EL PAÍS 31/03/15
FÉLIX OVEJERO
· Resulta inquietante que no se hayan abordado los problemas institucionales que la llegada de Podemos ha sacado a la luz. No ha habido un debate serio sobre la renta básica ni tampoco sobre la crítica a la democracia
La irrupción de Podemos se ha asociado a una renovación política. En tanto remueve el gallinero, esa opinión resulta trivialmente verdadera. Otra cosa es que Podemos haya puesto en circulación propuestas institucionales que ofrezcan nuevos cauces a los ideales de la izquierda. En poco tiempo se ha desdicho de partes fundamentales de su programa, ha sostenido una cosa y la contraria y hasta ha invocado argumentos reaccionarios para defender privilegios como los fueros, “derechos históricos que Navarra debe conservar”. Incluso, cuando les dio por oxigenarse, optaron antes por la decoración que por la sustancia, como mostró el viaje de Iglesias a Nueva York para recabar “aportaciones y discutir”, tan parecido a las reuniones relámpago de Zapatero con académicos (Stigliz, Lakoff, etcétera), sin apenas tiempo para probar el jamón y hacerse la foto. Como si no existiera Internet.
· Pero si ha habido algo más clásico —por no decir, rancio— que Podemos, son ciertas reacciones contra Podemos. Parecían un calco de la estrategia tertuliana de Podemos, como sucede con las acusaciones de extender un supuesto “modelo bolivariano” (¿sin petróleo ni polarización social?) o de corrupción, un totum revolutum en el que todo se confundía, lo menudo y lo serio.
Seguramente, las reacciones desproporcionadas son un tributo a los desquiciados cauces mediáticos de la política. Nada irreparable si aplicamos al vocerío la debida tasa de descuento. Más inquietante me parece la incapacidad de acusar recibo de los problemas institucionales que la aparición de Podemos ilustra. Las justificadas dudas acerca de su lucidez para abordarlos no pueden conducirnos a ignorar su realidad.
Nada de eso ha sucedido. Se observó al valorar la renta básica, una propuesta con respetabilidad académica y que, desde luego, no queda despachada con objeciones a bote pronto —las hay atendibles— como que invita a gandulear. El debate se zanjó sin debatir, con la misma frivolidad con la que comenzó, entre otras razones porque, cubierta la campaña europea, Podemos, los primeros frívolos, se olvidaron de la idea y hasta levantaron doctrina de su frivolidad: “A las europeas no vas con un programa para gobernar”, precisó Errejón.
La tasación de la renta básica no es sencilla. Lo debido ante las ideas nuevas es evitar tanto el de qué se habla que me apunto como el de qué se habla que me opongo, aunque solo sea por lecciones aprendidas en la historia de nuestras democracias. También el sufragio universal o el voto de las mujeres fueron recibidos con sarcasmos catetos y descalificaciones urgentes. Y algo parecido sucedió con sensatas propuestas de reforma del sistema financiero (como el plan Chicago en los años treinta) que, a pesar de sus avales científicos, se ignoraron y así nos va. Por supuesto, ello no nos obliga a experimentar a ciegas, pero sí a atender a esos experimentos sin sangre que son los modelos teóricos de los investigadores.
Todavía me parece peor la autocomplacencia con la que se recibe cualquier crítica a las instituciones democráticas. Las dudas acerca de la solvencia de muchas propuestas, poco elaboradas y, en muchos casos, completamente despreocupadas de los estudios serios, no pueden llevarnos a ignorar lo que conocemos acerca de su mal funcionamiento. Un mal funcionamiento que no se conjura con descalificaciones de la (imposible) democracia directa ni citando por enésima vez a Churchill a cuenta del menos malo de los sistemas. Cerrazón que se convierte en obscena cuando, al explicar las patologías, se acude al argumento costumbrista, tabernario y tan del gusto de todos los nacionalismos: “Los españoles somos así, un pueblo de cabreros”.
Para defender la democracia es mejor no fantasear. Su legitimidad de origen resulta complicada. Que la democracia expresa la “voluntad popular” o el autogobierno es una metáfora inexacta. Como mostró Bernard Manin en Los principios del Gobierno representativo, prácticamente todos los clásicos compartían, con Montesquieu, la convicción de que “el sufragio por sorteo está en la índole de la democracia; el sufragio por elección es el de la aristocracia… (unas cuantas personas) hacen las leyes y las hacen ejecutar”. Las críticas radicales resultan plenamente pertinentes. Los ciudadanos no deciden las leyes que les gobiernan sino que eligen a quienes deciden las leyes.
