El foco de la polémica ha pasado de los indultos al Tribunal de Cuentas sin saltarse la casilla del independentismo catalán.

Los abogados de Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros (39 exactamente), recibirán hoy en mano y en la sede del órgano fiscalizador un requerimiento que fotografía el abuso de poder perpetrado por los secesionistas durante años y del que el 1-O fue simplemente el colofón.

Tal y como informamos hoy en EL ESPAÑOL, los 39 tendrán que depositar en los próximos 15 días una cantidad que puede elevarse hasta los diez millones de euros para responder por el dinero que gastaron entre embajadas y acciones para promocionar en el extranjero, con el dinero de todos, el procés y sus intereses partidistas.

Era esperable que el independentismo, envalentonado tras el indulto de sus nueve presos, se revolviera ante las citaciones. Oriol Junqueras, con el peso de la cruz a cuestas, ha lamentado que el tribunal pretende embargar «la casa de sus hijos» con el argumento de que «ninguna democracia del mundo se tendría que permitir el lujo de represaliar a los hijos de nadie».

El presidente Pere Aragonès, que se reúne hoy mismo con Pedro Sánchez, ha criticado una institución supuestamente “politizada”, controlada por “personas próximas al PP” y volcada en la “represión”. Y ha denunciado, sin ahondar en la cuestión, que la devolución del dinero malversado “amenaza con la ruina económica y la muerte civil de decenas de personas”. En referencia a los 39, y no a los ciudadanos que financiaron el desfalco.

Si bien la respuesta del independentismo responde a un guion sin giros argumentales, sorprende que el Gobierno central salga en defensa de los malversadores y que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, llegue a cuestionar al organismo por poner “piedras” en un camino que requiere ser “desempedrado”.

Piedras en los bolsillos

Las palabras de Ábalos son profundamente desacertadas. Por proceder de un portavoz del Gobierno y porque dibujan un escenario que nos obliga a plantear varias preguntas.

¿Sugiere la Moncloa que el tribunal debería mirar a otro lado y guardarse las piedras en los bolsillos para no entorpecer una misión conciliadora que sólo respeta una de las partes?

¿Pide la Moncloa carta blanca judicial para el independentismo, al que exculpa de la crispación en Cataluña, y exclusividad para delinquir sin necesidad de responder ante la Justicia?

¿Traslada el perverso mensaje, en definitiva, de que el indulto no tiene por qué ser una excepción, sino la norma, siempre que se comprometan a no declarar la independencia unilateral de nuevo?

Aragonès, sin ir más lejos, ha recogido el guante tendido por Ábalos y recordado que el Gobierno dispone de “mecanismos claros” para que el Tribunal de Cuentas rectifique. Esto es, para que los 39 no devuelvan el dinero público destinado ilegalmente a causas particulares.

Por ejemplo, a la compra de la voluntad de un lobby estadounidense cercano al expresidente Jimmy Carter o al pago de los viajes internacionales de algunos dirigentes para recabar apoyos.

Independencia para investigar

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, hace bien al criticar a Irene Montero, abiertamente partidaria de que el Tribunal de Cuentas «deje de investigar». También al denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se implique en un asunto que va más allá de sus dominios.

«¿Pero esto qué es?» ha clamado el líder conservador. «¿Venezuela? ¿Nicaragua? ¿Cuba?». Y ha añadido, con un punto de oportunismo político, la necesidad de renovar el organismo para reforzar su «independencia» y no dejarlo a merced del Gobierno actual.

Es difícilmente justificable que el Gobierno se sume a la presión ejercida por el separatismo sobre los miembros del órgano fiscalizador y que, entre dos opciones, escoja la del bando malversador. Tan difícilmente justificable como sugerir que el pleno ejercicio de la justicia llena de piedras el camino de la concordia.

El Gobierno no tiene otra opción que respaldar las investigaciones contra quienes alimentaron la división y la discordia a cobro revertido de los contribuyentes españoles. De los indultos al premio a los líderes del procés, pues premio sería permitirles no devolver el dinero malversado, hay un trecho. Y el Gobierno debería comprender la diferencia entre ambos.