EDITORIAL EL MUNDO – 04/10/15
· Una de las muchas preocupaciones de las víctimas de ETA es que el final del terrorismo vaya acompañado de un relato veraz sobre las últimas décadas de dolor y sangre. Y frente a los intentos de la izquierda abertzale de blanquear la actividad etarra, resulta especialmente encomiable el esfuerzo de los colectivos de víctimas por recordar que ETA aún existe y por tratar de que no queden impunes muchos de los crímenes de su historial.
En ese sentido, hoy adelantamos que la Audiencia Nacional está investigando flecos pendientes en el execrable asesinato de quien fuera dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez, causa que estaba a punto de prescribir. Tras la demanda de sus familiares, en especial de su hermana Consuelo Ordóñez, y del colectivo Covite, la Justicia recabó nuevos datos y la Guardia Civil ya ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que se aportan indicios y pruebas que señalan a cinco antiguos dirigentes de ETA como los presuntos autores intelectuales del atentado. Entre ellos destaca Mikel Albisu –Mikel Antza–, quien fuera jefe del aparato político de la banda entre 1992 y octubre de 2004, cuando fue detenido, periodo durante el que fue el inductor directo de más de un centenar de asesinatos. La salida de prisión de Antza, que cumple condena en Francia por pertenencia a banda armada pero que nunca pudo ser juzgado por delito de sangre, estaba prevista para principios de 2016. Ahora su caso puede dar un giro.
De entrada, no cabe sino felicitarse por la actuación judicial y de la Guardia Civil. Y aunque ni en una materia tan delicada como el terrorismo caben juicios ad hoc y es muy complejo establecer la conexión entre la autoría intelectual y material de un crimen cuando ambas no coinciden, si hay indicios sólidos de que Antza alentó, planificó u ordenó el atentado contra Ordóñez, debe pagar por ello. Y es de esperar la solicitud de extradición para sentarlo en el banquillo y la colaboración de la Justicia francesa.
Como siempre hemos reclamado, el fin de ETA no puede ir asociado ni a la impunidad ni al relajamiento en la lucha contra todos y cada uno de sus miembros. Y es cierto que esta legislatura, después de los titubeos iniciales en materia penitenciaria del Gobierno, va a acabar sin ese diálogo que algunos reclaman entre el Estado y una banda asesina que se niega a entregar sus arsenales y disolverse definitivamente. Al contrario. La reciente detención en el país vecino de los principales cabecillas del aparato político etarra, que llevó al ministro del Interior a hablar del «acta de defunción» de la banda, fue otro éxito policial que confirmaba el hostigamiento permanente a la estructura etarra, claramente en descomposición. Por ello, que el frente judicial también vaya en la misma línea, como demuestra el caso que nos ocupa, es un gran triunfo del Estado de Derecho.
Pese a las dos décadas transcurridas, todavía está absolutamente fresco el recuerdo de Gregorio Ordóñez, asesinado por el comando Donosti a los 36 años siendo concejal del Ayuntamiento de San Sebastián y diputado autonómico. Su muerte produjo un enorme impacto social por muchos motivos, entre ellos el gran simbolismo político que atesoraba en un País Vasco donde todavía humeaban los años de plomo y en los que aún costaba agitar las conciencias ciudadanas para que se implicaran en la total deslegitimación de la violencia. En un escenario especialmente duro para una formación como el PP, Ordóñez irrumpió con valentía al frente del partido. Su enfrentamiento directo contra los verdugos, su actitud vital y su rechazo activo a ceder el monopolio de la calle a los proetarras le colocaron en la diana de la banda que, con su asesinato, trataba de mandar el aviso a navegantes de que en su reino del terror no había lugar para la oposición.
Antza era entonces el líder ideológico de ETA, una banda que siempre se ha caracterizado por la férrea disciplina de sus miembros en el seguimiento de las estrategias diseñadas por sus sucesivas cúpulas. Desde su entrada en prisión, ha sido considerado el duro que controla al colectivo de más de 90 etarras que cumplen condena en cárceles galas. De hecho, las autoridades le señalan como la pieza que ha impedido cualquier ranura en este frente y el camino hacia la reinserción de muchos de sus integrantes. Hoy está un paso más cerca de sentarse en el banquillo español tanto por el caso Ordóñez como por la investigación de la Audiencia Nacional a las direcciones etarras desde octubre de 2004 por delito de lesa humanidad. Y, de este modo, sus víctimas pueden mantener su esperanza en que haya dignidad y justicia.
EDITORIAL EL MUNDO – 04/10/15