Considera que la decisión del TC es «imperdonable» y recuerda que ETA «no ha pedido perdón» por sus 800 asesinatos. La hermana del edil asesinado reclama una reforma urgente del Constitucional.
La viuda de Gregorio Ordóñez , Ana Iríbar, criticó ayer duramente que el Tribunal Constitucional (TC) haya adoptado la «imperdonable» decisión de permitir a Bildu presentarse a las próximas elecciones mientras su marido, candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, no podrá concurrir más a unos comicios. Así lo aseguró Iríbar en una rueda de prensa celebrada tras la sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el etarra Juan Ramón Karasatorre por su presunta participación en el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. El fiscal pide para el acusado una pena de 30 años de prisión.
Al mismo tiempo que mostraba la papeleta electoral en la que su marido aparecía como ‘número uno’ del PP en la capital donostiarra, Iribar proclamó: «Esta lista ya no podrá repetirse. Que Gregorio Ordóñez no pudiera concurrir a esas elecciones municipales fue decisión de ETA».
A juicio de la viuda del que fuera teniente de alcalde de San Sebastián, la legalización de Bildu retrotrae a la democracia «al principio de los tiempos» y convierte en «estériles» años de lucha contra el aparato político de la organización terrorista. «Para satisfacción de ETA, que mataba a sus adversario políticos, ETA ocupará los ayuntamientos y lo hará por la puerta grande, con el aval del Tribunal Constitucional y con el aplauso de algunos que se llaman demócratas», lamentó.
Recordó que la organización terrorista no ha asumido su culpa, ni ha perdido perdón por los más de 800 asesinatos de su historia y, sin embargo, su «proyecto político» podrá concurrir legalmente a las elecciones. «No sé a santo de qué tanta alegría», criticó Iribar, que señaló que el pacto antiterrorista firmado entre PP y PSOE, ha quedado escondido «en el cajón de la mala conciencia de algunos».
Penas íntegras
La viuda de Ordóñez expresó su deseo de que los tres etarras implicados en el asesinato cumplan íntegramente sus penas, aunque criticó que Valentín Lasarte haya sido trasladado a una cárcel del País Vasco «como medida de gracia» después de que haya sido expulsado del colectivo de presos etarras. «La ley sin justicia no vale», advirtió.
Por su parte, Consuelo Ordóñez, hermana del político asesinado por ETA en 1995, reclamó una reforma urgente del Tribunal Constitucional para que se convierta en un órgano de jueces profesionales. «Es una vergüenza», aseguró Ordóñez, que irónicamente se ha ofrecido a ocupar una plaza de magistrado del TC, toda vez que cuenta con la carrera de Derecho.
También declaró en la vista la expresidenta del PP en el País Vasco María San Gil, quien se encontraba ese mediodía del 23 de enero de 1995 junto a Ordóñez y en compañía de otras dos personas, almorzando en el restaurante La Cepa de la Parte Vieja donostiarra. La entonces secretaria personal de Ordóñez reconoció ante el tribunal no ser «capaz» de acordarse «de la cara de la persona que empuñaba el arma». «Vi la mano, vi la pistola y seguro tuve que ver la cara» porque «instintivamente lo lógico si ves una pistola es mirar para arriba», dijo antes de insistir, a preguntas del fiscal, Daniel Campos, que no podía reconocer al asesino material. Explicó que ella salió corriendo tras el asesino, que incluso cayó al suelo, hasta que se dio cuenta de que esa persecución no era «muy prudente».
Durante la vista oral también fueron testigos el exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’ y Valentín Lasarte Oliden, ambos ya condenados. El primero se limitó a confirmar su militancia en ETA y que conocía a Lasarte y Karasatorre, y el segundo reconoció haber participado en seguimientos y vigilancias para matar al edil del PP.
Por su parte, el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, que acudió al juicio, mostró sus dudas de que este «tipo de gente» tenga alguna posibilidad de reinsertarse en una sociedad democrática.
EL DIARIO VASCO, 19/5/2011