JOSEBA ARREGI, EL CORREO 24/01/14
· Seguimos, me temo, con la idea de que el Estado de Derecho está en la obligación de hacer algo para que ETA se avenga a disolverse. Siempre lo mismo.
La gran ventaja de ETA ha radicado siempre en que quienes han tratado de terminar con ella lo han hecho desde el convencimiento de que era una cuestión de dar con el método y la táctica adecuados, y no desde la idea de que el proyecto de ETA, proyecto político y violencia terrorista, era antidemocrático.
Tengo la impresión de que la equivocación continúa. Algunos medios y responsables políticos repiten la idea de que el Gobierno, sometido a la influencia de lo más conservador de las asociaciones de víctimas y de los sectores más reaccionarios del PP, con ayuda de sectores mediáticos también ultraconservadores, está actuando como si la renuncia de Sortu en sus estatutos al uso de la violencia, el anuncio del cese de los actos de terror por parte de ETA y, en los últimos tiempos, el sometimiento de los presos de ETA a la legalidad para conseguir la aplicación de los beneficios penitenciarios de forma individual, no tuvieran significado alguno. Afirman que todos estos sectores no se alegran de la victoria del Estado de Derecho sobre el terrorismo de ETA y siguen actuando como si esa victoria no se hubiera dado.
La mejor respuesta es volver la mirada a la historia. ETA ha sido derrotada porque se firmó el Pacto por la Libertad y contra el Terrorismo y porque gracias a ese pacto fue posible la ley de partidos políticos que llevó a la ilegalización de Batasuna. La derrota de ETA ha sido posible porque esos hechos hicieron que cayera el mito de la imbatibilidad de ETA, lo que abrió la puerta a que la sociedad vasca, poco a poco, fuera posicionándose en contra de ETA y de su terror. La derrota de ETA ha sido posible porque esos hechos y decisiones, más la actuación de los poderes judicial y policial del Estado de Derecho, llevaron a Batasuna al convencimiento de que, si querían salvar los muebles, o cortaban con ETA o convencían a ETA de que cesara en su terror. La derrota de ETA ha sido posible porque los atajos que algunos se propusieron negociando con ETA se encontraron con la resistencia política, mediática y social-civil en Euskadi y en el conjunto de España, además de la querencia de ETA a tirar de la cuerda hasta que se rompiera.
La derrota de ETA ha sido posible contra quienes muy pronto comenzaron a objetar al pacto antiterrorista y contra quienes estaban en contra de la ley de partidos políticos. La derrota de ETA ha sido posible a pesar de quienes, estando siempre a favor de la negociación política, dieron oxígeno a ETA para continuar. La derrota de ETA ha sido posible a pesar de los que propugnaban la negociación política. La derrota de ETA ha sido posible a pesar de quienes estaban dispuestos a poner en suspenso la vigencia del Estado de Derecho, dispuestos a pagar un precio político por el cese del terrorismo.
Y ahora los que estaban en contra de todo lo que ha hecho posible la derrota de ETA –como los obispos vascos en la famosa pastoral conjunta en la que anunciaban negros nubarrones sobre la sociedad vasca, el paso a la clandestinidad de cientos y miles de jóvenes vascos si se aprobaba la ley de partidos políticos– y en lugar de ello daban de hecho, aunque no intencionadamente, oxígeno a ETA, se apropian de la victoria del Estado de Derecho, critican a los que apoyaron las medidas efectivas para que se produjera la derrota de ETA, y se erigen en los gestores legítimos del momento estableciendo lo que es preciso hacer para, dicen, consolidar la paz, para evitar, dicen, la involución en ETA y en Bildu-Sortu, para abrir un tiempo nuevo de paz y reconciliación, que no es otra cosa que recurrir al método de siempre, dejar de aplicar las leyes, flexibilizar el Estado de Derecho.
¿Habrían llegado los presos a pasar por el aro de asumir que no les queda más remedio que aceptar la normativa legal y penitenciaria para pedir los beneficios individualmente si, como pedían estos gestores del momento tras el cese, se hubiera acercado a los presos a las cárceles de Euskadi y se les hubiera aplicado una justicia transicional y generosa, para así asegurar que ETA se disolviera? Mucho me temo que no. Y aun así están, los presos, lejos de reconocer el daño causado –reconocer que han dañado gravemente la convivencia en libertad con su proyecto político que incluía la violencia terrorista– y siguen legitimando la historia de terror de ETA como necesaria y como el mecanismo que ha permitido que ahora puedan apostar, porque las circunstancias así lo requieren, por las vías sólo políticas, igual que Sortu.
Seguimos, me temo, y bajo la capa de análisis tácticos, con la idea de que el Estado de Derecho está en la obligación de hacer algo –aplicar con flexibilidad la ley, se dice, humanizar la situación– para que ETA se avenga a disolverse. Siempre lo mismo. Y el PNV, que ha criticado todas y cada una de las decisiones que han conducido a la situación que ahora tanto se alaba como histórica y nueva, reprocha al Gobierno central su inmovilismo –atenerse a la legalidad– y sale, de modo excepcional dicen, de la mano de Bildu para consolidar la paz y conseguir la reconciliación, sin perder ni una palabra sobre la libertad que ha estado amenazada durante tantos años y sigue amenazada mientras se legitimen proyectos totalitarios como el de ETA y Sortu, aunque no maten, bajo la falsa idea de que sin violencia todas las opciones políticas son igualmente legítimas.
Claro que esta posición del PNV tiene método: contar con Bildu para que, en aras de la inclusividad que tanto han alabado en su plan de paz los intelectuales y profesionales estadounidenses, la balanza se incline, en el debate sobre el nuevo estatus, hacia la superación del Estatuto, del pacto interno actual que constituye a la sociedad vasca como comunidad política, lo que busca el PNV y han combatido siempre ETA y Sortu, pero bajo el manto de la necesidad de incluir a Sortu por mor de la reconciliación, aunque muchos nos tengamos que ver excluidos de ese nuevo estatus.
JOSEBA ARREGI, EL CORREO 24/01/14