Si acaso, la legitimidad de las democracias sería de resultados. Si no para autogobernarnos, servirían para identificar problemas y encarar su solución o, en otras versiones, seleccionar a los mejores y penalizar a los malos.
Pero no parece. Resulta apabullante la evidencia de que ninguna de esas tareas se cumple. Se interpreten como se interpreten, populismos y Gobiernos tecnocráticos en Europa ejemplifican el desajuste entre soluciones “debidas” y resultados electorales. Hemos asumido que los problemas importantes (pensiones, políticas monetarias), si se quieren abordar correctamente, se deben excluir de la competencia electoral. Las burbujas financieras nos han confirmado que quien quiere ganar elecciones debe escamotear los problemas: las malas noticias no rinden. La corrupción, en todas partes, no recibe penalizaciones electorales significativas y, en la vecindad, donde se traman las redes clientelares, hasta se premia. Todo ello se resume en algo que ha mostrado convincentemente la economía de la información aplicada a la política: cuando unos (votantes) no pueden evaluar lo que otros (políticos) conocen, el mercado expulsa a los mejores.
· Hemos asumido que las cuestiones importantes se deben excluir de la competencia electoral
Cuando los distintos partidos regeneracionistas critican a unas clases políticas (castas, amiguetes) que, a su parecer, habrían secuestrado la política, merodean un diagnóstico para estas patologías. Otra cosa es la calidad de algunas recomendaciones, como la que reclama “más política”, sea en la versión “mayor participación directa” de los ciudadanos, sea en la de “mayor presencia de los partidos en las instancias de decisión”.
La participación, sin más, no mejora las decisiones. Al contrario, desprovista de cauces y diseños institucionales, que, por definición, no proporciona la participación, amplifica errores y sesgos cognitivos; acalla discrepancias y veta la voz de los menos estridentes (de las mujeres, en primer lugar); alienta la simplificación y refuerza las propuestas tempranas (incluidos los optimismos irracionales); desprecia información relevante pero incómoda mientras que sobredimensiona y exagera aquella favorable a las ideas compartidas. Sobre todo ello hay investigaciones.
Por su parte, la equiparación entre democracia y competencia entre partidos, además de incorrecta históricamente, descuida qué parte de los problemas deriva de la omnipresencia de los partidos: tramas clientelares, sectarismo institucional, selección adversa de políticos, miopía ante los retos, encanallamiento de la vida civil. La búsqueda de rentas para los nuestros impiden la deliberación, el afán de imparcialidad institucional, la disposición para el debate, la mirada desprejuiciada y el reconocimiento de la complejidad de los desafíos.
Con frecuencia, las consideraciones anteriores preceden a una defensa “de los profesionales”, en la justicia o en la gestión política, que acaba esterilizando a la democracia y, por diversos mecanismos, entregando el poder —esta vez sí— a genuinas castas sociales. Afortunadamente, admitir los problemas no exige la resignación, al menos no sin antes explorar soluciones. Que existen. En un reciente libro (Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter), Cass Sunstein, después de inventariar dificultades de la participación, aborda diseños institucionales para encararlos, sin excluir sistemas de incentivos. Otras reflexiones (Van Reybrouck, Contre les élections) buscan en una combinación de profesionalización, limitación de mandatos y elección por sorteo una vía para abordar patologías derivadas del monopolio partidista de la vida pública: los cargos electos legislarían, pero, a partir de ahí, la gestión y la ejecución se asignaría por sorteo entre expertos previamente evaluados, en ciclos independientes de las elecciones.
Que los aires de renovación, con frecuencia, nos retrotraigan a la Platajunta no hace bueno un discurso, también nostálgico, que no contempla otro horizonte que los Pactos de la Moncloa. Arqueologías. Estamos como resumía la popular sentencia de Benedetti: “Cuando creíamos que teníamos las respuestas, de pronto, cambiaron las preguntas”. Tiempo de modestia y perplejidad.