injustificado de sus bienes en el ejercicio de su cargo. Nunca más un cargo público podrá decir aquello de que no sabe cómo llegó ese Porsche hasta su casa.
También prohíbe los indultos por corrupción, tema que el Congreso abordó la pasada semana en el Pleno, poniendo fin a una triste tradición de autoabsoluciones y perdones mutuos protagonizada por PP y PSOE durante 30 años. La proposición de ley de Ciudadanos, asimismo, elimina los plazos máximos para la instrucción penal, que en el caso de procesos con tramas complejas, frecuentemente con ramificaciones internacionales como suelen ser los que se refieren a tramas de corrupción, y mientras nuestros jueces no dispongan de los medios y las ayudas necesarias, pueden conducir a la impunidad y la injusticia.
OTRO ELEMENTO importante de la ley es el que establece la responsabilidad patrimonial de los partidos por los delitos cometidos por sus miembros. Esto significa que, una vez se apruebe, las formaciones ya no podrán mirar para otro lado mientras algunos de sus integrantes cometen irregularidades. Se acabó la recurrente excusa del tesorero que actuaba por su cuenta. Ahora estas formaciones serán también responsables, lo cual introducirá incentivos positivos para la persecución de la corrupción en las filas de los partidos. Por último, un asunto absolutamente sensible: la proposición elimina la libre designación para los secretarios e interventores de la administración local, reforzando la independencia y capacidad de control de estos cuerpos técnicos de habilitación nacional precisamente allí donde la corrupción más se ha extendido al calor de la laxitud urbanística de un poder político que ha dispuesto de un alto grado de discrecionalidad.
Ciudadanos llegó a las instituciones con un propósito inquebrantable de regeneración institucional, que quedó rubricado en nuestro programa electoral, así como en los acuerdos de gobierno e investidura suscritos con PSOE y PP respectivamente. Esperamos recoger los primeros frutos de ese compromiso viendo cómo el Congreso respalda la tramitación de nuestra Ley Integral Contra la Corrupción. Nos alegrará poder decir que los tiempos han cambiado y que, pronto, ya nadie tendrá dudas de que España ya no es un país para corruptos.
Albert Rivera es presidente de Ciudadanos e Ignacio Prendes es diputado de C’s y vicepresidente primero del Congreso.