El acontecimiento no tenía precedente. Septiembre de 1998. Más de 7.000 socialistas, con la plana mayor del PSOE y su secretario general a la cabeza —entonces, Joaquín Almunia—, acompañado, entre otros, por Felipe González, Alfonso Guerra, Josep Borrell, José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y ¡Manuel Chaves!, se concentraron en las puertas de la cárcel de Guadalajara en la que iban a ingresar el exministro del Interior José Barrionuevo y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. 

El 29 de julio anterior, el Tribunal Supremo, Sala Segunda, les había condenado —con otros— a la pena de 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey. No fue una sentencia unánime. De los 11 magistrados que enjuiciaron el caso, siete los condenaron y cuatro discreparon emitiendo votos particulares. Los socialistas de entonces se aferraron a las tesis de los magistrados que propugnaban la absolución para armar un discurso según el cual Barrionuevo y Vera eran inocentes. Precisamente, ese grito —¡inocentes, inocentes!— fue el que más se prodigó en la concentración, a la que dirigió unas sentidas palabras Joaquín Almunia. Poco tiempo después, el Gobierno que presidía José María Aznar indultó parcialmente a los condenados.

Lo llamativo —y seguramente, nada estético— consistió en que todo el PSOE se volcó con exceso en la defensa de dos de sus afiliados condenados por un delito grave que llegó a ratificar con el tiempo hasta el mismo Tribunal Constitucional. Felipe González había perdido las elecciones en 1996 y aunque el liderazgo de la organización la compartían entonces Joaquín Almunia y Josep Borrell —el candidato preferido para las elecciones de 2000, en las que no compareció—, no faltaron personalidades que fueron relevantes, pero que ya no lo eran. Los militantes y cuadros del PSOE tenían entonces una fuerte pulsión de pertenencia, una solidaridad intrapartidista muy sólida y un sentido de la solidaridad entre compañeros que permitía discrepar —pese al liderazgo indiscutible de Felipe González— y al mismo tiempo aunar fuerzas cuando las dificultades ponían a prueba la resistencia de la organización. Aquel era otro PSOE. 

En los pasados tres días, no ha habido ni 7.000, ni 1.000, ni ninguna concentración de socialistas para acompañar en el ingreso en prisión a los condenados por malversación por el caso de los ERE. Han sido encarcelados siete de los ocho condenados por ese delito y José Griñán espera el dictamen del médico forense y las alegaciones de acusación y defensa para entrar en prisión o eludirla a propósito de una enfermedad oncológica que podría aconsejar, o no, que fuese tratado fuera de un centro penitenciario. Como en el caso de Barrionuevo y Vera, también el tribunal de enjuiciamiento de la Sala Segunda del Supremo registró dos votos contrarios a confirmar la resolución de la Audiencia de Sevilla que condenó a los cargos de la Junta de Andalucía por malversación de fondos públicos. Sin embargo, ni en estos últimos días ni en estas últimas horas se ha escuchado en el PSOE ni un lamento, ni un recuerdo, ni una solidaridad con los encarcelados.

Han sido, de nuevo, los históricos del PSOE —González, Guerra, muchos de sus ministros y personalidades de la izquierda, así como de distintos ámbitos sociales, hasta más de 4.000— los que han respaldado el indulto para José Griñán atendiendo a su edad —76 años— y a su trayectoria política y personal, y al hecho de que él no se lucró personalmente. Como ocurriera en 1998, estos socialistas de largo aliento en el partido y académicos en su órbita se han aferrado a los votos particulares de dos magistradas del Supremo para armar la narrativa de la inocencia de los condenados. 

«El PSOE que ampara a los líderes del proceso soberanista no tiene una palabra humanitaria para sus compañeros encarcelados en Andalucía» 

Se da, sin embargo, la circunstancia de que la actual ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, seguramente la titular del departamento con más poder en el Consejo de Ministros y la segunda autoridad orgánica del partido, fue consejera en la Junta de Andalucía de 2004 a 2018 bajo las presidencias sucesivas de Manuel Chaves, de José Griñán y de Susana Díaz. No se ha pronunciado ni como ministra ni como vicesecretaria del PSOE. Y no parece que sea exclusivamente por respeto a las decisiones judiciales, sino, sobre todo, por un distanciamiento estratégico de un grupo de dirigentes socialistas andaluces a los que el PSOE quiere remitir al olvido, mucho más después de las elecciones del 19 de junio del año pasado, en las que los socialistas naufragaron bajo la dirección del exalcalde de Sevilla Juan Espadas, que tampoco ha tenido una palabra hacia sus compañeros. Ni buena ni mala. Nada. El PSOE andaluz no ha mostrado ni un gesto de solidaridad. 

Ciertamente, la severidad con los funcionarios y autoridades que perpetren delitos de corrupción es obligada. Pero esa severidad es compatible con la humanidad, por una parte, y, desde luego, por otra, con el principio de igualdad. Porque, a fin de cuentas, malversación por malversación, la de Oriol Junqueras lo es como un castillo, según la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019. De la pena de prisión le ha librado el Gobierno mediante un indulto parcial —solicitado por la familia de Griñán y aún por resolver— y ha rematado la impunidad del presidente de ERC y de otros dirigentes separatistas con la extinción de su responsabilidad criminal por el delito de sedición eliminado y, posiblemente, con el abaratamiento de la malversación. El mismo PSOE que ampara a los líderes del proceso soberanista no tiene una palabra humanitaria para sus compañeros encarcelados en Andalucía. Y este episodio no requiere de más argumentos ni contraargumentos porque es tan plástico, tan oportunista, tan interesadamente selectivo, que releva de un juicio de valor cívico por su evidencia. En el PSOE de Sánchez, ocurre lo que se ve. Sin trampa ni cartón.