El Correo 29/11/12
Carlos de Urquijo Valdivielso, Delegado del Gobierno en el País Vasco
El Gobierno vasco ha decidido finalmente abonar a sus 67.000 funcionarios los 207 millones de euros de la paga extra de Navidad. Una paga que el real decreto-ley 20/2012 en su artículo 2.1 señala de manera expresa que no puede pagarse. Un artículo que conforme a la disposición final cuarta tiene carácter básico y en consecuencia es de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas de España. Esta decisión no es fruto de un capricho sino de las obligaciones impuestas a España por la Unión Europea para alcanzar unos límites de déficit razonables que permitan que nuestra economía vuelva a crecer y se pueda crear empleo. Este desafío del Gobierno en funciones de Patxi López no quedará sin respuesta del Gobierno de la nación, un Estado de derecho no puede permitir que se vulnere la ley impunemente y menos aún que quien esto pretenda sea una administración pública, dando de paso un pésimo ejemplo a los ciudadanos. No quiero recurrir al discurso fácil, aunque real, sobre las decisiones adoptadas por gobiernos anteriores que nos ha conducido a esta crisis sin precedentes ni a los recortes efectuados para tratar de atajarla sin ningún resultado. Me quiero referir a los esfuerzos que estamos realizando el conjunto de los españoles de la mano de un Gobierno que se ha visto obligado a incumplir su programa electoral para plantear una panoplia de reformas estructurales que desgraciadamente llevan aparejados sacrificios enormes para salir todos adelante con el mínimo daño posible. Pues bien, mientras el Gobierno de España se esfuerza en cumplir el calendario de reformas pensando en el bien común, nos encontramos lamentablemente con gobiernos autonómicos y locales que, burlando la ley cuando no incumpliéndola flagrantemente, deciden practicar el más burdo populismo pensando únicamente en su propio interés electoral.
En tiempos de bonanza es sencillo gobernar, pero cuando se tiene que dar la talla es cuando vienen mal dadas. Es en estos momentos cuando la sociedad demanda políticos que no engañen a los ciudadanos y que, sobre todo, sean capaces de inmolarse, si es necesario, pensando en el bien común. Precisamente gran parte del descrédito que arrastra la política y quienes a ella nos dedicamos, son consecuencia de actitudes nada ejemplares en las que se ha pensado más en el rédito personal o de partido que en arreglar los problemas de todos.
El bien común en un momento de crisis brutal en el que muchas personas ni siquiera tienen un sueldo por carecer de empleo, no pasa por poder disfrutar de una paga extra en Navidad. El bien común supone comprometernos todos para que España pueda ser de nuevo lo que ha sido en los últimos años, un país próspero, un país en el que el empleo, la educación, la sanidad, la asistencia social, nos convierta de nuevo en un lugar de acogida y no en uno de emigrantes.
Pero esto supone hacer sacrificios y hacerlos todos sin ‘asimetrías’. Por eso no son de recibo comportamientos demagógicos que buscan contentar a la propia parroquia con el fin de asegurar un puñado de votos en las siguientes elecciones. ¡Qué fácil ser dadivoso cuando no toca rascarse el bolsillo propio! España está sobrada de políticos que jueguen al corto plazo, lo que necesitamos son dirigentes honestos que sepan trazar el rumbo adecuado y que no se aparten del mismo, por muchas dificultades que aparezcan por el camino, hasta llevarnos al puerto deseado.
Todos a los que se nos ha confiado alguna responsabilidad pública en este momento crucial para el futuro de España tenemos un grave deber. Recuperar la confianza en nuestro país, en su capacidad para salir adelante y la obligación de hacerlo consiguiendo que todos arrimemos el hombro sin excepción. Si cada rincón de España, de manera miope e insolidaria, empieza a tirar de las costuras no solo no quedará ni rastro de lo que fuimos sino que será imposible recuperar la España de éxito que entre todos hemos construido en los últimos treinta años.