Ignacio Camacho-ABC

• La exclusión del castellano continuará bajo una trama de complicidades tejida por el nacionalismo en décadas de chantaje

Ni están dispuestos a cumplir la sentencia ni el Gobierno les va a obligar a hacerlo. Así de simple. Los nacionalistas catalanes saben desde hace tres décadas que el proceso de inmersión lingüística es ilegal en la medida que no cumple los porcentajes mínimos de castellano establecidos por los tribunales. Les da igual. Siempre han seguido adelante, parapetados en la pasividad de la Administración central y en la trama de complicidades políticas que han ido creando en años y años de chantaje. Cuando no tenían más remedio que ceder ante el éxito judicial de las reclamaciones individuales se limitaban a atender, de mala gana y a menudo con subterfugios, la petición particular de cada demandante y sólo durante el tiempo que duraban sus itinerarios escolares. Luego volvían a la «normalidad», es decir, a la exclusión del español en las clases. Y así piensan continuar aunque el veredicto del TSJC rija en términos generales, porque están convencidos de que no hay nadie capaz de estorbarles y de que la actual correlación de fuerzas de poder está de su parte.

Tienen la sartén por el mango. Y la seguridad de que este Ejecutivo, que les ha regalado la supresión de la vehicularidad del castellano, no reactivará la desmantelada Alta Inspección del Estado ni tomará ninguna otra medida que contradiga o revoque su designio arbitrario. Para ellos, la inmersión educativa en catalán no constituye una mera herramienta de trabajo docente ni un prurito de orgullo idiomático: es la base del programa de construcción nacional, el mecanismo esencial del proyecto identitario. Un modelo innegociable, definitivo, axiomático, un casus belli para cualquiera que intente cuestionarlo. Que no será, desde luego, el presidente que ha elegido al separatismo como principal socio parlamentario. Si lograron que González, Aznar, Zapatero y Rajoy accediesen a mantener un statu quo de hechos consumados, mucho más fácil les va a resultar que Sánchez les coma en la mano.

Esta sentencia es sin duda una victoria histórica del constitucionalismo en la medida en que viene a reconocer y reponer un derecho arrinconado por una situación «contraria a ordenamiento». Pero el optimismo es precipitado y un poco ilusorio; si algo ha demostrado el nacionalismo es su terco celo en el rechazo de cualquier norma o precepto incompatible con su empeño. Ahora tiene además la «ley Celaá» como pretexto para una ristra interminable de recursos de bloqueo, y sobre todo cuenta con la disposición favorable del Gobierno. La asfixiante hegemonía social del régimen se encargará del resto. Primero con remoloneo, luego mediante la obstrucción y si es menester con la desobediencia, la derrota jurídica irá quedando en la práctica sin efecto. El objetivo final, el paradigma estratégico, no es reducir el idioma común a un plano «residual» sino erradicarlo por completo. De la sociedad, no sólo del colegio.