ABC 30/05/17
EDITORIAL
· El Gobierno está obligado a frenar la escalada virulenta de amenazas de los separatistas para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución y garantizar la unidad de España
EL presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiso ayer dar un impulso definitivo hacia el abismo o hacia el mal llamado «choque de trenes», porque si Cataluña convoca una consulta ilegal, no chocará más que contra un muro férreo, el del Estado de Derecho. Es impensable que las instituciones catalanas impongan por la fuerza a más de la mitad de sus ciudadanos un referéndum ilegal, y al resto de los españoles una declaración unilateral de independencia, pisoteando la Constitución. El presidente del Gobierno, que ha endurecido su tono frente al chantaje separatista en las últimas fechas, ya no tiene más remedio que asumir que el Estado deberá emplear cualquier tipo de defensa legítima frente a una agresión como la que ayer planeó Puigdemont con ERC y la CUP.
El independentismo ocasiona un daño irreversible a los catalanes porque, más allá de sentimientos, lo que se propone en una vulneración flagrante de su régimen de libertades, una exclusión del resto de españoles con derechos jurídicos y morales sobre la integridad de su propio territorio, y un desprecio absoluto a la ley. En estos términos se dilucida la dramática situación a la que nos abocan a todos los españoles Artur Mas, Puigdemont, Junqueras y la larga lista de dirigentes irresponsables que pretenden convertir su ensoñación de una Cataluña separada en una auténtica ruina para sus ciudadanos.
Así, la obligación del Gobierno pasa por frenar esta escalada virulenta de advertencias y amenazas para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución y garantizar la unidad de España. Su obligación, tenga el coste que tenga, es también moral, porque no se pueden hurtar derechos y conculcar libertades de una mayoría para satisfacer meros sentimientos de una minoría, por muy conflictiva y convulsa que resulte la solución. Legitimar emociones permitiendo el incumplimiento de la ley sería tanto como delinquir. De hecho, no se trata de recurrir a más análisis simplistas, ni recordar con retórica que nunca se habría llegado a este extremo si el Gobierno hubiese «hecho política». Nada se puede dialogar o pactar con quien nada quiere hablar. Es evidente que Zapatero erró al poner en duda el significado real de la nación y que abrió la espita de un separatismo obsesivo con una reforma del Estatuto de Cataluña que nunca debió salir del Parlament. Eso le ha costado la vida política al PSC. Frente a los abusos del separatismo, ya no caben la indolencia ni la permisividad institucional, y es digno de elogio que el nuevo PSOE de Sánchez apoye a conciencia las medidas que deberá adoptar el Gobierno para frenar en seco al independentismo. Lo que está por venir es una agresión al Estado de Derecho. No es política.